Análisis de la figura del cese al fuego bilateral en el actual contexto de los Diálogos de Paz y el conflicto armado en Colombia
Contexto y panorama político de Colombia en el inicio de la Mesa de Diálogo de La Habana
Durante el desarrollo de los procesos de diálogo que se han dado desde
la conformación de la insurgencia en la década de 1960 del siglo XX, el
Cese al Fuego Bilateral ha estado como uno de los ejes nodales de las
conversaciones en relación a la terminación de la confrontación armada,
así como la discusión entorno al indulto y la amnistía.
Amén de estos requerimientos de los procesos, se encuentran las
exigencias para transformaciones sociales que la insurgencia ha logrado
introducir en las diferentes agendas a lo largo de la historia de los
intentos de salida negociada al conflicto social y armado que vive
nuestro país.
A pesar de que la inclusión de temáticas
como la reforma agraria integral, la participación política de los
sectores excluidos o reformas estructurales al Estado y al modelo
económico han estado dentro de las agendas, la posición del Estado
colombiano ha sido siempre reticente frente a las mismas y ha sido la
insurgencia quien ha insistido en poner de presente dichas temáticas
para lograr un acuerdo de paz. No obstante, el Estado ha reconocido
durante los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria
(1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002) y el actual gobierno de Juan
Manuel Santos (2010-2018), la necesidad de abordar las reformas
estructurales que necesita Colombia, reconociendo parcialmente el
estado de cosas por las cuales se presentó el alzamiento en armas de
los campesinos en Marquetalia en 1964 [3] -en lo que serían
luego las FARC-EP- y de los campesinos y estudiantes universitarios en
Simacota, Santander –lugar de fundación del Ejército de Liberación
Nacional, ELN- causas estructurales del conflicto colombiano que
permanecen en el tiempo y que el Estado no ha podido resolver.
En algunos momentos, el cese al fuego unilateral por parte de las
guerrillas ha sido exigido por los gobiernos colombianos como una
condición para pactar cualquier tipo de escenario de desmovilización y
reintegración a la vida civil de los combatientes. Generalmente esta
exigencia ha omitido el carácter de actor político alzado en armas de
la insurgencia, viendo la problemática en Colombia no como producto del
desarrollo de un conflicto social y armado, sino desde la perspectiva
de una fuerza al margen de la ley alzada en armas, que debe tener
tratamiento de ejército ilegal o aún, en el período más sangriento de
la historia reciente del país (gobierno de Álvaro Uribe Vélez,
2002-2010) como una “amenaza terrorista contra una democracia estable y
legítima” [4].
Desde la llegada al poder de Juan
Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Uribe Vélez en su segundo
mandato (2006-2010), se esperaba que fuera la misma política de Estado
la que se desarrollara desde la Casa de Nariño con respecto al
conflicto. Es más, los más duros golpes contra la insurgencia armada de
las FARC-EP, fueron precisamente con Santos como Ministro de Defensa
(muerte a los comandantes del Secretariado Mayor, Raúl Reyes en
territorio ecuatoriano, Iván Ríos, Jorge Briceño y su máximo
comandante, Alfonso Cano, todos actos de guerra en condiciones
infrahumanas, violando el Derecho Internacional Humanitario). La
elección de Santos por el Partido de la U (centro derecha) en 2010, por
encima de Antanas Mockus del Partido Verde (centro), se consideró en la
opinión pública como una votación que refrendaba la política
guerrerista de su antecesor, denominada con el eufemismo de seguridad democrática.
No obstante, poco después de su posesión, Juan Manuel Santos empezó un aparente proceso de desmarcaje político
(que nunca económico) con el gobierno anterior, nombrando a Germán
Vargas Lleras (del centroderechista Partido Cambio Radical y mediático
“enemigo” de Uribe Vélez) como su Ministro del Interior, a Rafael Pardo
(del tradicional Partido Liberal y tibio opositor del Gobierno
anterior), así como algunas medidas contrarias a lo realizado por Uribe
Vélez durante la larga noche de los ocho años de su Gobierno.
Desde el punto de vista político, el Gobierno Santos llamó a la Unidad
Nacional (otro de los eufemismos de la clase dirigente colombiana)
alrededor suyo, esto era: La alianza política entre los principales
partidos políticos de centro y centro derecha en torno a una agenda
legislativa particular. Así, contó con el apoyo inicial de los
tradicionales Partido Conservador, del Partido Liberal, así como de sus
escisiones: El Partido de la U (creado por Liberales en torno a la
figura de Uribe Vélez), Cambio Radical (creado por algunos disidentes
del Partido Liberal) y algunos apoyos del centrista y aún parvulario en
ese momento Partido Verde.
La primera gran incidencia de
esta jugarreta política que significó un cambio drástico en la manera
de tratar el tema de la guerra en Colombia por parte del Ejecutivo,
tuvo que ver con la promulgación de la Ley 1448 de 2011, o Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras [5] . En dicha Ley, que fue
trabada y negada por el gobierno anterior, se establece y se reconoce
por parte del Estado colombiano la existencia de un conflicto armado
cuyas bases están sentadas sobre lo social y lo político, lo que en
consecuencia, reconocía a la insurgencia como un actor político alzado
en armas.
Esto, en definitiva, marcó la primera gran
ruptura entre el Gobierno Uribe y el de Santos y desde allí, el ex
presidente inició una mediática y meliflua oposición, desmarcándose
totalmente de su antecesor, al menos desde el punto de vista mediático
y de apoyo político, puesto que desde el punto de vista macroeconómico,
existen pocas diferencias reales entre uno y otro gobierno [6].
Pero tras la Ley de Víctimas, el siguiente paso importante de
diferenciación entre uno y otro dirigente fue el inicio de las
conversaciones [7] con la insurgencia de las FARC-EP en La
Habana anunciado por el gobierno de Santos en agosto de 2012, con una
Agenda concreta de cinco puntos (Desarrollo Agrario Integral,
Participación Política, Fin del Conflicto, Víctimas y Cultivos de uso
ilícito) que se denominó “Acuerdo General para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” [8] .
Dicha Agenda se constituye sin duda como el avance más claro que se ha
tenido entre el Estado colombiano e insurgencia a lo largo de la
historia de los procesos de paz desde 1982 a la actualidad.
Fin del conflicto y cese al fuego bilateral y definitivo
A la fecha de hoy, se han entregado ya los avances parciales de la Mesa
de Diálogos de La Habana sobre tres de los cinco puntos acordados: lo
referente a Política de Desarrollo Agrario Integral, Participación
Política y el Problema de los Cultivos de uso Ilícito.
Sin embargo, en dicho marco la premisa fundamental ha girado entorno a
que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, lo que quiere
decir que “los acuerdos que hemos ido construyendo están condicionados
a que lleguemos al Acuerdo Final sobre la totalidad de la Agenda y,
también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan
ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos ya
que todos están interrelacionados” [9] . En términos prácticos,
esto ha significado una renuncia por parte del Gobierno a declarar
acciones tendientes al cese al fuego, a pesar de las treguas
unilaterales de las FARC-EP, la renuncia a la práctica de la retención
o secuestro y la declaratoria de dicha guerrilla de no incorporar en
sus filas a menores de 17 años que han sido considerados como acciones
claras tendientes a desescalar la confrontación.
Al
encontrarse avanzados tres de los cinco puntos, el Gobierno ha optado
por dejar el cese al fuego bilateral y definitivo para la discusión del
punto tercero sobre Fin del Conflicto, negándose a la petición de
diversos sectores sociales, especialmente en las zonas más afectadas
por el conflicto [10].
Se establece entonces una
Mesa de Diálogo sujeta a los diferentes momentos que se puedan
presentar en la dinámica de la confrontación armada y dejando a un lado
la exigencia histórica de las comunidades que han tenido que vivir en
medio de la guerra y las cuales han terminado por ser involucradas en
la misma, violando claramente sus Derechos Humanos y atentando contra
el Derecho Internacional Humanitario. Algo que en medio de la guerra
podría verse como lo más lógico, pero que, en definitiva, no se logra
dimensionar en medio del desarrollo de la Mesa de La Habana. La
responsabilidad de esta violación sistemática de los Derechos Humanos
en esta confrontación recae en la parte de la Mesa que no ha querido
parar la guerra ni bajar su intensidad, bajo el principio que el
presidente Santos no se cansa de repetir: “Hay que combatir el
terrorismo como si no existiera proceso de paz y persistir en la
búsqueda de la paz como si no existiera el terrorismo” [11] , y
que las FARC han declarado su rechazo vehemente a dicha tesis mediante
diversos comunicados en los que insisten en la declaratoria del Cese
Bilateral [12].
El panorama entonces parece claro
frente al tema: Una política de Estado que no quiere avanzar en un cese
de hostilidades y una insurgencia que exige de manera repetitiva la
realización de un acuerdo a la brevedad respecto al tema. A su vez,
unos sectores políticos ligados a poderes tradicionales y guerreristas
que trabajan seriamente por entorpecer los avances del proceso y
presionan para no permitir el cese al fuego; y unas comunidades
organizadas que viven directamente la dinámica del conflicto que
trabajan por la exigencia de la declaratoria de un cese al fuego
bilateral desde sus regiones [13].
Derecho Internacional Humanitario y el conflicto en Colombia
El principio de distinción, de proporcionalidad, persona protegida,
bienes indispensables para la supervivencia, bienes protegidos y trato
humano, principios del Derecho Internacional Humanitario, han llegado a
ser violados como una práctica recurrente y sistemática del Estado
(según se ha analizado por varios trabajos académicos [14] ),
además de la insurgencia, quienes manifiestan son efectos colaterales
de la guerra. El DIH es entendido como un marco jurídico internacional
que pretende humanizar la guerra, en algunos casos, ha sido utilizado
por el establecimiento para generar indignación contra la insurgencia
en la población y sus acciones en los territorios, ocultando y
desconociendo las situaciones donde las Fuerzas Militares junto con la
Policía infringen cualquier principio. Se condiciona el discurso según
el momento, sobre el trato a la guerrilla como una amenaza terrorista y
no como una acción cometida en el marco del conflicto armado que vive
Colombia, el cual ha sido reconocido por el Estado. Asistimos a una
contradicción por parte del gobierno que raya con la esquizofrenia:
mientras trata a la insurgencia como actor político en La Habana, en el
territorio colombiano se los trata como terroristas.
Es
claro que avanzar en la Mesa en medio de la guerra es un contrasentido
en el momento actual de los Diálogos y lo único que genera es un
estancamiento en el avance de los acuerdos. Así queda demostrado a
partir de los acontecimientos sucedidos el 14 de abril pasado, en la
vereda La Esperanza en el departamento del Cauca, en donde murieron 11
militares a causa de la guerrilla de las FARC-EP. Aquí, el país conoció
dos versiones al respecto: una que afirma que se violó la tregua
unilateral de carácter indefinido decretada el 20 de Diciembre del 2014
por parte de dicha insurgencia, y otra donde esta acción de las FARC-EP
es realizada por un asedio que se presentaba de días atrás por parte de
tropas de la Brigada Móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército
Nacional.
A partir de estos hechos se hace necesario y
urgente poner sobre la mesa del debate público y en la Mesa de La
Habana, la necesidad de un Cese al Fuego Bilateral e indefinido, que
entorpezca el caminar de la muerte en Colombia, el cual únicamente
cambiará su dimensión drásticamente cuando la población obtenga la
justicia social y se dé vía cierta a la construcción de una paz estable
y duradera.
Es así que ante cualquier escenario de
confrontación (una asonada, una emboscada o un patrullaje) se
convertirá en una carta de juego dentro del proceso de paz (ya sea para
atacarlo o para imponer posiciones dentro de la Mesa), haciendo difícil
que el proceso no se estanque, se pause o hasta sea posible vislumbrar
su fecha de rompimiento.
Se hace necesario preguntarse
entonces ¿Qué es el cese al fuego bilateral? ¿Qué implicaciones
tendría? ¿Existe algún tipo de normatividad nacional o internacional al
respecto? Miremos un poco al respecto:
En el Reglamento
Relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, el cual se
encuentra Anexo al Convenio IV de Ginebra relativo a las leyes y
costumbres de la guerra [15] , en el Capitulo V. de la Sección II. Hostilidades, se establece que el armisticio es la suspensión de las operaciones de guerra por mutuo acuerdo de las partes beligerantes.
La violación de las cláusulas del armisticio por particulares que obren
por propia iniciativa, da derecho solamente a exigir el castigo de los
culpables. Así mismo se encuentra consignado que toda violación grave
del armisticio por una de las partes da a la otra el derecho de
denunciarlo, y aún en caso urgente, de reanudar inmediatamente las
hostilidades [16].
José Silva Santisteban (1858)
define al armisticio como la suspensión de armas, la breve cesación de
hostilidades respecto a un punto dado, o con algún urgente o
determinado objeto, siendo ilícito hacer durante el armisticio aquello
que no ha sido pactado; pudiendo ser acordado por el jefe de las
fuerzas. La tregua vendría siendo un armisticio de grandes proporciones
en cuanto a lugar y objeto, suspendiendo las hostilidades por un plazo
más o menos dilatado. Esta podría definirse en la totalidad del
territorio o en una parte, y de igual manera para toda clase de objetos
o sólo para unos determinados. Una tregua general por largo o
indeterminado tiempo suspende los efectos de la guerra (aplaza la
situación hostil), mientras que el tratado de paz remueve las causas
impulsivas de la misma.
Acontecimientos históricos del Cese al Fuego Bilateral: un repaso general
En el desarrollo de los diferentes intentos de llegar a un acuerdo que
logre acabar con la guerra en Colombia, se han establecido escenarios
de armisticios e intentos de tregua entre las fuerzas de seguridad del
Estado y la diversidad insurgente. Acontecimientos que dejan profundas
enseñanzas sobre los mecanismos de implementación, las implicaciones y
proyecciones de una tregua, además de los posibles obstáculos que se
puedan presentar.
Desde el Cese al Fuego Bilateral decretado el 28 de Mayo de 1984 [17]
en el Gobierno de Belisario Betancur, se prometieron adelantar una
serie de reformas políticas y sociales que nunca se llevaron a cabo. El
acuerdo incluía una comisión amplia que funcionara como mecanismo de
verificación del cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en
los acuerdos y un período de tregua durante un año que permitiría a las
FARC-EP y al Gobierno Nacional organizarse para materializar el acuerdo
en el tiempo. Un Cese al Fuego y Tregua que pretendía comenzar a
construir un ambiente de paz que terminara desencadenando un proceso de
apertura democrática.
El proceso del Cese al Fuego
Bilateral del Gobierno Betancur fue obstaculizado por los grandes
opositores que tuvo en el país -las Fuerzas Armadas encabezando la
lista- lo cual se evidenció en enero de 1984 cuando iniciaba la
discusión nacional frente al tema y el General Fernando Landazábal,
para entonces Ministro de Defensa, declararía que “el cese al fuego es
una cosa que las Fuerzas Militares y el gobierno no van a dar (…) hay
cosas de principios que no se pueden aceptar” [18] . La
tregua firmada con la insurgencia encabezada por Manuel Marulanda y
Jacobo Arenas, se prolongaría hasta marzo de 1986, cuando se presenta
un ataque a una estructura del Ejército en la zona amazónica en julio
de 1987, sustentada por los voceros insurgentes, como reacción a un
cerco previo a un campamento de la insurgencia (como sucedió en Buenos
Aires, Cauca en abril de este año).
Tras la creación de
la Comisión Nacional de Negociación y Diálogo que tenía como propósito
establecer acuerdos similares a los logrados con las FARC-EP con otras
agrupaciones insurgentes, según fue consignado en el carácter del
acuerdo realizado con esta guerrilla, entre el 23 y 24 de agosto de
1984 en el Cauca, en el Huila y en Antioquia, se firman acuerdos de
Cese al Fuego con el Movimiento 19 de Abril –M19-, el Ejército Popular
de Liberación –EPL-, y la Auto Defensa Obrera (ADO). La tregua firmada
con el resto de movimientos dentro de los cuales se incluía al M19,
culminó en enero de 1985.
Todo el esfuerzo que se había
realizado para el pacto de la tregua empieza a ser entorpecido por las
Fuerzas Militares, dedicadas a generar provocaciones contra los
movimientos guerrilleros (similar a como sucedió en abril del presente
año en el departamento del Cauca) y que, para el caso particular del
M19, el 10 de agosto de 1984 asesinan a uno de sus líderes en
Bucaramanga, Carlos Toledo Plata [19].
En
entrevista con la teórica marxista chilena Marta Harnecker (1989), el
dirigente del Partido Comunista Colombiano, Gilberto Vieira, rememora
al M19 como la primera organización en romper la tregua y volver a la
lucha armada con mayor intensidad. Al igual que en el M19, en el EPL
empiezan a caer sus dirigentes como el caso de Oscar William Calvo,
quien fuera el delegado de dicha guerrilla para la Comisión de Paz del
Gobierno de Betancur.
La promesa-objetivo de la apertura
democrática no solamente estaba presente en el acuerdo con las FARC-EP,
puesto que con el resto de movimientos guerrilleros el Cese al Fuego
Bilateral era el requisito fundamental para poder iniciar el estudio y
puesta en marcha de reformas estructurales necesarias para mejorar las
condiciones de vida de la población colombiana –mayoritariamente
excluida a través de la historia-, y en la cual se planteaba la
participación de la sociedad en general, como un principio básico que
exigieron siempre las organizaciones guerrilleras para avanzar en el
éxito de cualquier proceso de solución política al conflicto.
Después de la ruptura de los acuerdos entre los movimientos armados y
el Gobierno Nacional, debida entre otros aspectos a una campaña de
exterminio masivo y sistemático de asesinatos en contra de miembros de la Unión Patriótica [20] ,
se inician los diálogos de Caracas-Tlaxcala el 3 de Junio de 1991,
durante la presidencia de César Gaviria y en medio del desarrollo de la
Asamblea Nacional Constituyente [21].
También en los
diálogos de Caracas-Tlaxcala la insurgencia propendía por un cese
bilateral al fuego, sin condicionantes previos y con veeduría nacional
e internacional, propuesta que fue negada por parte del Gobierno, quien
ofrecía negociar las condiciones de inserción política a quien firmara
los requisitos para una desmovilización. Una vez más no se llegó a
ningún tipo de acuerdo y por tanto a ninguna implementación en esta
materia.
Para el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el
diálogo con las FARC-EP también se llevó a cabo en medio de la guerra,
despejando un territorio en particular para la concentración de la
insurgencia y el desarrollo de los diálogos, haciendo la salvedad que
en el resto del territorio nacional los combates se seguían
desarrollando.
Los múltiples combates que se presentaban en
medio de los demorados avances frente al crecimiento económico y el
empleo, entre otros temas de la Agenda Común para una Nueva Colombia,
fue generando una progresiva resistencia en la opinión pública nacional
alimentada por distintos sectores a la posibilidad de continuar los
diálogos en medio de los operativos militares. Derivado de esto, se
planteaba continuamente la necesidad de abordar la Mesa en relación al
Cese al fuego y de hostilidades [22] , pues se temía que en
efecto sucediera lo que se veía venir: el 20 de Febrero del 2002 el
gobierno da por terminada la Mesa de negociación a raíz de la retención
de un senador de la República por parte de las FARC-EP.
La
historia se sigue repitiendo, la insurgencia afirma que en Buenos Aires
Cauca se desarrolló un desembarco de tropas, sumado a la llegada de más
unidades militares que tenían la intención de atacar a los guerrilleros
acampados en el área, como ha sucedido en repetidas ocasiones. En
efecto es una situación que se genera a causa de un asedio militar a
los campamentos guerrilleros y que no se presenta únicamente en el
Cauca, sino en otros territorios de la geografía nacional, como el
Frente Amplio lo ha venido afirmando [23].
Una
historia de treguas invadida por una fuerte oposición por parte de
sectores políticos y armados que ha llevado a la reactivación de la
confrontación y por tanto del sufrimiento de las comunidades en el
país. Recrudecimiento del conflicto que se ha podido evitar donde
hubiese mayor control por parte del Estado sobre sus tropas, un
efectivo control y disminución (hasta su desaparición) de la amenaza
paramilitar, así como una mayor coordinación de los grupos insurgentes
(alineando estratégicamente su accionar desde lo que podría ser la
reactivación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar) disminuyendo
y enfocando el accionar bélico sobre los objetivos de carácter
netamente militar.
Implicaciones del cese al fuego bilateral
El cese al fuego bilateral implicaría que no solamente se dé la
interrupción del funcionamiento de los fusiles o el ruido del plomo,
sino que además cualquier tipo de violencia ejercida como medio de
lucha política sea utilizada por alguna de las partes. Es decir que el
Estado tendría que asumir frente a la nación el férreo compromiso en el
reconocimiento de su participación en la creación del paramilitarismo y
la permisividad con sus estructuras, eliminando el ejercicio de la
violencia política de sus prácticas cotidianas con sus agentes directos
o indirectos en la violación a los Derechos Humanos de la población.
Así mismo, como ha venido reconociendo –por primera vez en la historia-
en La Habana la insurgencia, aceptando que en el desarrollo de la
guerra y el recrudecimiento de su naturaleza, se han presentado
acciones que han dejado víctimas civiles y que están dispuestos a que
haya una reparación integral y un compromiso de la Mesa a la no
repetición de las victimizaciones de un lado ni del otro.
Será imposible alcanzar un cese al fuego bilateral mientras el Estado
colombiano no se comprometa a atacar a las grupos paramilitares y a
realizar el esclarecimiento de su estructura y funcionamiento, además
de supeditar el orden militar al orden civil, controlando así el
hostigamiento de posibles unidades de las fuerzas militares a los
grupos insurgentes, amén de las campañas subrepticias para romper con
el cese al fuego y peor aún con el proceso de paz (según lo evidencian
varios acontecimientos de la historia del país).
Es
entonces que la interrupción inmediata del reclutamiento por parte no
sólo de la insurgencia, sino de la fuerzas militares del Estado tendría
que hacerse real, para este último bajo la figura del servicio militar
obligatorio, haciendo efectivo el servicio social como una alternativa
para la construcción de un ambiente de paz, aportando cada una de las
partes su cuota de responsabilidad.
Sería necesario una
revisión de la doctrina de seguridad que se ha impartido en las fuerzas
armadas colombianas, donde los manuales ya no fueran los documentos
Santafé (I, II, III Y IV), ni las escuelas fueran la antigua Escuela de
las Américas, importando modelos extranjeros de la guerra fría. Aunque
el gobierno del presidente Santos se niegue, la creación de una
doctrina militar acorde a nuestra realidad, para la postguerra y la
construcción de un acuerdo de paz, sería necesariamente el siguiente
tema a abordar, pues las estrategias de quitarle el agua al pez, la
mancha de aceite, o la creación de un enemigo interno, entre otras
tácticas de guerra, perderán vigencia.
Una pausa en la
confrontación implicaría la búsqueda de un momento más propicio para la
acción, recomponiendo los equilibrios de la guerra y buscando una
correlación de fuerzas favorable para hablar de paz, o en el
entendimiento de la búsqueda que la lucha política o el conflicto de
grandes intereses, ya no se desarrolle bajo la herramienta sangrienta [24].
Es así que en el actual proceso de paz y el momento político en el que
este se encuentra, se vuelve necesario entender el cese al fuego
bilateral como un paso necesario en la dinámica de la guerra, en donde
la política es superior a esta, y por tanto, las aspiraciones son las
que mantienen el rumbo. Cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos inicia
el proceso de paz con las FARC-EP reconoce el carácter político del
conflicto y, por consiguiente, las motivaciones de lograr la paz no
pueden ser mas débiles que las actuaciones en la guerra, pues estaría
dejando de lado la razón por la pasión en la acción, estableciendo la
supremacía de la guerra sobre la política.
Se hace
necesario que desde el gobierno se ejerza coherencia con su
planteamiento político, que además de posibilitar el reordenamiento del
poder en el país, disminuiría la continua aparición de víctimas a raíz
de la eliminación de sólo una de sus causas, que es la guerra.
El Cese al Fuego Bilateral mediado por la participación de gobiernos y
organismos internacionales, así como de las partes y la misma sociedad
colombiana organizada, estarían encargados de coordinar y verificar su
cumplimiento, evitando cualquier tipo de suspicacia en el caso de un
“ataque militar de las partes”, como ha sucedido en el pasado causando
el rompimiento definitivo de los diálogos. Su acuerdo se ha planteado
como un imposible por parte de la delegación del gobierno nacional y
algunos sectores políticos, esgrimiendo que sólo sería factible
mediante la concentración de las fuerzas guerrilleras para posibilitar
en el control y verificación de las acciones militares que se presenten
en suelo colombiano, impidiendo el desarrollo de la mesa, pero
olvidando entonces el fundamental hecho de reducción de acciones
militares y por ende de víctimas en el territorio a partir de los ceses
unilaterales de las FARC-EP, resaltando que la discusión en la Mesa
avanzó con celeridad y éxito.
La necesidad del cese al fuego bilateral
“Decisiones de unos días pueden merecer la gratitud de los siglos”
William Ospina
Pareciera entonces que a pesar del progresivo aumento de exigencias por
parte de las gentes del común (incluso por parte de los países garantes
y acompañantes del proceso, Cuba, Noruega, Venezuela y Chile), hacia el
gobierno colombiano y a la insurgencia de decretar un cese al fuego,
los únicos que hayan escuchado hayan sido las FARC-EP, decretando
varios ceses al fuego unilaterales, mientras que el gobierno colombiano
siguiera con la intención de acabar la guerra y atacar a la población
en el campo con más bombardeos y ametrallamientos, intentando
condicionar a la Mesa [25] . Al final, como lo demuestran los
hechos recientes lo que consigue es estancar el proceso y, en un
posible resurgimiento del guerrerismo, la búsqueda de un argumento para
finalizarla.
Es claro que el cese al fuego bilateral
blindaría con mayor fortaleza el proceso de paz, pues permitiría que
este no estuviera sujeto a la confrontación, posibilitando avanzar con
mayor rapidez en las discusiones sobre las diferentes temáticas
acordadas. Al mismo tiempo, el que se acuerde, facilitaría que las
diferentes comunidades que han estado en medio del conflicto participen
activamente del proceso de reconstrucción y reconciliación nacional,
estableciéndose como el primer paso para iniciar un proceso de apertura
democrática real. Se inclinaría entonces la balanza a favor de una paz
con justicia social, alejando la posibilidad de una paz que se encargue
de continuar perpetuando la desigualdad.
Se
requiere mayor serenidad de las partes al momento de tomar decisiones
que puedan estancar el proceso de paz (como actualmente sucede), en
donde tanto el gobierno como las FARC-EP crean en él y depositen su
confianza sobre la contraparte, esforzándose por legitimarse recíprocamente [26].
A diferencia de otros procesos de paz en el mundo, Colombia ha avanzado
con mucha más celeridad, pues en más de la mitad de los temas
agendados, ha logrado abordarlos en menos de tres años, depositando
gran esperanza a los nacionales que durante tantas décadas han anhelado
un acuerdo de paz. Sin duda, la determinación de establecer una tregua
entre las dos partes, lograría destrabar el proceso, reactivar la
confianza sobre el mismo, y abordar con mayor rapidez los temas a
pactar, tomando ventaja sobre los sectores guerreristas que vuelven a
retomar vigencia.
Hay una gran diferencia entre la
Colombia urbana y la Colombia rural. Es esta última la que ha tenido
que vivir no sólo el rigor de la guerra, sino también la dureza de las
causas objetivas que provocaron su origen. Colombia, como en una suerte
de realismo mágico que raya con lo dantesco, ha tenido que ver no sólo
el desarrollo de una guerra fratricida en donde los muertos los pone el
pueblo pobre y campesino, sino que además ha tenido que soportar más de
cien años de soledad, rebatiendo con su propio destino el adagio
popular que reza sin cesar que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista.
Colombia, como dice el juglar garrotero, es un pueblo que ha demostrado con su historia que sí hay males que duran cien años y pueblos que los resisten. La
posibilidad cierta que se tiene ante los lentes históricos de terminar
la guerra mediante un acuerdo que busque superar las causas
estructurales que lo generaron, no puede ser echada por la borda por
oscuros intereses que se han visto beneficiados por el estado precario
de justicia social. El cese al fuego bilateral, la construcción social
de ese acuerdo, es la llave que nos permitirá abrir la puerta no sólo
del fin del conflicto, sino del inicio de una nueva era en Colombia.
Adenda Coyuntural
Es claro que el desarrollo de la guerra en Colombia es un proceso de
alta dinámica y una conflictividad propia de este tipo de sucesos
históricos. Más aún en los momentos que vive el país con relación al
desarrollo de la Mesa de La Habana posterior al fin de la orden
presidencial de la suspensión de los bombardeos y del fin del cese de
actividades ofensivas por parte de la insurgencia: las convulsiones van
tanto por el lado de los Diálogos (declaraciones conjuntas,
unilaterales, entrevistas a los medios masivos y alternativos, avance o
retraso en la concreción de los acuerdos), como por el lado de la
guerra misma (ataques de la insurgencia, bombardeos por parte de las
Fuerzas Militares, aumento del número de víctimas así como de
combatientes).
El reciente informe del portal Verdad Abierta, Mapa de un país sin tregua [27]
es ilustrativo en cuanto a dilucidar el efecto positivo del cese
unilateral de las FARC-EP durante cinco meses, así como del aumento de
los hechos violentos a partir de la declaratoria del fin de dicha
tregua. Por un lado, las cifras del conflicto durante el cese
unilateral bajaron a niveles que sólo se registran en la década de los
80, cuando el conflicto tenía una intensidad mucho menor y en medio de
los procesos de paz. Según cita el informe, “[d]urante el anterior cese
unilateral de las Farc, "los niveles de enfrentamientos armados
disminuyeron hasta niveles no vistos desde los años 80", explicó la ONU
citando informes de varios analistas”. A cambio de esto, “cuando las
Farc lo dio por terminado, el país volvió a sentir la guerra en toda su
intensidad”. Y rememora además que “[c]ontrario a lo que cualquiera
podría pensar, en el primer mes del recrudecimiento de la guerra las
Fuerzas Militares realizaron menos acciones que durante los últimos 30
días de la tregua unilateral”, lo que muestra que la acción de las
Fuerzas del Estado ha sido siempre más cercana al desarrollo y
continuación de la guerra.
Al momento de finalizar este
artículo –que por su carácter coyuntural e inmediato, bien podría no
tener fin- se contaba nuevamente con un acto unilateral de la
insurgencia: Cese al fuego unilateral por un mes a partir del 20 de
julio de 2015. Esto a partir de la comunicación expedida por los países
garantes y acompañantes del proceso y, ciertamente, como un gesto de
paz que busca devolver a la ciudadanía la confianza en el proceso (tan
atacada por los medios de comunicación y los sectores guerreristas y de
derecha en Colombia). A pocos días de ello, la Delegación del Gobierno
habló por primera vez de la posibilidad cierta de avanzar en la
concreción de un cese bilateral anterior a la firma del Acuerdo Final,
hecho sin duda histórico en medio de las presiones internas con que
cuenta el Gobierno y de los propios intereses del mismo por mantenerse
firme en sus posiciones dentro de la Mesa [28].
Las
Delegaciones en La Habana, días después, emitieron el Comunicado
Conjunto No. 55 denominado: Agilizar en La Habana y desescalar en
Colombia [29] , “con el objetivo de:
- Fortalecer
la confianza de los colombianos y las colombianas en el proceso de paz,
y también la confianza entre las delegaciones;
- Agilizar la construcción de acuerdos sobre todos los aspectos restantes de la Agenda del Acuerdo General; y
- Crear las condiciones para la puesta en marcha del Cese al Fuego y de
Hostilidades Bilateral y Definitivo (Sub punto1 del Punto 3 “Fin del
Conflicto” de la Agenda del Acuerdo General)”.
En donde
se pactan entre otras: una nueva metodología de trabajo en la Mesa para
avanzar de forma más acelerada, “acordar sin demoras los términos del
Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de
Armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación”, la
confirmación del cese unilateral de las FARC de acciones ofensivas, así
como un proceso de desescalamiento de las acciones militares por parte
del Estado.
Sin duda que, dado el avance de las
conversaciones y de los Acuerdos parciales, este es un anuncio inédito
en la historia de los procesos de paz en Colombia. Es la primera vez
que el Gobierno colombiano habla con viabilidad de un cese bilateral de
fuegos y hostilidades definitivo planteándolo, desde su perspectiva,
como un sinónimo de la dejación de armas, esto es: como el fin del
conflicto.
Es claro que esta declaración conjunta tiene
múltiples lecturas, donde se pueden destacar principalmente: aquella
encaminada en observar este gesto de la Mesa como la antesala o
prefacio del proceso de Fin del Conflicto y aquella otra que plantea
que es un mecanismo de presión para la insurgencia en procura de hacer
agilizar la discusión en la Mesa de manera tal que los puntos
fundamentales de la Agenda puedan pasar con nubes oscuras que no
permitan fortalecer las condiciones de implementación.
Frente a estas dos lecturas es bueno revisar las declaraciones de cada
contraparte después de realizado el anuncio del citado Comunicado No.
55. Mientras a la noche del domingo 12 de julio de 2015, en alocución
presidencial radiotelevisaba el presidente Santos comunicaba a la
ciudadanía el alcance del acuerdo pactado sobre desescalamiento del
conflicto en Colombia, las FARC-EP emitían un comunicado en su página
de internet haciendo lo propio.
Por un lado, Santos en su discurso [30]
realizó un recuento de la perspectiva del Gobierno en lo que han sido
estos dos años de Diálogos en La Habana. Someramente recordó sus
llamados “inamovibles” o “líneas rojas” y reiteró en su discurso un
lenguaje lejano a la reconciliación, haciendo permanentemente una
separación entre “nosotros los colombianos” y “las FARC” [31] y
remarcando a la contraparte en la Mesa como un grupo indolente al que
según su discurso, no se le puede comprender, que raya en lo absurdo.
Los siguientes dos hechos que se apartaron de lo ya anunciado en el
Comunicado No. 55, tienen que ver con la distinción clara entre lo
acordado el día en mención (desescalamiento del conflicto) y un cese
bilateral, haciendo énfasis en que no se trata de ninguna manera de lo
segundo, sino de unas medidas que buscan “humanizar la guerra” [32].
El otro hecho que se destaca de lo planteado por la alocución
presidencial tiene que ver con algo que se ha presionado desde varios
sectores que se han mostrado reacios a la paz (sectores del ex
presidente Uribe y el Procurador Alejandro Ordoñez) y se trata de
ponerle un plazo perentorio al proceso, un suerte de ultimátum: “Vamos
a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó. Y en 4 meses a partir de
ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de si
seguimos con el proceso o no”.
Esto último, aunque hace
parte del juego político del presidente en ejercicio, realmente puede
convertirse en una ambivalencia y un arma de doble filo para el proceso
en La Habana. Cualquier provocación podrá ser excusa para la exigencia
de la terminación del proceso por parte de sus enemigos y es por eso
que la clarificación de la participación de la Comisión Verificadora
por parte de la ONU y de UNASUR deberá hacerse a la brevedad, de lo
contrario, el plazo de 4 meses se convertirá paulatinamente en la
piedra amolar el filo de la daga con el que el Presidente tendrá que
hacer su harakiri.
Por otro lado, la Delegación de paz de las FARC-EP [33]
emitieron también el domingo 12 de julio de 2015 un comunicado bastante
más optimista, ubicando el acuerdo alcanzado para el desescalamiento
del conflicto como un logro para la Delegación y como una respuesta
lógica a la declaratoria de un nuevo Cese unilateral anunciado para el
20 de julio, así como a la gestión de los países garantes y
acompañantes. Así, dicen las FARC (negrillas nuestras): “Es este, sin
duda, un relanzamiento vigoroso, prometedor y esperanzador del
proceso de diálogos, que toma tal brío por la fuerza insuflada por la
voz de la mayoría de los colombianos, quienes en medio de las
dificultades de la guerra, respaldan de manera decidida la salida
política hacia el establecimiento de la justicia social, sin más
desigualdades, miseria y carencia de democracia”. Además de ello,
plantean la necesidad de hacer frente al fenómeno del paramilitarismo
como una “ estrategia contrainsurgente del Estado” (Ibíd.).
Lo que se debe tener claro, para finalizar, es que la ciudadanía no se
debe dejar llevar por las declaraciones y la retórica de una y otra
parte de la Mesa, puesto hace parte de la dinámica de la política y es
válido o inválido en el terreno de los argumentos políticos. Lo que
realmente se debe tener en cuenta en estos procesos de diálogo, son los
avances concretos en la Mesa y los comunicados conjuntos que son,
necesariamente, fruto del consenso entre dos partes contrarias.
Teniendo en cuenta esto último, estamos en la víspera del inicio real
de las condiciones de generación de confianza suficiente, apoyo
concreto y real de la comunidad internacional y compromiso inédito de
las partes para iniciar el proceso de construcción social del Acuerdo
para el Cese bilateral y definitivo de fuegos y hostilidades lo que
constituirá –de la mano con el avance en las conversaciones en La
Habana- la puerta de entrada al proceso histórico de construcción de
una paz estable y duradera.
Bibliografía
Arenas, Jacobo (1972): Diario de la resistencia en Marquetalia. Bogotá: Ediciones Abejón Mono
_________________ (1985): Cese al fuego: una historia política de las FARC. Bogotá: Editorial Oveja Negra.
Clausewitz, Carl Von (1972): De la guerra. Medellín: Editorial Zeta.
Cubilledo Gorostiaga, Daniel (2013): La confrontación Uribe-Santos: ¿diferencias superficiales o contradicciones en el bloque de poder dominante?. Cuadernos del GESCAL. Año 1, No. 1
Harnecker, Marta (1989): Combinación de todas las formas de lucha. Entrevista a Gilberto Vieira. Bogotá: Ediciones Suramérica.
Medina Gallego, Carlos (2010): FARC-EP y ELN. Una historia política comparada. 1958-2006 . Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Ortiz, Iván David (2003): Rebeldes, opositores, terroristas. Caso tipo – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Bogotá: Revista Marx Vive.
______________________ (2006): La Uribe escenario de un acuerdo: El proceso de paz de 1984 – Dos décadas de enseñanza sobre la importancia de no olvidar la historia. Bogotá: Revista Marx Vive
Pizarro Leongómez, Eduardo (2004): Marquetalia: el mito fundacional de las FARC. Bogotá: UN Periódico, No. 57
Silva, Santisteban José (1858) : Curso de Derecho Internacional o de Gentes. Lima: Imprenta del autor.
Página en línea, vista el día 1 de julio del 2015: https://books.google.com.co/books?id=PoAEAAAAYAAJ&pg=PA175&lpg=PA175&dq=derechos+internacional++treguas&source=bl&ots=m4KWSVC2ya&sig=m3Ite_WMRBAvTTfiNc24rDTBYes&hl=es-419&sa=X&ei=eG-RVcGbHIOu-QHc_pPQCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
NotasNicolás Uribe Rivera es Trabajador Social de la Universidad Externado de Colombia. Defensor de Derechos Humanos y miembro del movimiento político y social Marcha Patriótica. Su trabajo académico se centra en las dinámicas del conflicto armado colombiano y la búsqueda de alternativas para la construcción de procesos de paz.
Antonio Gómez Sánchez es Sociólogo de la Universidad Externado de Colombia, Maestrando en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Defensor de Derechos Humanos y miembro del movimiento político y social Marcha Patriótica. Su trabajo académico gira en torno a las relaciones sociales del campesinado colombiano y la mutua influencia entre sus interacciones políticas y los elementos culturales que lo conforman como sujeto histórico, especialmente en las zonas de conflicto
[3] Sobre la fundación de las FARC, es interesante el recuento histórico que hace Eduardo Pizarro Leongómez (2004) o Arenas (1972).
[4] Esa era la postura del gobierno de Uribe Vélez, argumentando que no existía conflicto armado, sino una amenaza terrorista. Para conocer la postura de dicho gobierno se puede leer las palabras del Alto Comisionado para la Paz de dicho gobierno, Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo de la justicia. Dicho texto está publicado en la página del Centro de Pensamiento Primero Colombia, bajo el título de ¿Conflicto Armado interno o amenaza terrorista? (14 de mayo de 2011),disponible en http://www.pensamientocolombia.org/conflicto-armado-interno-o-amenaza-terrorista/
[5] Al acto asistió el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, lo que significó un fuerte golpe de opinión dentro y fuera del país. Así lo relató, por ejemplo, el diario El Universal de Caracas http://www.eluniversal.com/2011/06/10/santos-promulga-ley-de-victimas-y-restitucion-de-tierras
[6] Para un análisis de esta perspectiva se puede revisar la postura del senador del Polo Democrático Jorge Robledo en el siguiente enlace: http://www.moir.org.co/Uribe-y-Santos-representan-lo.html
Para un análisis más profundo se puede revisar Cubilledo Gorostiaga (2013) en donde se examina si se trata de una controversia fundamental o un juego táctico del bloque hegemónico de poder.
[7] El periodista Jorge Enrique Botero, por medio de la cadena TeleSur, señala la suscripción de un acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional para iniciar diálogos de paz. Proceso que habría empezado con una fase secreta en el mes de mayo del año 2012 y el cual tendría su instalación formal en el mes de octubre del mismo año. Revisar: http://www.semana.com/nacion/articulo/telesur-dice-gobierno-farc-suscriben-acuerdo-para-iniciar-dialogos-paz/263697-3.
[8] Con el objeto de revisar el Acuerdo General entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP revisar la pagina de la mesa de conversaciones: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf.
[9] Primer Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP. La Habana, 21 de junio de 2013.
[10] Se pueden consultar en la red diversos comunicados de organizaciones sociales, políticas y personajes públicos donde se clama por un cese al fuego bilateral. La Agencia de noticias Prensa Rural, que recoge información desde el campo colombiano y que sigue de cerca el desarrollo del conflicto y la búsqueda de la solución política es la más prolija en este sentido. Para la muestra, El camino para la paz no es atizar la guerra, cese al fuego bilateral ya!! (15 de abril de 2015), disponible en : http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16589
[11] Esta frase es del político y militar israelí Yitzak Rabín, dos veces Jefe de Estado de Israel, premio Nobel de la Paz en 1994 y a quien el Comandante Joaquín Gómez llamó “un loco sionista” en una de las últimas declaraciones públicas de las FARC desde La Habana pidiendo un Cese al fuego bilateral: “Discurso de Santos en Noruega fue una sesgada puesta en escena de diálogos: Farc” (17 de junio de 2015), disponible en http://www.elespectador.com/noticias/paz/discurso-de-santos-noruega-fue-una-sesgada-puesta-escen-articulo-566778
[12] Ver, por ejemplo FARC llaman a cese el fuego bilateral en inicio de ciclo (17 de junio de 2015), disponible en http://www.telemetro.com/internacionales/FARC-llaman-bilateral-inicio-ciclo_0_817118707.html
[13] El caso del corregimiento de El Mango, en el departamento del Cauca es una clara muestra de la necesidad de pactar un cese al fuego bilateral, así como del poder de las comunidades en medio del conflicto cuando deciden organizarse. El hecho fue cubierto por los medios ampliamente. Para conocer lo que sucedió se puede ver “Cauca: Habitantes de El Mango se resisten al regreso de la Policía” (25 de junio de 2015), disponible en http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cauca-habitantes-de-el-mango-se-resisten-al-regreso-de-la-policia/20150625/nota/2822668.aspx
[14] Para efecto de consulta de dichos autores, revisar el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Victimas (2015), exactamente los documentos de Jairo Estrada, Javier Giraldo, Darío Fajardo y Alfredo Molano.
[15] Adoptado por la Segunda Conferencia de la Paz, La Haya, el 18 de octubre de 1907.
[16] Consignado en los artículos 36-41 del Convenio citado.
[17] Para una mayor contextualización del cese al fuego de este año, revisar: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cese-de-fuego-medianoche-articulo-495508
[18] Así lo recopila el historiador colombiano Carlos Medina Gallego (2010).
[19] Recuento de Gilberto Vieira en el texto de Martha Harnecker (1989).
[20] El caso del exterminio de la UP es uno de los genocidios políticos más aberrantes de la historia. Cabe recordar que la Unión Patriótica fue un partido político surgido de dicho proceso de paz con Betancur, con la idea fundante de ser la plataforma política para que las FARC participaran paulatinamente en la vida política. No obstante, s e ha comprobado la participación de miembros del Estado colombiano en lo que se denominó Operación Baile Rojo y por el cual ha sido juzgado en tribunales internacionales. Respecto a este tema se puede revisar, entre variada documentación, el artículo crónico “Exterminio de la UP fue genocidio político (12 de diciembre de 2012), disponible en http://www.verdadabierta.com/component/content/article/42-asesinatos-selectivos/4390-exterminio-de-la-up-si-fue-un-genocidio-politico
[21] Es bueno recordar, que mientras el M-19, el EPL y la Corriente de Renovación Socialista del ELN participaban de dicha Asamblea, las FARC y el ELN permanecían alzados en armas, debido al fracaso de las conversaciones en la década anterior. Erigida como un “Pacto de Paz” por el Gobierno de Gaviria, la Asamblea Constituyente quedó más que coja, puesto que los dos movimientos guerrilleros más importantes del país no se encontraban en ella y, más aún, las FARC fue traicionada por el Gobierno cuando se encontraban en negociaciones en diciembre de 1990 en el municipio de La Uribe, Meta. Allí, en la locación conocida como Casa Verde, el Ejército bombardeó la zona donde se encontraba la dirigencia de las FARC y en donde se venían desarrollando los diálogos con el gobierno Gaviria. Así lo relataba el periódico El Tiempo: El Ejército ataca Casa Verde (10 de diciembre de 1990), disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-34015
[22] Carlos Medina Gallego (2010) establece un recuento histórico del proceso de diálogos del Caguán, donde destaca la imposibilidad de avanzar en la agenda por los múltiples combates que se presentaban fuera del área de control guerrillero.
[23] El Frente Amplio por la paz, la democracia y la justicia social es creado por diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos que le apuestan a la articulación de las diversas iniciativas que en pro de la paz se desarrollan hoy en territorio colombiano, respaldando los diálogos de paz y profundizándolos. Para mayor información sobre El Frente Amplio revisar: http://www.aipazcomun.org/?p=7692.
[24] Para profundizar teóricamente sobre la guerra como herramienta política, revisar el desarrollo de Clausewitz (1972) en su texto “De la Guerra”.
[25] A pesar que el gobierno de Juan Manuel Santos decretó la suspensión de bombardeos a campamentos guerrilleros el 10 de Abril del 2015, la situación presentada en el Cauca donde muere un grupo de militares, lo llevan a tomar la decisión de activarlos nuevamente.
[26] A propósito del difícil momento de los diálogos en la Habana, William Ospina reflexiona entorno a la necesidad del cese al fuego bilateral, como un hecho de confianza que sumado a cambios en dinámicas de la mesa, permitiría un inicio noble de la reconciliación en el país. Revisar: http://www.elespectador.com/opinion/un-llamado-mesa-de-habana.
[27] Dicho informe se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.verdadabierta.com/especiales-v/2015/escalada-farc/
[28] En entrevista con el periodista y escritor Juan Gossaín para todos los medios nacionales, el Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno, Humberto De La Calle, habló por primera vez de dos elementos de suma trascendencia: la posibilidad cierta de un cese bilateral antes de la firma del Acuerdo final, así como de la posibilidad cierta de que el Gobierno se pare de la Mesa. Para ver la entrevista completa se puede revisar el siguiente enlace: http://www.elespectador.com/noticias/politica/entrevista-completa-de-juan-gossain-humberto-de-calle-video-570516
[29] Se puede encontrar en las páginas de la Presidencia de la República y de la Delegación de Paz de las FARC-EP, en los siguientes enlaces: http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Julio/Paginas/20150712_02-Comunicado-conjunto-de-las-delegaciones-del-Gobierno-Nacional-y-las-Farc.aspx
así como en http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/comunicado-conjunto/2853-agilizar-en-la-habana-y-desescalar-en-colombia
[30] La alocución se puede ver y leer en la página oficial de la Presidencia de la República en el siguiente enlace: http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Julio/Paginas/20150712_04-Palabras-Alocucion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-sobre-el-proceso-de-paz-con-las-Farc.aspx
[31] Planteaba Santos en la alocución (negrilla nuestra): “Por supuesto, no puedo desconocer –porque yo también lo siento– la frustración, el desaliento, la indignación que produce en nosotros los colombianos ver a unas FARC que siguen asesinando soldados y policías, y volando oleoductos y torres de energía, afectando a los más humildes y produciendo en el medio ambiente daños irreparables.
No es nada distinto a lo que han hecho siempre, pero ahora –cuando tenemos una esperanza de paz– esos hechos se vuelven más dolorosos y absurdos que nunca”.
[32] Decía Santos: “Este desescalamiento no es un cese al fuego bilateral, pero sí es un avance para humanizar la guerra, para evitar más víctimas, mientras se llega a un acuerdo definitivo”.
[33] El comunicado se titula “Esperanzador relanzamiento del Proceso de diálogos” y está disponible en el siguiente enlace: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/2854-esperanzador-relanzamiento-del-proceso-de-dialogos
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