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La población pide la apertura de un proceso político democrático que cuestione el ‘neoliberalismo por sorpresa’ del presidente, que hace lo contrario de lo que prometió en campaña |
El martes 2 de octubre,
a las ocho de la tarde, Ecuador se paralizó delante del televisor para
escuchar al presidente Lenín Moreno desgranar las principales medidas
del ya anticipado “paquetazo”. Como si se tratara de un viaje en el
tiempo, concretamente una vuelta a los años noventa, asistimos a un revival de
aquel ajuste antisocial, encabezado por el Fondo Monetario
Internacional y aplicado en el marco del Consenso de Washington, que
sumió a América Latina en la conocida como “década perdida”. El nuevo
embate neoliberal que arrasa la región (véanse las reformas en Brasil y
Argentina), y que ahora se plasma en el paquetazo de Moreno, combina las
antiguas medidas con las líneas de las reformas estructurales que se
implantaron en los países de la Unión Europea (como España o Grecia),
impulsadas por la famosa Troika (de nuevo el FMI) en el “Consenso de
Bruselas”.
La contestación no se ha hecho esperar; desde la tarde del
miércoles 3 de octubre, las calles de las ciudades del país se han
llenado de manifestantes que bajo el lema “Fuera Moreno Fuera” (y otros
mucho más creativos) claman contra las medidas. Primero los
transportistas, luego los estudiantes y, junto a ellos, el movimiento
feminista, la izquierda política, múltiples organizaciones sociales, así
como el movimiento indígena llenaron las calles el jueves, en una
protesta que se extendió en 20 provincias, con 230 concentraciones y que
se saldó (oficialmente) con 200 personas detenidas en todo el país.
La
respuesta del Gobierno fue rápida y desproporcionada, con un nivel de
violencia inaudito. De hecho, aun antes de que las protestas fueran
masivas, el jueves por la mañana, el Gobierno decidió decretar un Estado
de excepción de 60 días. Este decreto dispone la movilización en todo
el territorio nacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a
efectos de mantener el orden y “prevenir acontecimientos de violencia” y
permite la suspensión del ejercicio de la libertad de asociación y
reunión y la limitación de la libertad de tránsito. Como viene siendo
habitual en los últimos tiempos de este cambio de ciclo en América
Latina, nada de esto ha sido reflejado por los medios de comunicación,
cuyas portadas han pasado de calificar la movilización como una protesta
exclusivamente de transportistas a llamar a los manifestantes
“golpistas” y vándalos. Todo lo contrario, en realidad, las calles de
Quito, como las de otras ciudades, se han llenado de personas indignadas
que se manifestaban contra un brutal ajuste antisocial.
La
aplicación del ajuste ha sido la crónica de una muerte anunciada. Las
medidas, que estaban ya escritas en el acuerdo con el FMI y que ahora se
han plasmado en un borrador de proyecto de ley, pueden dividirse en dos
grandes grupos. Por un lado están las que se orientan al asalto directo
a las arcas del Estado, disminuyendo los ingresos públicos. Entre ellas
se encuentran las exenciones fiscales, las deducciones al impuesto de
la renta para grandes capitales o la amnistía fiscal. No es la primera
vez que Moreno acomete este tipo de medidas, pero ahora las lleva más
lejos. Por otro lado, las reformas se orientan directamente a la merma
de derechos sociales de la mayoría de la población, a través de dos vías
fundamentales, la primera, el adelgazamiento al máximo del Estado, con
la reducción de la Administración pública y del número de funcionarios
públicos; la segunda, el recorte directo de los derechos laborales en el
ámbito público y privado. Junto a todas estas medidas, la primera que
ha entrado en vigor, la más combatida, y la que sin duda tiene un
impacto generalizado ha sido la eliminación del subsidio a los
combustibles.
Para entender el contexto en el que se implanta el
“paquetazo” es importante tener presente que, desde el inicio de su
mandato, el Gobierno ha adoptado una serie de decisiones en la línea de
las anteriores, abonando el terreno para una macrorreforma como la que
ahora se anuncia. Medidas como la precarización del trabajo sector a
sector, las reformas fiscales para reducir impuestos a los inversores
extranjeros y grandes empresas –que ya han supuesto una pérdida para las
arcas del Estado del 1,2 % del PIB–, el despido de funcionarios
públicos, la supresión de ministerios u organismos de coordinación
política, la reducción de la presencia de la Administración en el
territorio, han sido aplicadas sin freno, sumiendo a Ecuador en un
Estado de reforma permanente y en un empobrecimiento progresivo. De
hecho, tanto la tasa de pobreza como la de pobreza extrema han ascendido
dos puntos entre junio de 2017 y junio de 2019 y el empleo público,
sostén de los servicios fundamentales de educación y sanidad, se sitúa
de nuevo en niveles de 2007.
El ajuste actual sigue el camino
marcado con un objetivo clave: la brutal devaluación del trabajo y la
destrucción del Estado como prestador de servicios públicos. De hecho,
en su anuncio del martes, el presidente abonó un discurso peligroso (no
desconocido en otros países) como es la criminalización de los
funcionarios públicos. En concreto, se vanaglorió de haber despedido a
23.000 funcionarios y de haber rebajado un 20% el salario a cientos de
ellos. En la misma línea, el jueves por la mañana el ministro de
Economía informó del despido inminente de 10.000 funcionarios. Sobre
esta reducción, el Gobierno promueve la culpabilización del
funcionariado, a quien acusa de ostentar una suerte de bienestar
inmerecido, por lo que van a aplicarles una reducción de 15 días de
vacaciones y van a proceder a la confiscación de un día de salario por
cada mes (lo que equivale de facto a reducir los días de vacaciones en
el sector público de 30 a 4 y a imponer, como señalan algunos
economistas, un “impuesto” al trabajo). Además, para precarizar sobre lo
ya precarizado, los contratos temporales que se renueven en la
Administración lo harán con un 20% de reducción salarial. El objetivo de
estas medidas, reconocido en el texto del acuerdo con el FMI, es
reducir los salarios del sector público para arrastrar a la baja los del
sector privado, con una doble finalidad: aumentar la oferta de mano de
obra capaz de aceptar peores condiciones de trabajo y reducir las
capacidades de los servicios públicos para obligar a la población a
acudir al sector privado. En palabras de Lenín Moreno, “el país necesita
mayor entrega de sus funcionarios en beneficio de los más pobres”. Lo
que no dice el presidente es que estas medidas se acompañan de la
reducción de impuestos para los grandes capitales.
Los
trabajadores del sector privado tampoco se han librado de las medidas de
ajuste. Según el borrador del decreto que ha circulado, el Gobierno va a
lanzar nuevas modalidades de contratación temporal sin causa, que
permiten a los empresarios utilizar la temporalidad como vía fundamental
de contratación, acabando así con el principio de estabilidad en el
empleo. Además, por decreto, el Gobierno pretende reforzar los poderes
del Ministerio de Trabajo para regular las “jornadas especiales de
trabajo”, es decir, la posibilidad de trabajar durante toda la semana
sin recargo salarial. Es llamativo, por ejemplo, la clara inobservancia
de los compromisos de Ecuador con la OIT, que se plasma en la regulación
del teletrabajo. Al respecto, el borrador de decreto señala que “el
empleador podrá ejercer labores de control y dirección remoto frente al
teletrabajador, salvo en las ocho horas de descanso obligatorio,
que si no han sido previamente convenidas, se entiende que transcurren
entre las 22.00 horas y las 06.00, tiempo en el que opera el derecho a
la desconexión”. La garantía de 12 horas de descanso entre jornada y
jornada pasó a la historia. Por añadidura, el decreto abre la vía a la
privatización de la Seguridad Social, haciendo más complejo el modelo de
jubilación.
Ante estas medidas, la indignación crece en el país y
cada vez son más las personas que convocan en redes a sostener la
movilización. Las consignas evolucionan y cobra forma la idea de que no
basta con que se retiren los decretazos, ni siquiera con que Lenín
Moreno abandone el cargo y asuma el poder el joven vicepresidente
apoyado por las derechas y con apellido impronunciable. Lo que la gente
pide es la apertura de un proceso político democrático donde se
cuestione este “neoliberalismo por sorpresa”, traído por un presidente
que gobierna en sentido totalmente contrario al programa que propuso en
elecciones. La senda de Argentina es contagiosa y el pueblo ecuatoriano
está indignado.
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Adoración Guamán
es profesora titular de Derecho en la Universitat de València y
profesora invitada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
FLACSO-Ecuador.
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