Adital
El sistema electoral de Guatemala mantiene
hoy las puertas abiertas al financiamiento ilícito de partidos políticos,
muchas veces mantenidos con recursos que se originan en grupos criminales. El
alerta es de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) del país,
que acaba de lanzar el informe "El financiamiento de la política en Guatemala”.
El documento explica de qué manera la relación entre el dinero y las siglas
políticas moldean un Estado corrupto y prioritariamente de interés privado.
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| Movida por casos de corrupción en el Estado, la población hizo la mayor protesta popular de la historia de Guatemala en abril de este año. Foto: Reproducción. |
Con la presencia de representantes
de diversos sectores de la sociedad guatemalteca, en la capital, ciudad de
Guatemala, el pasado 16 de julio la CICIG abordó la relación entre dinero y
política, el sistema político-electoral del país y sus canales de
financiamiento. Una de las conclusiones del estudio es que ese contexto se
caracteriza principalmente por la falta de transparencia y por la ilegalidad,
en torno de una finalidad común y compartida entre varias instancias: el
enriquecimiento propio.
Según la CICIG, un enmarañado de
instituciones, empresas constructoras, organizaciones no gubernamentales,
fundaciones y otros tipos de entidades canalizan recursos con destino a
campañas electorales y políticas. El objetivo es obtener favores en la
destinación de los recursos públicos.
Así, se constata que en muchos casos
la capacidad de influir en las decisiones públicas es directamente proporcional
a los recursos que personas y/o grupos de interés pueden movilizar. "Esto
abarca desde influir en políticas económicas (...) hasta procesos judiciales”,
señala la Comisión.
El financiamiento privado, alerta la
CICIG, opera en torno de dos motivaciones: pragmática e ideológica. La primera
respondería al interés de obtener beneficios directos de los recursos públicos
y se ve en las elecciones una oportunidad para asegurar futuros negocios,
considerando al candidato como una inversión. Poco regulada y obscura, este
tipo de operación genera riesgos directos a la democracia en el país.
De acuerdo con el documento, el 25%
del financiamiento de la actividad política proviene de estructuras delictivas,
sobre todo del narcotráfico. Otros 25% se originan en el sector privado y los
50% restantes proceden de instituciones estatales. "Los recursos públicos
financian la política, pero por la vía de la corrupción”, afirma el jefe de la
CICIG, Iván Velásquez. "El crimen organizado está directamente vinculado. Son
estructuras dedicadas al narcotráfico que han penetrado la política y la
institucionalidad pública mediante el financiamiento de campañas electorales”,
agrega.
En el informe se alerta sobre la estructuración del Estado en torno del interés privado. Foto: Reproducción.
La entidad señala que una cuestión
que agrava todavía más ese cuadro es la impunidad electoral. La ausencia de
denuncias, investigaciones, capturas, juzgamientos y resoluciones que penalicen
a los involucrados en ese tipo de delito es responsable de que del 95% al 100%
de los casos no reciban ningún castigo.
Para Velásquez, hay un riesgo para el
orden social de que las personas que concentran el poder económico posean
también el poder político, organizando el Estado en torno de personas y no de
proyectos. En ese sentido, propone la realización de campañas electorales por
un período más corto de tiempo y que movilicen menos recursos financieros,
apoyado por una reforma en la Ley Electoral y de Partidos Políticos presentada
por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Además de esta reforma, la
CICIG recomienda que se deben limitar las campañas electorales, reducir el
financiamiento privado y fortalecer la coordinación institucional del sistema
electoral.
Para Catarina Soberanis,
coordinadora de la Unidad de Análisis Estratégica del Programa de las Naciones
Unidades para el Desarrollo (PNUD), el informe de la CICIG contribuye a
desentrañar algunas de las causas del incumplimiento de las responsabilidades
del Estado para con la sociedad. "Demuestra la forma en que el financiamiento
político estimula procesos colectivos y el desvío de los recursos del Estado hacia
intereses particulares en detrimento del bien común”, afirma.
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