Palacio de gobierno y congreso, bajo fuerte custodia
La Iglesia llama al diálogo
Los empresarios condenan el golpe a la Constitución que dio el gobernante
▲ Manifestación de respaldo al mandatario peruano el lunes por la noche afuera del Congreso, en Lima.Foto Ap
▲ Martín Vizcarra, presidente de Perú, durante el anuncio de la disolución del Congreso, el lunes pasado, desde el Palacio de Gobierno, en Lima.Foto Ap/Oficina de prensa de la presidencia peruana
Lima. El presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianzó ayer en el poder tras disolver el Congreso, medida apoyada por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, y rechazada por el propio Legislativo, de mayoría opositora, que en respuesta tomó protesta a la vicepresidenta Mercedes Araoz como gobernante interina.
El choque de trenes ocurrió luego de que tras disolver el Congreso, controlado por la oposición fujimorista del partido Fuerza Popular, Vizcarra, de la formación Peruanos por el Kambio, indicó que convocaría a elecciones el 26 de enero de 2020, apegándose al plazo que establece la Constitución.
Diputados de la oposición acusaron al gobernante de dar un autogolpe de Estado y la noche del lunes el Congreso declaró la vacancia temporal del Ejecutivo nombrando como presidenta interina a la vicemandataria Araoz, quien renunció anoche.
Fuerza Popular es el partido de Keiko Fujimori, hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori y quien actualmente está en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Vizcarra, quien asumió el 23 de marzo de 2018, fue vicepresidente del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió tras 20 meses en el poder por su involucramiento en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
El clima de tensión se centró la jornada de ayer en el Palacio de Gobierno y el Congreso, que ayer estaban fuertemente custodiados por la policía.
La moneda peruana cerró ayer en su menor nivel en un mes y el índice selectivo de la bolsa limeña sufrió su mayor baja en 22 meses como consecuencia de la inestabilidad que reina en el país que, al parecer, tiene dos jefes de Estado.
La organización de empresarios privados, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas expresó su enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático perpetrado por el presidente, que ha sumergido al país en una grave incertidumbre.
A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático.
El lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya postura es rechazada por casi 90 por ciento de la ciudadanía, según sondeos.
Vizcarra lanzó el domingo un ultimátum al Congreso al advertir que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que el proceso estuviera dominado por la oposición.
El Congreso hizo caso omiso de la petición del mandatario y tras el decreto de disolución respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia, por motivo de incapacidad temporal como un primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a Araoz, quien se distanció del mandatario.
Fue la tercera vez en menos de un año que el Congreso negó al Ejecutivo ejercer un voto de confianza. Vizcarra argumentó que el proceso de elección de jueces era poco transparente. La Constitución peruana prevé que el presidente está facultado para disolver el Congreso si se le niega en tres ocasiones ejercer un voto de confianza.
Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales, así como de la Asociación de Alcaldes.
Vizcarra ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir fondos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht.
Estos mandatarios, acusados de recibir sobornos y apoyos de campaña ilícitos de dicha empresa son, además de Kuczynski: Ollanta Humala, quien gobernó de 2011 a 2016, Alejandro Toledo, mandatario de 2001 a 2006, y Alan García, quien tuvo dos mandatos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Este último se suicidó el 17 de abril de un disparo en la cabeza cuando estaba a punto de ser arrestado en su domicilio y dejó una carta en la que proclamaba su inocencia.
En un mensaje a la nación Vizcarra sustentó su decisión diciendo que el cierre del Congreso busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando desde hace más de tres años.
Sostuvo que su iniciativa busca dar paso a una nueva elección parlamentaria, y que sea finalmente el pueblo el que decida a quién da la razón, si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto, o si le da la razón al Ejecutivo, eligiendo una nueva mayoría.
Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori encabezó lo que fue calificado de autogolpe y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Vizcarra, en cambio, invocó la Constitución para dar este paso.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por el uruguayo Luis Almagro, apremió al Tribunal Constitucional de Perú a pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, y aconsejó que la polarización política sea resuelta por el pueblo en las urnas.
Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo con la ley.
Los legisladores cesados no pueden postularse a la relección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios. El congresista Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos en el aeropuerto de Lima cuando presentó su pasaporte oficial, pues ahora debe tramitar uno ordinario.
Araoz, economista y ex ministra del difunto Alan García rindió protesta la noche del lunes por el jefe del Congreso, Pedro Olaechea, pero anoche se informó de su dimisión.
Ayer, la política dijo que ha tenido conversaciones informales con algunos organismos internacionales como la OEA, para ver el camino más adecuado para salir de la incertidumbre, pero no dio detalles.
Indicó que le encantaría poder hablar con Vizcarra, pero que no ha podido pues el mandatario dio la instrucción de que no se le permita el ingreso al Palacio de Gobierno.
De realizarse las elecciones en enero, el mandato de los nuevos legisladores culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra.
La crisis política en Perú se gestó hace tres años, cuando el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori en las elecciones.
Aunque perdió la presidencia, el partido de Keiko Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018 por acusaciones de corrupción.
Ap, Afp y Xinhua
Periódico La Jornada
Miércoles 2 de octubre de 2019, p. 27
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