Se espera que mañana pueda conocerse el veredicto del tribunal, luego de un dilatado proceso, criticado por la oposición chilena y por los pueblos originarios por el empleo de la citada norma jurídica, impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y por la utilización de los llamados testigos sin rostro.
Es evidente que el propósito ha sido desarticular la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización defensora de los derechos ancestrales de los indígenas, opinó el abogado Pablo Ortega.
El jurista, representante del detenido Héctor Llaitul, sindicado como líder de la CAM y para quien la Fiscalía chilena pidió 103 años de cárcel, denunció el intento de estigmatizar a una parte del pueblo mapuche como enemigo del Estado.
Por su parte el también abogado Alberto Espinoza consideró tardío el pedido del Gobierno de recalificación de los delitos de terroristas a comunes porque todo el desarrollo del juicio y las disposiciones procesales en definitiva se acogieron a la impugnada legislación.
Aunque el Ejecutivo diga que no se califique un hecho como terrorista, esta legislación ya fue aplicada y de ese juicio nada bueno puede salir, advirtió el especialista.
Mientras, representantes de los pueblos originarios aseguraron que reanudarán las protestas en la Araucanía chilena, de registrarse un fallo condenatorio contra los mapuche.
"Nos quieren hacer ver que se trata de delincuentes comunes y terroristas, que en realidad no se está juzgando a un pueblo; pero este es un juicio político y muchos de los dirigentes (de comunidades indígenas) han dicho que en caso de haber condenas ellos se van a movilizar", subrayó la exvocera de los detenidos Natividad Llanquileo.
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