Reformar es, como la mis-ma palabra lo dice, volver a formar, volver a fundar. Es un proceso de largo aliento que va más allá de parchar o chapucear lo que ya está dado. Por ello, cuando oigo hablar de reforma policial, siento que hay que tender necesariamente una mano hacia el pasado y otra hacia el futuro, para que una transformación de tan profundo calado no se traduzca en una política de gobierno, sino una de Estado.
Reformar es, como la mis-ma palabra lo dice, volver a formar, volver a fundar. Es un proceso de largo aliento que va más allá de parchar o chapucear lo que ya está dado. Por ello, cuando oigo hablar de reforma policial, siento que hay que tender necesariamente una mano hacia el pasado y otra hacia el futuro, para que una transformación de tan profundo calado no se traduzca en una política de gobierno, sino una de Estado.
En Guatemala, el primer error se cometió al inscribir el nacimiento de la Policía en el seno del Ejército, institución que le hereda su lógica, sus métodos, sus mañas, sus mecanismos, su “estética”. Desde el inicio algo hizo mucho ruido, y es que ambas son instancias de naturaleza distinta, concebidas para fines distintos: la Policía tiene como función principal velar por la seguridad ciudadana en el país; el Ejército tiene como primordial fin la defensa del territorio frente a amenazas foráneas, y la seguridad del mismo en ese contexto. Eso amerita una refundación de la institución policial, sobre todo si ésta se llama ahora Policía Nacional Civil (PNC).
La reforma policial en un país como el nuestro es un desafío gigantesco. En Guatemala se practica la costumbre social del dictador, que resulta invariablemente en que aceptemos con la cabeza agachada que cada déspota que llega al poder crea que es dios, y que el subhombre anterior a él no hizo nada bueno o que el que llega no hará nada mejor. Vemos entonces un Estado que parte de cero cada cuatro años, de los cuales dos se pasan en campaña y dos medio trabajan. Esto es una de las razones culturales más profundas del fracaso del Estado guatemalteco, que impide el fortalecimiento de sus instituciones desde una visión estratégica, no coyuntural.
Refundar la PNC implica retos tan grandes que hacen de la palabra “reforma” un eufemismo. Uno de los cambios fundamentales para su autonomía financiera y de ejecución es separarla del Ministerio de Gobernación, no sólo para evitar manipulaciones de tipo político o por el fiambre de funciones y protagonismos que podría darse, sino porque la independencia policial es fundamental para fortalecer estructuras internas y transformar aspectos estructurales y organizacionales que, en situación de dependencia, difícilmente podrían variar.
Helen Mack, comisionada presidencial para la Reforma Policial, y su equipo, han hecho, en ocho meses, un trabajo sólido, considerando el tamaño del monstruo al que se enfrentan. La falta de un régimen laboral acorde a la naturaleza del trabajo policial que se realiza en Guatemala; la penetración criminal, la corrupción y el mal desempeño de tantos agentes y oficiales; el involucramiento de estos en casos de sicariato, violaciones y ejecuciones extrajudiciales; la utilización de la PNC al servicio de intereses sectoriales, ajenos a su mandato legal; la falta de un presupuesto que permita cuidar mejor a quienes se supone nos cuidan, y desarrollar las acciones planificadas desde una visión estratégica; la debilidad en la investigación criminal y la formación profesional de agentes y oficiales son sólo algunos de los pendientes a ser atendidos en una reforma policial integral. Como ha señalado la misma Helen, “estamos frente a un proceso que debe trascender gobiernos, partidos políticos e ideologías”.
En nuestro país, la resistencia a los cambios es la única verdadera resistencia que parecemos conocer, y esto tiene que ver con el miedo internalizado históricamente como mecanismo de opresión. Por ello me quedo con las palabras finales del Informe de Situación de la Reforma Policial, que concluye: “el gran desafío(…)es lograr que el peso político del Estado, el trabajo de sus estructuras y la inversión de sus recursos sean debidamente orientados, idealmente a través de un decreto legislativo, a forjar una fuerza policial capaz de enfrentar con éxito las amenazas que originan el crimen organizado transnacional, la delincuencia común y las múltiples expresiones del conflicto social y la confrontación política que mantienen al país fragmentado”.
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