Humala le pidió que revele el contenido del informe, filtrado por la sitio virtual WikiLeaks, según el cual el actual candidato reeleccionista Alejandro Toledo pidió a esa embajada, cuando era presidente, en 2005, una operación contra la candidatura del líder nacionalista.
La solicitud fue hecha en una carta dirigida a la diplomática, en la que Humala reitera la versión que dio motivo a un confuso desmentido de Likins sobre el polémico tema, que pone en duda la versión del dirigente.
En su aclaración, la embajadora sostuvo que lo publicado sobre la denuncia de Humala no corresponde a lo que le dijo y añadió que Toledo nunca trató directamente el asunto con la embajada.
En la misiva, el candidato nacionalista señala que Likins lo convocó para informarle sobre mensajes en manos de WikiLeaks (referidos a Humala) y le comunicó el que revela la gestión de los funcionarios del Gobierno de Toledo y le aseguró que la misma fue rechazada.
"Hemos hecho pública esta información y ante la repercusión provocada, usted decidió hacer declaraciones al respecto que inusitadamente llevaron a cuestionamientos sobre la veracidad de este relato", añade.
Ante ello y en la medida que se ha puesto en duda su palabra, Humala demanda que la Embajada norteamericana revele el documento correspondiente "para que cada ciudadano peruano y la prensa sean debidamente informados sobre este asunto de interés público".
Likins presentó otros informes sobre los llamados Wikileaks previamente a Toledo, favorito de las encuestas para las elecciones generales del próximo 10 de abril, y hoy a la candidata derechista Keiko Fujimori, hija del polémico
expresidente Alberto Fujimori.
La postulante presidencial aseguró que la embajadora le mostró tres cables diplomáticos sobre ella, referidos a su padre, a su popularidad y a las fortalezas y debilidades de su candidatura.
El primer informe, según Keiko Fujimori, dice que su padre habría aceptado su culpa en los juicios en en su contra, para no afectar la candidatura de la joven. El exgobernante fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
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