Las Dos Orillas
A principios de la
década del 2000 descendían tantos muertos por los ríos de Colombia como
consecuencia de las masacres paramilitares, que algunos cadáveres
terminaban en las orillas de los desahuciados puertos fluviales. Eran
tantos y tan continuo su inerte peregrinar, que muchos habitantes de los
pueblos ribereños enfermaron, sobre todo los niños. El cuadro
involucraba fiebre, dolor de cabeza y nauseas; y en norte de Santander
los habitantes de uno de esos puertos bautizaron al extraño contagio
como cadaveritis.
Entre los años 1998 y 2005 se estableció
en Colombia la paramilitarización de la sociedad y las instituciones. El
infierno se instaló en las zonas rurales, las plazas de los pueblos
fueron convertidos en centros de tortura y muerte contra sus moradores,
acusados de ser colaboradores, simpatizantes o integrantes de la
guerrilla, y sus cuerpos lanzados a los caimanes, a los ríos, o
calcinados en hornos crematorios.
Los medios, silenciaban los
hechos, eludían los motivos y exculpaban a los autores. De esa manera
encubrían la danza macabra paramilitar y el tormento en el campo
colombiano. Al igual que hoy, las únicas fuentes periodísticas de RCN y
Caracol, eran la Casa de Nariño y las autoridades civiles o militares de
las regiones afectadas, muchos de ellos vinculadas a las masacres
mismas.
El terror de Estado se conformó a partir de relaciones y
pactos entre paramilitares, políticos, empresarios, terratenientes,
industriales, comerciantes, comunicadores, organismos de seguridad del
Estado, militares y narcotraficantes.
El paramilitarismo invadió
los tres poderes públicos, instituciones financieras, alcaldías y
gobernaciones. Al tiempo que formaban a sus huestes en escuelas de
descuartizamiento, donde se les instruía -como consta en el expediente
del paramilitar Francisco Villalva- con “personas de edad que
llevaban en camiones, vivas, amarradas (…) Se repartían entre grupos de a
cinco (…) las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza…
descuartizarlas vivas”.
Llevando la Doctrina de
Seguridad Nacional al grado más extremo, la ola de terror paramilitar se
extendió por todo el país; masacres como las de San José de Urabá,
Segovia, Remedios, La Gabarra, Trujillo, Dabeiba, Ituango,
Barrancabermeja, El Tigre, Curumaní, Tierra Alta, Tibú, El Tarra,
Buenaventura, Naya, Chengué y las más de 1.200 que ejecutaron los
paramilitares, se realizaron en su gran mayoría auspiciadas por el poder
político con la participación y confabulación de las fuerzas militares.
El
recorrido de la muerte arribó también a Mapiripán (Meta) entre el 15 y
el 20 de julio de 1997. Paramilitares venidos de Antioquia y San José
del Guaviare, en complicidad con la Brigada Móvil 2, lista en mano
asesinaron a más de 50 de sus habitantes, en un suplicio que duró seis
días. Algunas de las víctimas fueron degolladas, otras desmembradas, las
mujeres violadas antes de matarlas y los cuerpos arrojados a las aguas
del río Guaviare.
En el corregimiento del Salado, en febrero de
2000, los paramilitares asesinaron a 60 habitantes indefensos, y
desplazaron 4.000, tras dos días de tortura y muerte selectiva,
reunieron a la población en la plaza principal y mientras los verdugos
tocaban gaitas, tamboras y acordeones, asesinaron a 28 personas más.
Pocos días después de la masacre Carlos Castaño sería entrevistado como
gran señor de la guerra contrainsurgente, en horario estelar por Darío
Arizmendi de Caracol Radio.
Sería hasta el año 2006 que explotaría el escándalo de la Parapolítica; la
alianza entre sectores del poder económico y político del país con el
paramilitarismo. Todos los partidos de la coalición con los que gobernó
Uribe Vélez estuvieron involucrados en dichas alianzas. El Congreso en
su gran mayoría parapolítico, legislaba para el control territorial y de
economías ilegales por parte de los paramilitares de las AUC. Estas a
su vez garantizaban en la regiones el triunfo de sus socios políticos.
Con las masacres desarrollaban su papel en la guerra contrainsurgente y
“despejaban” las regiones colombianas para que poderosas empresas
extranjeras o nacionales usurparan las tierras para producir palma o
desarrollar megaminería.
Partidos como el antiguo PIN (Partido de
Integración Nacional), que en razón a la parapolítica tuvo a la mitad de
sus congresistas en la cárcel, lo que los obligó a cambiar su nombre al
de Opción Ciudadana, contaba entre sus filas con Miguel de la
Espriella, quien confesó el llamado Pacto de Ralito, un acuerdo para
“refundar” la patria que firmaron varios congresistas con jefes
paramilitares.
A ese mismo partido perteneció el exsenador Álvaro el gordo
García Romero, a quien la justicia señaló de determinador de la masacre
de Macayepo, perpetrada por paramilitares el 14 de octubre de 2000,
donde con piedras y garrotes un grupo de 80 paramilitares del grupo
“Héroes de Montes de María” asesinó a 15 pobladores.
Hoy en el
ocaso de la segunda década del siglo XXI, las regiones dejadas por Farc,
tras el acuerdo de paz, sí vienen siendo copadas por el Estado, pero
por uno de sus instrumentos más atroces, el paramilitarismo, en un nuevo
y acelerado proceso de control social territorial, a la par que los
parapolíticos y sus herederos continúan haciendo política.
De la
misma forma como Turbay Ayala, declaró en los años 80, que en Colombia
no habían presos políticos, y que el único era él, mientras los
calabozos de las brigadas militares se abarrotaban de prisioneros
torturados; o como veinte años después, cuando más arreciaba la guerra
en el marco del “Plan Patriota”, el por ese entonces presidente Uribe
Vélez aseguraba que en Colombia no existía conflicto armado; hoy los
organismos de control soslayan la expansión paramilitar y reducen a
“líos de faldas” o vendettas, el más que evidente plan de exterminio de líderes sociales y excombatientes de Farc en toda Colombia.
Los líderes sociales que protegen y defienden el territorio,
que proponen límites y controles ambientales para la explotación industrial
continúan siendo asesinados día tras día
Pero no basta ocultar la soga para que desaparezca el ahorcado;
los líderes sociales que protegen y defienden el territorio, que
proponen límites y controles ambientales para la explotación industrial,
que subordinan los intereses particulares de las empresas al patrimonio
ambiental, los líderes campesinos que luchan por recuperar la tierra
despojada por paramilitares, gamonales y políticos delincuentes, los
dirigentes que defienden los derechos humanos, que movilizan a la
sociedad en defensa de los derechos sociales, económicos y políticos de
los colombianos; continúan siendo asesinados, día tras día.
Pero
el actual Gobierno, ovacionado por los grandes empresarios, no logra
ocultar su desprecio hacia el pueblo colombiano y son solo los intereses
de las empresas transnacionales los que al parecer está decidido a
defender con firmeza. No importan variables ambientales, derechos
humanos, si son obstáculo para el crecimiento frenético de la economía
de la élite a la cual solo la impulsa un credo, la catalaxia y un dios:
el mercado autorregulado, como centro de una sociedad controlada por la
ocupación militar y paramilitar, y que gradualmente recompone su templo,
el autoritario Estado social de derecha.
Fuente original: https://www.las2orillas.co/estado-social-de-derecha/
No hay comentarios:
Publicar un comentario