En términos generales, nuestra política partidaria es sinónimo de decadencia. Por ello, los partidos políticos ocupan, cada vez con mayor frecuencia, la última casilla en encuestas de credibilidad ciudadana. Ninguno de los partidos actuales tiene más de dos décadas de existencia y muchos han sucumbido luego de su primera participación en elecciones. Quizás lo anterior responde al secuestro de la política partidaria, a manos de sectores y corporaciones específicos. Con sus distancias y diferencias, podemos aplicar lo anterior a casi todos los países de la región
En este contexto, ¿qué decir del Parlamento Centroamericano (Parlacen), que coloquialmente ha sido definido como “una casa de retiro demasiado cara e inoperante”, entre otros motes menos afortunados? Siendo nuestra región pionera en el tema de integración continental (al menos económica), cabría esperar que la integración política nos hubiese permitido avanzar por rutas más democráticas. En medio de crisis como las que vivimos, sobre todo en el triángulo norte de Centroamérica, y enfrentando problemas comunes como el crimen organizado, la migración y el narcotráfico, el Parlacen podría haber jugado otro papel.
Pero, y afortunadamente hay “peros” que se pronuncian con fuerza, he visto últimamente movimientos en ese foro regional que apuntan a cambios de fondo. Parece que no son lo que quisiéramos, ni a la velocidad que los quisiéramos, pero quizás marcan el inicio de algo. Por años, se dijo que este órgano del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) sería útil en todo este engranaje político, solo si se modificaban los procesos de elección que lo convertirían realmente en un foro deliberativo, cuyas resoluciones fueran vinculantes para impulsar y orientar las rutas de la integración regional.
Pues bien, desde febrero del 2008, los mandatarios de la región aprobaron las reformas al Parlacen, buscando, precisamente, que sus resoluciones fueran vinculantes. Se logró medianamente, como sucede con las pujas que se hacen en esos espacios: ahora el Parlacen puede pedir cuentas y proponer normas relacionadas con la integración, con el fin de que los parlamentos de cada país miembro las conviertan en iniciativas de ley. Sin embargo, esto no significa que dichas recomendaciones tengan que ser aprobadas obligatoriamente; sí implica que el Parlacen pueda preguntar, en un plazo de tres meses, a determinadas instancias regionales, si se están cumpliendo o no y por qué. O sea que el nuevo protocolo es “casi” vinculante.
Pero este “casi” ya ha dado frutos. Se acaba de realizar la fiscalización de los recursos del Sica, a partir de la rendición de cuentas de su secretario general. Y, en el tema migratorio, el Parlacen está tomando el liderazgo que debió haber tomado hace mucho tiempo. Se ha fortalecido y reactivado el Consejo Parlamentario Regional sobre las Migraciones (Coparem), y se ha dado a conocer a los jefes de Estado, porque ya no se puede seguir tomando decisiones migratorias bilaterales en contextos donde se impone una agenda de seguridad hemisférica. El jueves pasado yo comentaba en mi artículo los vacíos de la Ley de Migración que el Senado mexicano estaba por aprobar; una ley por demás criminalizadora.
Ayer, esa instancia modificó dicha iniciativa y suprimió todos los artículos que implicaban criminalizar a los extranjeros que cruzan territorio mexicano, perseguirlos y propiciar que la fuerza pública cometiera abusos y vejaciones en su contra. Muchas de estas reformas se deben a la presión social ejercida contra la anterior versión de dicha iniciativa, pero también a un esfuerzo conjunto entre los senadores mexicanos observadores ante el Parlacen y la Comisión de Asuntos Migratorios de ese foro regional.
Parece que asistimos a un nuevo momento de equilibrio de poderes desde esa instancia regional y que el Parlacen está ahora con un pie adentro en espacios donde se cocinan las agendas políticas y se armonizan leyes de alcance regional. Es ahora o nunca.
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