El plan de Walter obligaría además a los sindicalistas a pagar más por el sistema de pensiones y de seguro médico.
Ello provoca desde hace casi dos semanas airadas protestas en los alrededores del Capitolio estatal en Madison, y amenaza con desplazarse a otras regiones del país donde políticos republicanos quieren seguir los pasos de Walter.
La víspera el gobernador rechazó transigir con los manifestantes, mientras se mantiene el interés nacional ya que otros gobernadores republicanos podrían intentar enfrentarse con poderosos sindicatos de empleados públicos como parte de sus políticas de recortes de presupuesto.
Acabar con el proyecto de Walker es clave para los sindicatos públicos, quienes forman una parte importante de la base del Partido Demócrata.
El presidente estadounidense, Barack Obama, y otros demócratas necesitarán el apoyo de los sindicatos en las elecciones de 2012 para contrarrestar el enorme flujo de fondos corporativos a campañas políticas permitidos tras una decisión de la Corte Suprema el año pasado.
Según medios de prensa, Walker auguró que su estado encabezará una ofensiva en todo el país para debilitar a aquellos sindicatos que negociaron paquetes de compensación, a su juicio, excesivos.
Mientras, los asalariados esperan que el gobernador haga concesiones luego de acceder a enfrentar recortes en sus compensaciones por jubilación y seguros de salud, lo cual afectará los sueldos de muchos trabajadores en un ocho por ciento.
Se espera que las protestas se expandan a Ohio e Indiana, donde los republicanos tratan de aprobar medidas similares.
La tensión escaló el último fin de semana cuando miembros del ultraconservador movimiento Tea Party realizaron una marcha en respaldo de la medida, con el argumento de que es necesaria para enfrentar el déficit fiscal del Estado.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, amenazó con vetar la ley de Presupuesto, si la Casa Blanca no accede a reducir el gasto.
Boehner advirtió que no aceptará ni siquiera una extensión temporal de financiamiento, lo cual provocará que por ley el 4 de marzo el Gobierno se quede sin dinero.
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