IPPDH
Adital
Desde marzo de 2007 los Estados Partes
y Asociados del MERCOSUR cuentan con la Declaración sobre justicia
penal juvenil que fue aprobada en la XXXIII Reunión Ordinaria del
Consejo del Mercado Común.
En dicha
declaración, los presidentes y las presidentas expresaron su profunda
preocupación ante las recurrentes iniciativas que pretenden aplicar a
los adolescentes en conflicto con la Ley, el régimen penal de adultos
desde edades cada vez más tempranas.
La
declaración concluye que "cualquier intento de disminuir la edad penal
y aplicar el régimen de adultos a los adolescentes, implicaría, de
concretarse, un muy preocupante retroceso en materia de protección de
derechos humanos para la región del MERCOSUR”.
Ya en el 2007,
esta situación fue objeto de un atento estudio y reflexión por parte de
todas las delegaciones asistentes, las cuales expusieron los esfuerzos,
propuestas, medidas concretas y políticas públicas que están impulsando
y adoptando diversos ministerios y servicios para articular, juntamente
con otros poderes públicos y actores de la sociedad, una respuesta
integral a la problemática de los/las adolescentes en conflicto con la
Ley, que resulte compatible con las obligaciones y compromisos
internacionales asumidos por los Estados, en particular con la
Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las
Naciones Unidas, eficaz marco jurídico de protección de todos los
niños, niñas y adolescentes.
El documento
reitera los principios rectores en la materia que surgen del derecho
internacional de los derechos humanos, en especial de la Convención
sobre los Derechos del Niño, los cuales consagran un régimen de
responsabilidad juvenil que tiene entre otros, las siguientes
características:
• Respeto irrestricto de garantías procesales y sustantivas.
• La absoluta
excepcionalidad de la privación de libertad, su utilización sólo para
los delitos más graves taxativamente enumerados, por el menor tiempo
posible y determinado.
• Urgente
implementación de un sistema de justicia restaurativa o reparadora con
un fuerte componente pedagógico, con sanciones no privativas de la
libertad, con fines eminentemente socio-educativos, que prevea entre
otras medidas, la reparación del daño causado, prestación de servicios
a la comunidad y la libertad asistida.
El Secretario
Ejecutivo del IPPDH, Paulo Abrão señaló que la aprobación de la
reducción de la edad penal no es la solución para la reducción de la
violencia y coloca al Brasil y a cualquier otro país que busque este
enfoque de normativa, en situación de incumplimiento de los compromisos
de derechos humanos asumidos ante el MERCOSUR.
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