Cerca de mil 500 campesinos llegaron al municipio colombiano de Tarazá (noroeste) en protesta por las fumigaciones de cultivos ilícitos de coca en la región, dijeron autoridades civiles y pobladores de la zona. Al dar cuenta de la situación, el alcalde de Tarazá, Andrés Restrepo, reclamó el apoyo de las autoridades nacionales para dar atención y solución a los campesinos, pues, dijo, un eventual "cese de fumigaciones no nos compete a nosotros, porque son directrices del gobierno".
Sin embargo, Luis Alfredo Ramos, gobernador del departamento (provincia) de Antioquia, donde se localiza Tarazá, dijo a periodistas que las fumigaciones en la región no serán suspendidas por el desplazamiento de los lugareños.
"Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, comunistas) tienen intereses en los cultivos ilícitos, porque cobran a la gente que los tiene. El Ejército y la Policía seguirán con las aspersiones. Eso no se acabará porque haya un desplazamiento", precisó Ramos al hacer referencia a presiones de grupos rebeldes que actúan en la zona.
Alvaro Ballesteros, uno de los campesinos que llegó hasta Tarazá, dijo por su parte que "los que pagamos los platos rotos somos los que trabajamos, el trabajador que tiene solo un machete en la cintura para sembrar un palo. Entonces viene la fumigación y acaba la yuca, el maíz y todo el pancoger (productos de la huerta)", señaló.
En la zona donde se registran los desplazamientos de labriegos, además de las FARC, actúan bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de extrema derecha.
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