Esta es una de las vetas administradas por la compañía, mediante su filial Montana Exploradora, cuyos beneficios se embolsa casi totalmente y las llamadas regalías aportadas al país son irrisorias.
Una información aparecida este lunes en el diario Siglo Veintiuno señala que GoldCorp espera sacar este año de Marlin, en el occidental departamento de San Marcos, 35,1 por ciento más del mineral obtenido en 2010.
Menciona que la extracción en el periodo anterior de 12 meses ascendió a 296 mil 100 onzas, en tanto para el presente el estimado es de 400 mil y así sería el segundo año histórico en alza porcentual de la producción aurífera.
Según el reporte, la empresa matriz espera en 2011 una producción global de 2,65 millones a 2,75 millones de onzas de oro en todas las minas que explota.
Un amplio movimiento opuesto a la actividad minera existe en Guatemala, sobre todo de los pueblos indígenas que sufren directamente cómo las transnacionales esquilman los recursos naturales y afectan el ambiente y la salud humana.
La agresividad se extiende al plano social, pues no son pocos los casos de represión a quienes manifiestan públicamente ese rechazo, de amenazas a los dirigentes comunitarios y hasta ataques o encarcelación de algunos de ellos.
La meta en Marlin es considerada por los ejecutivos de la firma altamente probable de alcanzar, condicionada a mayores niveles de eficiencia y efectividad operativos, opinión avalada por el ministro de Energía y Minas, Romeo Rodríguez, de acuerdo con el periódico.
Tanto el funcionario como el especialista Marco Vinicio Cerezo destacaron la importancia de incrementar el porcentaje de regalías al Estado, ahora del uno por ciento.
Ello sobre la base de que la propia compañía calculó en 133 dólares el costo de producir una onza de oro en ese yacimiento hasta el pasado año, mientras el precio en el mercado internacional de esa cantidad superaba entonces los mil dólares.
Blandón fue más allá, pues como recoge la publicación afirmó que lo preocupante es regalar la riqueza mineral del país y asumir los efectos futuros del daño ambiental, pues cuando en unos 50 años ocurra un desastre la empresa ya no estará en Guatemala.
Para el experto, debería aumentarse esa imposición a por lo menos 10 por ciento dedicado a financiar los gastos sociales tan necesarios en seguridad, salud y educación.
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