La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trabaja en
la integración del expediente que será presentado en los próximos días
ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como parte de una demanda
por el asedio a sus legaciones diplomáticas en Bolivia.
No es la primera vez que México acude al principal órgano judicial de
la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se encarga de resolver
disputas entre países y brindar opiniones consultivas relativas al
derecho internacional y su aplicación.
En 2003 demandó a Estados Unidos el cumplimiento de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares, asunto conocido como el caso Avena,
cuya razón le fue concedida.
En recientes declaraciones a medios, el consultor jurídico de la
cancillería mexicana, Alejandro Celorio Alcántara, explicó que el
derecho internacional le permite a los Estados resolver diferencias en
la interpretación de lo que son las normas que rigen en las relaciones
entre países.
Cuando no se logra resolver una diferencia de interpretaciones o
incluso cuando se atenta contra el derecho internacional o un tratado
del que los países son parte, es posible recurrir a la CIJ.
Celorio Alcántara agregó que en el caso específico de Bolivia, el
Estado mexicano busca que cesen los actos que resultan violatorios de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. La presencia de
oficiales, militares y policías alrededor de la sede dipomática es un
atentado contra este tratado internacional porque representa un
hostigamiento.
En este contexto, la CIJ revisaría si las autoridades bolivianas
tienen derecho o no de revisar vehículos diplomáticos –como lo han hecho
en las semanas recientes autoridades de seguridad que permanecen en los
alrededores de la residencia oficial mexicana– o sobrevolar artefactos
por encima de dichos inmuebles.
Es tema de competencia del tribunal internacional si existe algún hecho que sea violatorio de una obligación internacional, puntualizó Celorio.
Añadió que la oficina a cargo del canciller Marcelo Ebrard Casaubon
prepara los argumentos para, a la brevedad, presentarlos ante este
tribunal internacional junto con medidas provisionales para que cese el
acoso.
Desde su establecimiento en 1946, la CIJ ha tratado 152 casos que los
Estados le han sometido, y las organizaciones le han solicitado 26
opiniones consultivas.
Los casos involucran conflictos internacionales relacionados con
derechos económicos, derechos de paso, la proscripción del uso de la
fuerza, relaciones diplomáticas, toma de rehenes, derecho de asilo y
nacionalidad.
Ana Langner
Periódico La Jornada
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