| Crímenes contra trabajadores, acoso sexual a sus trabajadoras y empleadas, un sinnúmero de asesinatos consumados en incontables cargos de muerte, amenazas, secuestros, torturas, destierro. |
20-02-2011
Los continuos delitos y atropellos perpetrados por la multinacional Coca-cola en Colombia merecen no sólo una acción drástica contra la impunidad con la cual esta multinacional se maneja a su libre albedrío, sino una inmediata y contundente reparación a las víctimas.
Crímenes contra trabajadores, acoso sexual a sus trabajadoras y empleadas, un sinnúmero de asesinatos consumados en incontables cargos de muerte, amenazas, secuestros, torturas, destierro, constreñimiento ilícito, desaparición forzada, terrorismo psicológico, quema de sedes sindicales, además de fuertes vínculos con grupos paramilitares, son la pléyade de cargos que pesarían sobre cualquier ciudadano, compañía, institución, ente social público o privado, dentro de los límites de un país donde someramente se cumplieran las leyes.
Ni qué hablar de la cancelación injusta de los contratos de trabajo, que constituyen violaciones de las leyes más elementales de cualquier Estado organizado serio de comienzos del siglo XXI. Esto queda evidenciado en la subcontratación del 88% de los trabajadores en las plantas, muchos de ellos sometidos al hambre y a condiciones infrahumanas de empleo. Dicha situación ocasionó en este último tiempo la muerte de más de 20 trabajadores en las embotelladoras, no sólo por enfermedades crónicas, sino a causa de accidentes por falta de medios que hacen a la seguridad básica de quienes laboran.
Tomando como ejemplo la actitud del ex presidente de la república de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien criminalizó y trató de subversivos a sus detractores, y no conforme con los mecanismos de despojo e impunidad de los que goza, los directivos de Coca – cola pretendieron judicializar a las víctimas que denunciaron sus abusos, tal como ocurriera con los sindicalistas, víctimas constantes de estigmatización, falsas acusaciones y de vinculación al terrorismo o a la delincuencia. Uno de los propósitos de la multinacional son tratar de impedir las sindicalización de los subcontratados.
Daños ecológicos irreparables
Uno de ellos es la utilización irracional del agua, el robo de fuentes y su posterior contaminación. En mayo del 2007, la contraloría de Bogotá informó que de 50.000 hectáreas de humedales que había en la ciudad en los últimos 50 años, hoy quedan apenas 660, y 11 de cada 12 humedales se hallan contaminados por empresas de la multinacional Coca – cola. En el humedal “Capellanía” ubicado en Fontibón, por ejemplo, la compañía descarga aguas industriales no tratadas, afectando el ecosistema hídrico, incumpliendo los requisitos de PH (acidez), descargando grasas, aceites y residuos sólidos, que violan todos los pactos nacionales e internacionales del medio ambiente.
Cuando la Secretaría Distrital de Ambiente pretendió imponerle a Coca – Cola el pago de 200 millones de pesos por daños ecológicos, la compañía amparada en sus vínculos con el Gobierno del entonces presidente Uribe Vélez y grupos paramilitares no sólo omitió respuesta al comunicado oficial, sino que continuó con sus fechorías contra el medio ambiente.
Debido a las consecuencias más comunes de dar a conocer este tipo de información en Colombia y en el resto del mundo, donde el sicariato y la impunidad se encuentran en niveles siderales, por el temor o la complacencia de los medios de comunicación masivos que están al servicio de estas multinacionales, esta información no fue difundida. Desde la página virtual Kaos en la Red y la revista Reflejos de Colombia y Latinoamérica, se rompió el cerco desinformativo con valor, en la mera esperanza de que algo o alguien tome alguna medida para que en Colombia y en los demás países donde hace presencia esta multinacional no puede quedar por encima de las leyes.
Mucho menos los mandatarios y amigos de estas multinacionales que están al servicio de los intereses de los capitalistas asesinos y mezquinos de nuestros países en vía de desarrollo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Crímenes contra trabajadores, acoso sexual a sus trabajadoras y empleadas, un sinnúmero de asesinatos consumados en incontables cargos de muerte, amenazas, secuestros, torturas, destierro, constreñimiento ilícito, desaparición forzada, terrorismo psicológico, quema de sedes sindicales, además de fuertes vínculos con grupos paramilitares, son la pléyade de cargos que pesarían sobre cualquier ciudadano, compañía, institución, ente social público o privado, dentro de los límites de un país donde someramente se cumplieran las leyes.
Ni qué hablar de la cancelación injusta de los contratos de trabajo, que constituyen violaciones de las leyes más elementales de cualquier Estado organizado serio de comienzos del siglo XXI. Esto queda evidenciado en la subcontratación del 88% de los trabajadores en las plantas, muchos de ellos sometidos al hambre y a condiciones infrahumanas de empleo. Dicha situación ocasionó en este último tiempo la muerte de más de 20 trabajadores en las embotelladoras, no sólo por enfermedades crónicas, sino a causa de accidentes por falta de medios que hacen a la seguridad básica de quienes laboran.
Tomando como ejemplo la actitud del ex presidente de la república de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien criminalizó y trató de subversivos a sus detractores, y no conforme con los mecanismos de despojo e impunidad de los que goza, los directivos de Coca – cola pretendieron judicializar a las víctimas que denunciaron sus abusos, tal como ocurriera con los sindicalistas, víctimas constantes de estigmatización, falsas acusaciones y de vinculación al terrorismo o a la delincuencia. Uno de los propósitos de la multinacional son tratar de impedir las sindicalización de los subcontratados.
Daños ecológicos irreparables
Uno de ellos es la utilización irracional del agua, el robo de fuentes y su posterior contaminación. En mayo del 2007, la contraloría de Bogotá informó que de 50.000 hectáreas de humedales que había en la ciudad en los últimos 50 años, hoy quedan apenas 660, y 11 de cada 12 humedales se hallan contaminados por empresas de la multinacional Coca – cola. En el humedal “Capellanía” ubicado en Fontibón, por ejemplo, la compañía descarga aguas industriales no tratadas, afectando el ecosistema hídrico, incumpliendo los requisitos de PH (acidez), descargando grasas, aceites y residuos sólidos, que violan todos los pactos nacionales e internacionales del medio ambiente.
Cuando la Secretaría Distrital de Ambiente pretendió imponerle a Coca – Cola el pago de 200 millones de pesos por daños ecológicos, la compañía amparada en sus vínculos con el Gobierno del entonces presidente Uribe Vélez y grupos paramilitares no sólo omitió respuesta al comunicado oficial, sino que continuó con sus fechorías contra el medio ambiente.
Debido a las consecuencias más comunes de dar a conocer este tipo de información en Colombia y en el resto del mundo, donde el sicariato y la impunidad se encuentran en niveles siderales, por el temor o la complacencia de los medios de comunicación masivos que están al servicio de estas multinacionales, esta información no fue difundida. Desde la página virtual Kaos en la Red y la revista Reflejos de Colombia y Latinoamérica, se rompió el cerco desinformativo con valor, en la mera esperanza de que algo o alguien tome alguna medida para que en Colombia y en los demás países donde hace presencia esta multinacional no puede quedar por encima de las leyes.
Mucho menos los mandatarios y amigos de estas multinacionales que están al servicio de los intereses de los capitalistas asesinos y mezquinos de nuestros países en vía de desarrollo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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