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La reputación de Canadá como líder mundial en los derechos humanos ha recibido un golpe.
Un estudio de diez años realizado por las Naciones Unidas concluye
que Canadá no solo está fallando en cumplir con las metas y obligaciones
internacionales, sino que está retrocediendo cada vez más.
Y lo más preocupante es el hecho de que activistas de derechos
humanos en Canadá se preguntan si a los responsables de la defensa de
nuestros derechos les importa realmente el tema.
El primer informe de la ONU sobre Canadá en 10 años publicado el
jueves, mide si el país ha cumplido con sus obligaciones de derechos
humanos.
Al menos 26 organizaciones de derechos humanos, entre ellas la
Asociación Canadiense de Libertades Civiles, Amnistía Internacional
Canadá y Human Rights Watch, presentaron sus propios informes por
separado al comité independiente de 18 miembros sobre las distintas
cuestiones.
La mitad del informe concierne los derechos de los pueblos
aborígenes, con un enfoque en las mujeres aborígenes muertas o
desaparecidas.
“Se habla también de su sobrerrepresentación en la cárcel, su derecho
al consentimiento libre e informado cuando uno va en su territorio para
explotar los recursos, los servicios a los niños”, dice la directora
ejecutiva de Amnistía Internacional para el Canadá francófono, Beatrice
Vaugrante.
El Comité recomienda que Ottawa lleve a cabo una investigación
nacional y pública de las mujeres aborígenes asesinadas o desaparecidas.
Una demanda exigida por muchos grupos de defensa de derechos indígenas,
líderes de las Primeras Naciones y ex primeros ministros.
“Este es exactamente el tipo de investigación que queremos, igual que
los enviados especiales que investigaron [...] todos van en la misma
dirección”, dijo la coordinadora del programa en Administración Pública
aborigen de la ENAP, Michelle Audette.
El Comité de la ONU pide también a Ottawa implementar las
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las
escuelas residenciales, además de poner fin a la asimilación de las
lenguas de las Primeras Naciones. Según la Sra. Audette, eso sería “un
buen paso” por parte del Gobierno, con el que el diálogo se “cortó”
desde el advenimiento de los conservadores.
Ley antiterrorista, manifestaciones y desigualdades salariales
La Ley Antiterrorista aprobada en 2015, proveniente del proyecto de
Ley C-51, también es parte de las deficiencias señaladas por el informe
de la ONU.
La vigilancia masiva y el aumento de los poderes del Servicio de
Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS) representan un riesgo para
los derechos humanos, indica el análisis de la ONU. Una vez aplicados
plenamente, podría incluso llevar a Canadá a violar convenios
internacionales que ha suscrito.
También se informa de las violaciones de los derechos humanos
cometidos en el extranjero por las empresas mineras canadienses. Debe
crearse un mecanismo independiente para que las víctimas de estos abusos
puedan utilizarlo, sugiere el comité.
Otro aspecto abordado es la situación de los migrantes y denuncia el
encarcelamiento sin límite de tiempo de algunos solicitantes de asilo.
Sobre el derecho a manifestar, Naciones Unidas está preocupada por el
uso excesivo de violencia por parte de las autoridades y las
detenciones masivas que tuvieron lugar durante ciertos eventos. Nombra
como ejemplo las que se produjeron durante la Cumbre del G-20, en 2010,
así como la de primavera de los estudiantes en Quebec, en 2012, y más
recientemente, las manifestaciones en 2015.
“Claramente, estamos diciendo: atención, estamos tocamos incluso a
los defensores de los derechos humanos. El espacio del derecho a
disentir, el espacio del derecho a decir que no estamos de acuerdo, y a
mostrarlo en una manifestación, está siendo atacado. ” – Béatrice
Vaugrante, secretaria general de Amnistía Internacional para el Canadá
francés
El informe recomienda al Gobierno ”garantizar que todas las
denuncias de uso excesivo de la fuerza sean procesadas con prontitud e
imparcialidad.”
El uso de la ley de impuestos contra organizaciones no
gubernamentales y la brecha salarial entre hombres y mujeres – en
particular en Alberta y Terranova y Labrador – también han sido
señalados.
Y por primera vez en este informe publicado cada 10 años, el comité
denunció la falta de cooperación del gobierno en algunos expedientes.
A los ojos de Béatrice Vaugrante, este informe de la ONU se resume en una regresión de los derechos humanos en el país.
Canadá deberá ahora explicar por escrito cómo se propone el
seguimiento de este informe, para mejorar su historial de derechos
humanos.
Lista de algunas de las críticas y recomendaciones del comité de la ONU:
*Negocios: “abusos de los derechos humanos por parte
de empresas canadienses que operan en el extranjero, en particular, las
empresas mineras,” deben ser abordado por una autoridad independiente y
un marco que dé a las víctimas la posibilidad de recursos legales.
*Igualdad de género: El comité señala “la
persistencia de las desigualdades entre mujeres y hombres” en Canadá y
quiere una legislación de ingreso justo en todo el país “, con un
enfoque especial en las minorías y las mujeres indígenas.”
*Violencia contra las mujeres: la violencia
persistente contra las mujeres en Canadá, y “la falta de datos
estadísticos sobre la violencia doméstica”, lleva al Comité a pedir
mejores protecciones legales para las víctimas, y más refugios y
servicios.
*Mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas: A
raíz de los informes sobre las mujeres asesinadas y desaparecidas, el
comité dijo que “las mujeres y las niñas indígenas son
desproporcionadamente afectadas por las formas de violencia, homicidios y
desapariciones que amenazan la vida». Dice que debería haber una
investigación nacional.
*Proyecto de ley C-51: la nueva ley antiterrorista
de Canadá permite la vigilancia de masas y demasiado intercambio de
información dice el comité. Sugiere que Canadá debería revisar esa ley y
permitir mejores garantías jurídicas.
*El uso de la fuerza por la Policía: El comité
señala la fuerza excesiva durante las protestas como las del G-20 en
2010 y recomienda investigaciones imparciales rápidas, junto con el
enjuiciamiento de los responsables cuando se justifique.
*Los refugiados y la inmigración: al comité le
preocupa que a las personas provenientes de países designados como
“seguros” se les niega una audiencia de apelación ante la División de
Apelación de Refugiados y sólo se les permite una revisión judicial ante
el Tribunal Federal” – lo que aumenta el riesgo de que puedan ser
expulsadas.
El comité de la ONU pide al gobierno responder en el plazo de un año
respecto a lo que se propone hacer sobre estos temas planteados en
repetidas ocasiones.
CBC/Radio Canada
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