En agosto del mismo año, 72 migrantes fueron hallados muertos en Tamaulipas y el 16 de diciembre recién pasado ocurrió el asalto y secuestro de unos 50 migrantes centroamericanos. Alrededor del 21 de diciembre del 2010, las autoridades de Oaxaca reconocieron otro hecho similar. Por ello, más de un migrante ha llamado a México “el cementerio de los centroamericanos”.
Con esta música de fondo, ayer se aprobó en el Senado mexicano el dictamen de la Ley de Migración, con 84 votos a favor y 16 en contra. El voto final será hoy. A este dictamen y su posible aprobación, han reaccionado varios grupos de la sociedad mexicana, entre ellos, uno constituido por 40 mujeres y hombres, dirigentes de organizaciones de migrantes, académicas y académicos, activistas, empresarios y religiosos. Cito una parte del pronunciamiento:
“La reforma más saludable y visionaria para México en el campo migratorio sería documentar y entregar permisos de tránsito a migrantes de Centroamérica y de otras regiones que buscan ingresar a Estados Unidos desde territorio nacional. Para dar idea de su orientación y alcance, la nueva legislación podría titularse Ley de seguridad humana y desarrollo en el ámbito de la migración.” Y continúan: “México es uno de los países donde más se violan la dignidad y derechos de los migrantes. (...)Es un país donde la delincuencia organizada, la corrupción y la impunidad asociadas al fenómeno migratorio hacen un grave daño al cumplimiento de la ley, a la seguridad de personas y comunidades, y a la autoridad moral de la nación. (...) De ahí que la Iniciativa para crear una Ley de Migración (….) ofrezca al Poder Legislativo una singular oportunidad para sacar a México del atraso y horror migratorios en que se encuentra.”
Sin embargo, identifican vacíos en la ley. Esta considera a la seguridad humana de los migrantes distinta a la seguridad pública y subordinada a ésta; ignora que la seguridad humana de los migrantes representa la estrategia efectiva para preservar la seguridad pública en el ámbito migratorio; pretende cerrar las fronteras sur y norte a la migración indocumentada de Centroamérica y de otras regiones, y aunque parezca increíble, cerrar la frontera norte a las mexicanas y mexicanos que van sin papeles y por lugares no “destinados” o “designados”; permite deportar a migrantes por el simple hecho de trabajar sin tener autorización para ello, multa a migrantes temporales y permanentes “que no informen a las autoridades migratorias de cambios a estado civil, domicilio o lugar de trabajo, o lo hagan extemporáneamente” y sanciona “a cualquier particular que reciba en custodia a un extranjero y permita que se sustraiga del control del INM.”
La pregunta que hace el movimiento migrante mesoamericano, otro grupo que se ha pronunciado, me parece justa: “¿Por qué México se comporta como si fuera un país receptor de migrantes mientras que es un país expulsor de los propios y torturador de los ajenos?” Y piensa una: en este tiempo en que todos somos pueblos en movimiento, por qué México no tiende sus ojos más al sur en vez de replicar miméticamente las políticas del norte?
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