El Congreso proclamó a la vicepresidenta Mercedes Araoz como “presidenta interina” del Perú
El
absurdo político se impone en el Perú y América Latina como norma de
intromisión. Estamos asistiendo a la modalidad de las autoproclaciones
presidenciales. Una suerte de imposición de gobiernos paralelos sin
respaldo popular. Decisiones trasnochadas respaldadas por los oscuros
tentáculos del poder detrás del trono donde sin lugar a dudas vemos
moverse la sombra de Washington y sus injerencistas y patológicas
pretenciones de poder.
Juan
Guaidó en Venezuela fue la ecuación perfecta de Washington para
deslegitimar al gobierno bolivariano. Ahora existen pruebas suficientes,
presentadas en la ONU, y otras instancias internacionales, que
evidencian el perfil delictivo del autoprolamado y toda la maquinaria
criminal detrás de su elección. Los actuales acontecimientos en el Perú
confirman que la fórmula de injerencia abre un capítulo de intromisión
de mayor sofisticación.
El
5 de abril 1992 Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República
del Perú abriendo el más nefasto capítulo económico de la historia
peruana. El gobierno de facto de Fujimori y la creación de una
carta constitucional impuesta por los grupos de poder donde sus
redactores como el empresariado peruano(CONFIEP) y Washington (Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la
Fundación Nacional para la Democracia, NED) crearon las bases legales
para el suqueo del erario y estafa pública.
En
el Perú, este pasado 30 de septiembre de 2019 se dio por segunda vez el
absurdo político de la imposición de un gobierno paralelo. Ahora el
disuelto Congreso peruano proclamó a la cuestionada vicepresidenta
Mercedes Araoz como “presidenta interina” del Perú y en la máxima
expresión de irracionalidad la bancada fuji-aprista confrontan al
ejecutivo amenazando con no abandonar el Congreso.
El
contexto de la disolución se da en medio de la elección del todo
poderoso Tribunal Constitucional (TC). Según lo expresado por el ex
Premier Salvador del Solar la ausencia de transparencia y las oscuras
intenciones de la bancada fuji-aprista en la elección de la más alta
esfera jurídica constitucional contribuía con el incremento de la aguda
crisis por la cual atraviesa el país.
A
pesar de la solicitud del nuevo voto de confianza solicitado por el
ejectivo y negado por el legislativo, los defenestrados legisladores
insistieron en elegir al TC, vacar a la presidencia de república y como
resultado nombrar a Araoz como presidenta interina. ¡Absurdo!
Dicho
acto anticonstitucional, la elección de un gobierno paralelo, lo único
que demuestra es la falencia del sistema democrático liberal en donde al
pueblo como gran excluído de toda representación directa lo único que
le queda son las calles como tribuna democrática de manifestación
pública de cambio.
La decisión de cierre del Congreso se materializó mediante el Decreto Supremo No 165-2019-PCM el cual a letra sentencia: Artículo 1.- Disolución del Congreso de la República.
Disuélvase el Congreso de la República por haber negado la confianza a
dos Consejos de Ministros del gobierno elegido para el periodo
2016-2021, manteniéndose en funciones la Comisión Permanente. Artículo 2.- Revocatoria del mandato parlamentario.
Revóquese el mandato parlamentario de los congresistas que no integran
la Comisión Permanente. Carece de validez y eficacia jurídica todo acto
relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo
mandato ha sido revocado. Artículo 3.- Convocatoria a elecciones
Convóquese a elecciones para un nuevo Congreso, para el día domingo 26
de enero de 2020, para que complete el periodo constitucional del
Congreso disuelto, incluida la Comisión Permanente. Artículo 4.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.
Con
justa razón el pueblo celebra en las calles. Representaciones como el
Movimiento Nuevo Perú y demás organizaciones políticas, contrarias a la
continuidad del estado de impunidad y corrupción, celebran la
posibilidad de convocar a nuevas elecciones y la instauración de una
Asamblea Cosntituyente la cual se encuentre en condiciones de brindar a
la población las garantías democráticas respeto a la defensa su
soberanía y legitimos derechos.
Lo
que nos queda claro, en medio de tanta maleza, es que tanto el golpe
del ´92 así como toda la historia posterior de corrupción e impunidad, y
lo sucedido este pasado 30 de septiembre, ha contado con el aval de
Washingron. Desde la autoproclamación de facta de Fujimori hasta la proclamación de Vizcarra, y la de facta
elección presedencial de la vicepresidenta Araoz cuestionada por su
responsabilidad en los asesinatos del caso Bagua, el lineamiento de la
gobernabilidad del estado peruano se ha encontrado monitoreado por
dictamenes de Washington.
Pareciera
ser que el desgastado Congreso de la República, el desborde de una
lógica de corrupción a todas luces impune, debilita las pretenciones
hegemónicas del país del norte quien cuenta con el Perú como uno de sus
principales peones en su incesante búsqueda de control geoestratégico.
Según la lógica del hegemón, quien siempre ha burlado la insastifacción
del pueblo, tiene más de una ficha política para las siguientes
elecciones. No será fácil que Washington deje el poder en el Perú.
Celebramos
el cierre del congreso. Pero esta claro que el quiebre del sistema
involucra a todos los poderes del estado. La satanización de la
izquierda como fuerza política alternativa seguirá liderando titulares.
La asociación de toda representación de fuerzas progresistas con el
gobierno Bolivariano de Venezuela seguirá siendo la muletilla
conspiradora del statu quo y sobre esta base Washington aspira a
copar, nuevamente, el legislativo y seguir con la lógica de control
desde el aparato estatal en su totalidad sin alterar las bases del
saqueo enquistadas en la nefasta Constitución del ´93.
Ironías
de la historia. Fujimori disolvió el congreso concentrando poderes en
torno a un grupo de saqueadores y mercenarios del poder enquistados en
el estado. 27 años después los fujimoristas son desalojados del Congreso
de la República. ¡De golpeadores a golpeados!
Finalmente, nos reafirmamos en lo dicho el 5 de mayo de 2018: Lo
sabemos, el problema es estructural y no coyuntural. Y, las estructuras
no pueden ser cambiadas ni un milímetro siguiendo el distorsionado
formato político que tenemos hoy. Somos consientes que una nueva Carta
Magna no garantiza cambios de conciencia ni que se elevará la calidad
ético-moral de los funcionarios públicos. De allí la exigencia de un
nuevo cuerpo jurídico-legislativo sin opción a que transe con la
impunidad y crimen institucionalmente organizado. Debemos atrevernos a
transitar el camino de la transformación con justicia, equidad y
dignidad. Trascender lo anecdótico, cómico y patético de la política
dejando de lado todo tipo de dicotomías donde se considere la “clase
política” jerárquicamente contraria al Pueblo verdadero sujeto político soberano.1
¡El pueblo tiene la palabra!
1 Alai. José Toledo Alcalde. El Presidente en su laberinto. En: https://www.alainet.org/es/articulo/193407. Revisado: 01/10/19.
https://www.alainet.org/es/articulo/202417
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