Perú
Después de un largo
combate de la población, tanto en las calles como en las redes sociales,
el Presidente del Perú, Martín Vizcarra, decide cerrar el Congreso, un
antro de corrupción. Al mismo tiempo, decide convocar a nuevas
elecciones. Pero, nos preguntamos, ¿para un mejor destino de una
población sumida en la pobreza, desempleo y salarios bajísimos, es la
solución correcta?
Una vez más, serán los partidos políticos
quienes propondrán a los nuevos congresistas. Y por la experiencia
Odebrecht sabemos perfectamente que los partidos que logran ganar
escaños en el Congreso son ampliamente financiados por empresas, que
luego realizarán las obras públicas con cifras totalmente fuera de todo
control.
Por otro lado, los candidatos al Congreso venden su
alma al diablo para tener la oportunidad de su vida de convertirse en
millonarios. Su trabajo no será el de servir al pueblo, sino el de
servir a la empresa que financió su campaña electoral, además de
“mejorar” su situación personal y de grupo.
En este panorama
podemos observar tres comportamientos. Y ellos tienen un denominador
común. Tanto las empresas como los partidos políticos y sus candidatos
al Congreso, piensan solamente en maximizar sus ganancias en el tiempo
lo más corto posible, y sin tener ninguna vergüenza de servirse del
dinero que, en principio, está destinado a mejorar el estándar de vida
de la población.
Este comportamiento de las empresas como el de
los partidos políticos y congresistas, viene desde el inicio de la
República. Desde aquella época, solo ha cambiado el nombre de las
empresas, de los partidos políticos y de los congresistas. En su forma
de servirse del erario nacional, de dictar leyes con nombre propio, no
ha cambiado en lo absoluto.
Este comportamiento es fruto del
modelo socio-económico impuesto por la invasión española de 1532. Quien
es el dueño de la empresa se convierte en el propietario de la totalidad
del resultado de la actividad económica. Quien maneja el acto económico
es el que se apropia de todo. Abreviando, este comportamiento es fruto
de la Repartición Individualista del resultado de la actividad
económica. Sobre esta base nacen la República, el Congreso y sus
congresistas.
Los escándalos de la empresa brasileña Odebrecht
ha hecho mucho más evidente lo que antes ocultaban los poderes públicos y
sus medios de comunicación. Los recursos naturales como el salitre,
guano, caucho, oro, cobre, anchoveta… han servido solamente a ciertos
empresarios y los políticos instalados en el Gobierno. El país ha sido
saqueado y, últimamente, vendido a pedazos al mejor postor. No existe
otro comportamiento que el enriquecimiento, lícito e ilícito. El
bienestar del ser humano no entra en línea de cuentas de nuestros
políticos. Todo lo contrario.
¿Qué es lo que podemos esperar de
los nuevos congresistas a elegirse próximamente? ¿Qué es lo que podemos
esperar de un Congreso, institución de la Democracia Representativa?
Saquemos la venda de nuestros ojos, dejemos a un lado nuestra
mentalidad servil, y volvamos a ser seres humanos con personalidad
propia, autonomía e independencia de criterio. Volvamos a ser y estar
orgullosos de nuestra sociedad, de nuestro país y de nosotros mismos.
Para lograr este objetivo, debemos volver a la raíz de la noción de
Democracia, una institución animada por el pueblo y, por consiguiente,
al servicio del pueblo. Es la Democracia Directa. Y para ello no
tenemos otro camino que cambiar el modelo socio-económico actualmente
imperante, por otro modelo que haga viable el comportamiento democrático
que todos anhelamos.
Entonces, el nuevo modelo socio-económico
debe facilitar que la totalidad del resultado de la actividad económica
vuelva a las manos de todos los habitantes del país, en partes más o
menos iguales. Esto, por una simpleza evidente: quienes han creado las
riquezas de ahora son los pueblos de ayer y el de ahora.
Y para
que esta Repartición más o menos igualitaria perdure en el tiempo es
indispensable que lo esencial de la actividad económica sea gestionado
directamente por el pueblo, a través de sus propias empresas, las empresas-país.
Es decir, gestionado por empresas que pertenezcan al pueblo, a todos
los habitantes del país en igualdad de condiciones. Y esto no es nada
nuevo en la historia de la Humanidad, menos aún en la historia de los
pueblos originarios del Tawantinsuyo.
Las empresas-país crearán el zócalo de la propiedad comunitaria y, con ello facilitarán la puesta en obra del financiamiento ilimitado y gratuito
para crear y desarrollar las obras que el país requiere. Con ello se
logrará la eliminación del desempleo, el incremento acelerado del
salario mínimo hasta alcanzar el estándar de los salarios mínimos a
nivel internacional (4 mil soles mensuales), y la eliminación de la
pobreza al interior del país.
Para lograr esta Gran
Transformación, el pueblo cuenta con una herramienta que le permitirá
realizar las Grandes Obras, descomunales obras, como las 60 ciudades del
Sol y la Luna, que permitirán en el más corto plazo, eliminar el
desempleo masivo imperante en el país.
Esta herramienta está en
manos del pueblo porque es ella quien la genera con su “aceptación
general”. Con su aval se podrá financiar todas las obras, cualquiera sea
su tamaño. Se trata de la emisión monetaria. Un mecanismo que
actualmente las grandes empresas y los “países ricos” lo vienen
utilizando en su propio beneficio.
Sólo la ignorancia de una
mentalidad sometida al amo, al patrón, a la fuerza imperante del dinero y
de las armas, nos tiene en un aparente callejón sin salida. Es decir,
sólo el sometimiento mental a los efectos perversos del modelo
socio-económico imperante, nos impide ver y alcanzar el futuro al cual
todos tenemos derecho.
Nunca es tarde ni para nosotros, ni para
nuestros hijos, ni para las generaciones venideras. Nuestro objetivo
inmediato debe ser cambiar el modelo socio-económico imperante. Coraje y lucidez, que el futuro nos pertenece.
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