El Salvador
La
evaluación de la gestión económica de un gobierno es una tarea
compleja. No por las cifras, hechos y/o relaciones multicausales que
esta tarea implica, sino sobre todo, por la posición desde la cual se
realiza esta tarea.
No es lo mismo analizar el desempeño de un
gobierno desde el gobierno que analizar esa misma gestión desde la
oposición política. Imaginemos por un momento cuál sería hoy la
interpretación que los economistas orgánicos del partido FMLN, harían
sobre la tasa promedio de crecimiento de PIB en el quinquenio
2009-2013, sí el triunfador de las elecciones presidenciales de 2009
hubiese sido el partido ARENA y no el FMLN, y sí estos mismos
intelectuales tuvieran que analizar esta tasa de crecimiento desde la
oposición política y no desde su colaboración con el gobierno.
¿Continuarían insistiendo que la principal responsabilidad de esa tasa
de crecimiento promedio del 0.8% debe atribuirse a la recesión
económica mundial, y que en este contexto, esa tasa de crecimiento
debería considerarse más bien un éxito? ¿O estos economistas tenderían
a restar importancia a los factores internacionales y a centrar su
análisis en las restricciones estructurales al crecimiento y a los
desequilibrios macroeconómicos de la economía salvadoreña, que no
fueron removidas durante la gestión económica evaluada?
Seguramente
les pasaría algo similar a lo que les ocurre a los intelectuales
orgánicos del partido ARENA que se expresan a través de FUSADES. Estos
economistas en su evaluación económica de la presidencia Funes, ponen
ahora su énfasis en aspectos económicos y sociales estructurales, como
el sub empleo, la pobreza multidimensional y la brecha comercial, que
fueron olvidados en sus análisis de las cuatro gestiones presidenciales
del partido ARENA.
Tampoco da lo mismo evaluar el desempeño de
las políticas económicas gubernamentales desde los intereses de la
clase dominante, que evaluar ese desempeño desde los intereses de la
clase dominada. Menos aún se puede pretender que este análisis
económico será el mismo sí se realiza desde una perspectiva feminista o
desde una postura que no tome en cuenta las asimetrías en el
funcionamiento de la economía entre hombres y mujeres.
Por todo
lo anterior, es una ingenuidad clasificar los análisis económicos de
una gestión gubernamental en términos binarios: correctos o
equivocados; objetivos o subjetivos; profundos o superficiales. Esto
debido a que es inevitable que tenderemos a considerar correctos,
objetivos y/o profundos, a aquellos análisis que correspondan a
nuestros intereses de clase, género o de partido, y en cambio,
tenderemos a considerar como equivocados, subjetivos y/o superficiales,
a los que estén en contra o que no correspondan a nuestros intereses de
clase, género o de partido.
Establecido lo anterior, a lo que sí
podemos aspirar es a elaborar un análisis crítico de la estrategia
económica de un gobierno. Entendiendo por análisis crítico una postura
de inconformidad con la realidad económica actual y de búsqueda de
soluciones alternativas y estructurales a los problemas que produce
esta realidad económica.
Un análisis de este tipo debe
realizarse a partir de tesis, que deben ser sometidas a la crítica
intensa, al debate argumentativo, y sobre todo, a la confrontación con
los hechos y cifras que refuten o refuercen dichas tesis.
En
este artículo, y desde una postura definida (marxista,
anti-capitalista, feminista, anti-imperialista, no gubernamental y no
partidaria), se esbozan algunas tesis que podrían contribuir a un
debate crítico sobre la gestión económica gubernamental en el período
2009-2014.
Tesis Nº 1: La gestión económica de la administración
Funes se convirtió desde el inicio hasta el final, en una pieza
importante de la estrategia del imperialismo estadounidense por detener
el declive de su hegemonía en América Latina y el Caribe.
El
Presidente Funes realizó a lo largo de todo su mandato los mayores
esfuerzos por ser recocido por el gobierno de Estados Unidos como un
aliado confiable y por formar parte de la revitalización de la
estrategia de control político, económico y territorial de Estados
Unidos en Mesoamérica. La búsqueda compulsiva de este reconocimiento
llevó al gobierno de Funes a asumir posturas que lo distanciaron de los
gobiernos progresistas y anti-imperialistas de sur América y el Caribe
y lo acercaron a gobiernos conservadores y pro-imperialistas.
En
lo económico, esto implicó la decisión del gobierno de no realizar
ninguna revisión a las condición de comercio e inversión impuestas por
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos(TLC); la decisión de
incorporar a El Salvador como observador de la Alianza para el Pacífico
y mantener alejado al país del ALBA y de Petrocaribe; las gestiones
para la firma del Asocio para el Crecimiento con Estados Unidos, y su
absoluta disponibilidad para aceptar la creciente condicionalidad del
gobierno de ese país para conceder una donación de $277 millones de la
Cuenta Reto del Milenio (MCC), incluyendo la formación de una Comisión
Nacional por el Crecimiento integrada por los miembros más destacados
de la oligarquía neoliberal salvadoreña y principales financiadores del
partido ARENA.
Tesis Nº 2: La gestión económica 2009
– 2014 se vio obligada inicialmente a proseguir con la inercia
neoliberal heredada por los veinte años de gobiernos del partido ARENA,
pero terminó por asimilarla e incorporarla a su discurso de cambios.
Por
inercia neoliberal se entiende la trayectoria de políticas y de
reformas económicas inspiradas en el llamado Consenso Neoliberal
(privatización, concesiones de bienes y servicios públicas, acuerdos de
libre comercio e inversión, fortalecimiento de derechos de propiedad,
etc.) que tienen como objetivo principal crear condiciones favorables
para que las empresas capitalistas nacionales y extranjeras puedan
ampliar sus opciones para invertir capital al mismo tiempo que reducen
sus costos y aumentan sus ganancias. Esta trayectoria de políticas
supone entre muchas otras cosas, el despojo de la sociedad de sus
bienes comunes y de sus bienes públicos, la pérdida de capacidad de los
pueblos de controlar las cadenas agro alimentarias así como la pérdida
de la capacidad de los gobiernos de decidir sus propias políticas para
el desarrollo.
En un primer momento, la incorporación del
gobierno de Mauricio Funes a la inercia neoliberal estuvo determinada
por factores coyunturales.
En primer lugar, los efectos
macroeconómicos de la recesión económica mundial de 2008 y la necesidad
de mantener acuerdos de entendimiento con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), condicionaron al gobierno a aceptar el “blindaje”
de las reformas económicas de los 20 años anteriores y abortar
cualquier intento de reversión de estas reformas.
En segundo
lugar, el reclutamiento y la conformación de los equipos técnicos que
dieron soporte al gabinete económico, representaron obstáculos
prácticos para que el gabinete económico dispusiera de capacidades para
interpretar de una manera diferente los problemas económicos y para
pensar en soluciones alternativas a las soluciones propuestas por el
consenso neoliberal. No se podía esperar que las cosas se hicieran de
manera diferente a cómo se hacen en el neoliberalismo, sí se encomendó
esta tarea a personas que piensan en términos neoliberales y/o personas
a las que les es indiferente trabajar para una entidad como FUSADES,
para un gobierno de ARENA o para un gobierno del FMLN.
En el
mediano plazo, y ante la incapacidad de articular en la teoría y en la
práctica un proyecto económico contra hegemónico, el gobierno terminó
por asumir la revisión y la profundización del proyecto neoliberal como
su propio proyecto.
La revisión se llevó adelante mediante la
adopción de políticas económicas sectoriales, y el incremento del gasto
social focalizado a los grupos más vulnerables y más afectados por las
dinámicas económicas impulsadas desde el año 1989.
La
profundización del modelo se logró a su vez por la vía de las reformas
a las leyes de inversión, la ratificación del Acuerdo de Asociación con
la Unión Europea, y la identificación de la Ley de Asocios Público
Privado (APP) como la “madre de todas las reformas” para el crecimiento
y el desarrollo.
Tesis Nº 3: Un importante sector de
economía popular (cooperativas, asociaciones agropecuarias, etc.) logró
incidir en el diseño de políticas sectoriales encaminadas a fortalecer
a sectores económicos populares. Sin embargo, los beneficios
potenciales de estas medidas terminaron siendo neutralizados por la
incapacidad e inexperiencia de funcionarios y funcionarias responsables
de áreas claves de este ámbito de la gestión económica.
La falta
de vinculación orgánica entre el gobierno de Funes y el partido FMLN en
el ámbito del diseño de políticas públicas, fue compensado mediante el
establecimiento de alianzas con sectores de la economía popular y con
organizaciones con base territorial, que tradicionalmente han sido
bases del FMLN o en menor medida de partidos como el PDC y el PCN.
Con
estos grupos el gobierno pudo conformar el sector social del Consejo
Económico Social (CES) y pudo crear las mesas sectoriales sobre
diversas temáticas que le procuraron el oxigeno y la legitimidad
necesaria en momentos críticos de la gestión económica, como la
aprobación de la Ley de Asocios Público Privados y las protestas
sindicales. En gran parte, estos grupos que se movilizaron en calles y
actos públicos multitudinarios para mostrar la fuerza y el apoyo
popular a la gestión gubernamental, a pesar de su distanciamiento con
el partido FMLN.
Estas alianzas conllevaron algunos cambios en
las políticas sectoriales, en especial en el sector agropecuario, tales
como medidas para fortalecer la capacidad de producir alimentos y
semillas nacionales, y la canalización de fondos no reembolsables para
el desarrollo productivo de empresas pequeñas y medianas, en
particular, empresas asociativas y cooperativas. Estas medidas tenían
la potencialidad no solo de democratizar la base productiva territorial
de la economía salvadoreña sino también de promover la emergencia de
relaciones de poder contra hegemónicas a las relaciones de poder
económicas basadas en la explotación del capital sobre el trabajo y/o
en la expoliación de productores no capitalistas por parte del sector
de empresas capitalistas nacionales y transnacionales.
Sin
embargo, la falta de perspectiva de Economía Política por parte de
funcionarios y funcionarias responsables de estas áreas de la gestión
económica, representaron un serio obstáculo para que estas reformas
económicas se tradujeran en el fortalecimiento de nuevos actores
económicos y de nuevas relaciones económicas en los territorios.
Un
ejemplo de esta incapacidad durante este quinquenio fue la
desafortunada labor de la CONAMYPE-MINEC que se plegó a la visón de la
USAID en el diseño y ejecución de los proyectos de asociatividad y
encadenamientos productivos de la micro, pequeña y mediana empresa.
Estos proyectos tuvieron como meta la vinculación de las iniciativas
económicas populares a las cadenas productivas dominadas por grandes
empresas capitalistas (Walmart, Super, Sab Miller, etc.), ya sea en
calidad de proveedoras de materias primas y otros productos a precios
bajos, como en calidad de distribuidoras de los bienes y servicios
producidos por estas empresas.
De esta manera, los mínimos
avances logrados en materia de desarrollo de la capacidad productiva
del sector popular de la economía terminaron siendo canalizados a
beneficiar a las empresas capitalistas nacionales y transnacionales,
mediante el abaratamiento de sus costos de producción y de distribución
de bienes y servicios, y en el afianzamiento de su capacidad de
controlar en su propio beneficio las cadenas productivas nacionales, en
particular, las cadenas agroalimentarias.
Tesis Nº 4:
La gestión económica del período 2009- 2014 se realizó sin cumplir con
el compromiso contenido en el Plan Quinquenal de Desarrollo de
incorporar el enfoque de género en el ciclo de las políticas económicas
y terminó reduciéndose a acciones puntuales y aisladas de promoción de
iniciativas económicas de mujeres pobres.
Incorporar el enfoque
de la igualdad de género en la gestión económica de un gobierno no
puede limitarse al financiamiento y/o ejecución de proyectos económicos
para mujeres ni tampoco se puede limitar a ejecutar acciones de
discriminación positiva o acciones afirmativas para beneficiar
económicamente a las mujeres pobres.
Incorporar el género en la
gestión económica de un gobierno es convertir la preocupación por la
desigualdad de género y el interés por equilibrar las oportunidades de
acceso a recursos productivos, a empleo, ingresos y a incentivos
económicos entre hombres y mujeres, en las líneas maestras de todas las
políticas económicas, sean estas políticas fiscales, políticas
comerciales, políticas de industrialización, políticas de desarrollo
rural, entre muchas otras.
Desafortunadamente, durante la
gestión económica del quinquenio, las políticas económicas continuaron
siendo ciegas a las relaciones de género y se limitaron a los discursos
de buenas intenciones hacia las mujeres y a la ejecución de pequeños
proyectos en favor de la “autonomía económica de las mujeres”.
Un
ejemplo de la ausencia de esta perspectiva de género en las políticas
económicas se puede encontrar en la política de desarrollo rural.
En
los principales programas de desarrollo productivo que se ejecutaron
desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en estos años, se
estableció que la propiedad de la tierra sería una de las condiciones
indispensables para que las organizaciones rurales pudieran obtener los
beneficios de los fondos de inversión no reembolsables para el
desarrollo de negocios rentables. Sin embargo, esta condicionalidad
excluyó en la práctica a las mujeres rurales, ya que ellas representan
una minoría en las organizaciones rurales que poseen tierras y porque
las organizaciones de mujeres rurales se caracterizan por no tener
acceso a la tierra.
Esto obviamente no fue un resultado
intencional de los responsables de estas políticas, sino más bien fue
el producto de la ausencia de capacidades para colocar la problemática
de género como un tema relevante para el desarrollo rural y para el
diseño de estas políticas.
Un diagnóstico de género le hubiera
advertido a la administración Funes que las mujeres solo representan el
15% de los propietarios de tierra de vocación agrícola mientras que los
hombres representan el 85% de estos propietarios. En consecuencia, esto
les habría permitido saber que sí realmente aspiraban a un desarrollo
rural con inclusión de las mujeres, debían ejecutar de manera
simultánea a estos programas de desarrollo rural, acciones de compra y
adjudicación de tierras a las organizaciones rurales de mujeres, para
que ellas tuvieran las mismas oportunidades que las organizaciones de
hombres de ser beneficiadas con las medidas de promoción a la
diversificación y a la competitividad rural.
Ejemplos similares se pueden identificar en otras áreas de política económica.
Tesis Nº 5: La gestión económica gubernamental 2009-2014 se caracterizó por un estilo autoritario, errático y patriarcal.
Hace
exactamente cuatro años, el Doctor Manuel Sevilla presentó su renuncia
como Ministro de Agricultura y Ganadería. En su carta de renuncia
justificaba su decisión aduciendo que después de casi doce meses
encontraba imposible continuar en el MAG por varios motivos, entre
ellos porque profesionalmente le era difícil trabajar en un ambiente de
“poca coordinación y debilidad de liderazgo, especialmente a nivel de
área económica”. Según Manuel Sevilla, los funcionarios del Gabinete
Económico carecían en ese entonces de los espacios de análisis y
discusión indispensables para convertir al conjunto del Gabinete en un
equipo efectivo que le brinde al mandatario la asesoría y el apoyo
necesario para gobernar. Asimismo, denunció en ese momento “el estilo
centralista y poco participativo que el equipo presidencial ha adoptado
en sus relaciones con el Gabinete provoca que las decisiones y equipos
se están concentrando en las instancias inmediatas a la presidencia,
debilitando la autoridad y capacidad de los ministerio, restringiendo
la iniciativa y creatividad de muchos ministros”. (LPG, 12.05.2010)
Dos
años después, el Doctor Héctor Dada Hirezi, tomó la decisión de
renunciar al cargo de Ministro de Economía debido a la falta de
condiciones para crear una política inclusiva dentro del gobierno.
Según sus declaraciones, como titular de economía no solo no tenía
comunicación directa con el Presidente sino que no participaba en la
construcción de la política económica. En sus palabras: “Venían ya
cocinadas desde Casa Presidencial y no había oportunidad de opinar”
(CP, 30.05.2014)
Estos casos son apenas algunos ejemplos que
ilustran el talante autoritario y excluyente que caracterizó el
liderazgo del Presidente Funes en todas las áreas de la gestión
gubernamental, y en particular, la gestión económica.
A esto
debe agregarse el estilo patriarcal de la presidencia Funes, que se
tradujo en la conformación de un gabinete económico sin participación
de mujeres y con un discurso sexista según el cual, la fortaleza y
capacidad de su gobierno tenía como causa principal el hecho de tener
“bien puestos los pantalones”.
Un debate sobre estas y otras
tesis, es importante y necesario, sobre todo de cara a la nueva gestión
económica gubernamental que está por iniciarse. Entre otras cosas,
porque como decía Albert Einstein, no se pueden lograr resultados
diferentes si se insiste en seguir haciendo las cosas de la misma
manera.
Julia Evelyn Martínez es profesora de la
escuela de economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas” (UCA) de El Salvador.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario