Santiago de Chile, 22 feb (PL) El juicio contra 17 comuneros mapuche llega hoy a su fin con un dictamen de sentencia, luego de un dilatado proceso en que la Fiscalía invocó contra los indígenas la criticada ley antiterrorista.
La víspera concluyeron las réplicas a los alegatos de clausura, jornada en la que los abogados volvieron a pedir la absolución de los encausados, tras denunciar violaciones e irregularidades por parte del Ministerio Público y al calificar de viciadas y ausentes de evidencias las acusaciones.
En opinión de José Venturelli, vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura, durante el tribunal oral hubo actos de claro racismo y sesgo contra los mapuche.
Apuntó que entre las muchas violaciones al derecho penal que cometió la Fiscalía estuvo la negación del principio de inocencia. Es decir, siempre se culpó a ultranza, sin evidencia probatoria.
Venturelli, quien asistió como observador a sesiones del juicio, destacó argumentos expuestos por la defensa e ilustró cómo la parte fiscal vulneró el debido proceso con irregularidades de todo tipo, entre las que relacionó el empleo de los "testigos sin rostro" y el uso de policías e incluso de las supuestas víctimas como testigos.
El abogado defensor Adolfo Montiel, en la audiencia del jueves 17 de febrero, insistió en la absolución de los indígenas, tras recalcar que los testigos utilizados por el Ministerio Público mintieron. Puso de ejemplo el caso de una persona de nombre Ismael, quien testificó haber leído una declaración, cuando se comprobó que no sabe leer.
A los comuneros se les acusa de atentar contra propiedades de empresarios forestales y en el cargo de mayor responsabilidad de haber participado en un supuesto ataque contra el fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008.
La presunta y recurrente emboscada a Elgueta es considerada por sectores de la oposición y comunidades indígenas como un montaje de latifundistas y fiscales para acallar la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras y poner tras las rejas a sus líderes.
En su alegato de defensa, Adolfo Montiel sostuvo que comuneros como Ramón Llanquileo y Héctor Llaitul, para los que la Fiscalía pidió hasta 103 años de cárcel, no son terroristas como se les quiere acuñar, sino líderes políticos de sus comunidades que como Martin Luther King y Nelson Mandela están luchando por mejores condiciones de su pueblo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario