Mientras el gobierno del presidente hondureño, Porfirio Lobo, ordenó la militarización de la región del Bajo Aguán (oriente del país), crece en el país el repudio a esta medida, luego que días atrás 11 personas murieran en la zona durante enfrentamientos entre campesinos y agentes privados de seguridad.Después de este hecho, el Ejecutivo envió a la región mil efectivos militares y policiales, por lo cual el portavoz del Movimiento Campesino del Aguán (Muca), Vitalino Álvarez, sostuvo que los uniformados “vienen a proteger a los delincuentes”, en referencia a los guardias de los terratenientes.
También se pronunciaron los miembros de la Plataforma Agraria de Honduras (PAH) condenando la medida oficial.
Señalaron que en el Bajo Aguán “hay una excesiva cantidad de tierra concentrada en unos pocos”, lo cual provoca “una conflictividad agraria aguda” producto de la inexistencia en el país de “una justicia social que el Estado tiene la obligación de promover”.
La situación en esa región se agravó luego del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, en 2009, y la violencia de los terratenientes fue en aumento, dejando un saldo de 50 campesinos muertos desde esa fecha.
El empresario más cuestionado de esa zona es Miguel Facussé, quien tuvo fuertes vínculos con los golpistas que derrocaron a Zelaya.
Por su parte, el ministro hondureño de Seguridad, Oscar Álvarez, responsabilizó al Muca por los hechos de violencia.
Sin presentar ninguna prueba, el funcionario expresó que los campesinos “están armados hasta los dientes” y los entrenan “infiltrados venezolanos y nicaragüenses”.
Los dirigentes del Muca negaron de forma rotunda estas acusaciones y responsabilizaron a los empresarios y al gobierno por no cumplir la promesa de repartición de tierras.
En la actualidad, unas 40 mil familias luchan en el Aguán para recuperar las tierras que poseyeron a través de la reforma agraria dictada en las décadas de los 70 y 80.
Desde el Muca explicaron que esa medida prohíbe la venta de esas tierras, pero los terratenientes recurrieron a procedimientos ilegales, que incluyen actos de corrupción, para adquirirlas a bajos precios.
Según los campesinos, la ley de Reforma Agraria establece como límite de tenencia un máximo de 250 hectáreas para una persona, pero hay empresarios que ostentan más de mil.
El gobierno de Lobo se había comprometido en junio pasado a comprar 11 mil hectáreas que después serían vendidas a los campesinos, pero la promesa nunca fue cumplida.
Esta es la tercera vez que el Gobierno hondureño militariza el Bajo Aguán. Antes lo hizo el 7 de abril y el 22 de noviembre de 2010.
AVN
No hay comentarios:
Publicar un comentario