“El personal, los voluntarios y los migrantes del albergue San Juan Diego (...) corren peligro de sufrir ataques e incendios provocados después de que la comunidad local haya proferido amenazas contra ellos. Se teme por su seguridad”, señala el mensaje.
El llamado está dirigido a simpatizantes de la ONG a quienes les pide que antes del 26 de septiembre escriban al secretario de Gobernación (Interior) , Francisco Blake, y al gobernador del Estado de México, Enrique Peña, para que instrumenten “medidas inmediatas de protección” para el albergue y sus trabajadores.
AI exhorta a sus miembros y simpatizantes a expresar su “preocupación por la seguridad del personal, los voluntarios y los migrantes del refugio”, localizado en la población de Lechería, después de que el pasado 13 de agosto más de treinta personas protestaran ante él “para pedir su cierre” .
Allí permanecieron seis horas, durante las cuales “amenazaron con quemar” el refugio “si no se cerraba, y con irrumpir en él y sacar de allí a los migrantes ellos mismos” , indica el mensaje difundido por la ONG.
Según los lugareños “el albergue atrae problemas, como drogas y narcotraficantes, para su barrio” , por lo que exigen su clausura.
La animadversión hacia el centro se ha recrudecido después de que el 7 de agosto pasado un inmigrante guatemalteco de 19 años, Julio Fernando Cardona Agustín, fuera encontrado muerto junto a las vías de tren en Tultitlán, cerca del albergue San Juan Diego.
Según testigos que presenciaron el hallazgo del cadáver, “las lesiones que presentaba sugerían que lo habían golpeado en la cabeza hasta matarlo” , señala AI.
En su mensaje, la ONG recuerda que migrantes que transitaban por el lugar “afirmaron haber presenciado cómo unos agentes de la policía municipal detenían” al hoy occiso “varias horas antes de que fuera hallado muerto” .
Finalmente, AI recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de “garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998”.
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