La Cámara alta sancionó esa legislación por 84 votos a favor y 15 en contra, aunque distintos senadores expresaron unas 50 reservas que serán examinadas en lo particular a partir del próximo jueves, para después remitir el texto definitivo a la Cámara de Diputados.
En la sesión iniciada el martes, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jesús Murillo indicó que cada bancada se reservó sus objeciones en diversos artículos para su discusión en lo particular, por lo que esta primera aprobación de la ley puede generar confusiones.
Por su parte, los senadores del Partido del Trabajo (PT) Ricardo Monreal, y de la Revolución Democrática(PRD) Pablo Gómez, se pronunciaron por examinar bien el proyecto presentado por el Ejecutivo para que la Ley de Migración no implique la posible criminalización de los centroamericanos que pasan por el país.
El parlamentario petista comentó que como está redactado el proyecto de ley, la Policía Federal podrá realizar redadas y operativos contra emigrantes de Centroamérica en territorio nacional semejantes a los que se llevan a cabo contra los mexicanos en el estado norteamericano de Arizona.
Monreal, ex Gobernador del central estado de Zacatecas, solicitó de manera formal suspender la sesión y regresar el proyecto a comisiones, para su corrección, lo que no fue respaldado por las bancadas del PRI, PRD y del oficialista Partido Acción Nacional (PAN).
Durante los debates el presidente de la Comisión senatorial de Población y Desarrollo, Humberto Andrade, defendió el dictamen, no obstante apuntó que el problema migratorio "nos ha rebasado y el actual marco normativo no esta a su altura".
De acuerdo con la opinión de expertos que estudiaron el proyecto, la ley de migración faculta a la Secretaría de Gobernación para formular y dirigir la política migratoria del país y eleva a rango de ley el accionar del Instituto Nacional de Migración (INM), responsable directo de aplicar la legislación.
Ese cuerpo legal en proceso contempla penas de hasta 16 años de cárcel para quien proceda a internar una o más personas al país sin la documentación correspondiente y obtener de ello un lucro, ya sea en dinero o en especie.
También la ley instaura derechos para los emigrantes y sus familiares que pasan por México, independientemente de su situación migratoria, para que se le beneficie con servicios médicos urgentes, educación, atención del registro civil y la impartición de justicia.
La elaboración y aprobación de esta legislación tomó fuerza tras la masacre ocurrida en el norteño estado de Tamulipas a mediados del 2010, cuando fueron ejecutados 72 emigrantes de Sur y Centroamerica.
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