Un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes planea reunirse la semana próxima frente al Capitolio de Nuevo México para protestar por una orden ejecutiva de la gobernadora republicana, Susana Martínez, quien ordenó a la Policía estatal que empiece a preguntar, sobre su situación migratoria, a detenidos por delitos.
El mítin había sido previsto para el miércoles pero fue aplazado hasta el lunes debido a una tormenta invernal.
El grupo Somos un Pueblo Unido, con sede en Santa Fe, dijo que en el acto también se protestará por lo que se considera una legislación antiinmigratoria. Martínez apoya la revocación de una ley que permite licencias de conducir para inmigrantes indocumentados.
La orden ejecutiva de la gobernadora republicana revoca una política instrumentada en 2005 por el entonces gobernador demócrata Bill Richardson, que prohibió a la Policía estatal preguntar por la situación inmigratoria de las personas con el único propósito de determinar si violaba las leyes federales de inmigración.
Martínez dijo que las fuerzas de seguridad de las agencias estatales no podrán preguntar por la situación inmigratoria a las víctimas de delitos, a los testigos de un delito o a quienes busquen asistencia policial. Richardson lo había ordenado así en 2005.
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