La
Fuerza de Tarea Conjunta está perdida y desorienda en el norte del
país, la “fórmula mágica” del presidente Horacio Cartes de dar carta
blanca a los militares para actuar en cuestiones de seguridad interna y
así aprisionar a los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP) sigue desgastándose sin resultado alguno. En el combate a la
criminalidad los resultados son escasos o nulos; sin embargo en otros
aspectos las fuerzas militares cumplen con un papel importante, me
refiero a su función de crear miedo y estigmatizar a comunidades
campesinas, comunidades que intentan mantener sus prácticas culturales,
sus tradiciones, sus formas de producción diversificada, de
autosostenerse y que se resisten a ser anexadas en la lógica de
economía excluyente del agronegocio transnacional.
Siguiendo a Salazar [1]
(2011) este fenómeno se podría interpretar como una estrategia común de
los nuevos gobiernos de derecha para garantizar la inversión
extranjera, “...instrumentar la securitización como medida de control,
represión y limpieza social en todos aquellos lugares donde las
inversiones peligren, las comunidades campesinas se opongan a la
extracción de minerales o represas de ríos y los movimientos populares
cierren caminos para evitar la explotación”. El extraño caso de una
supuesta guerrilla o grupo terrorista en Paraguay, alimenta la sed de
violencia de la ultra derecha paraguaya y termina siendo funcional a
grupos de poder para ejerecer diferentes tipos de violencia contra las
comunidades campesinas empobrecidas.
La presencia militar
en el norte del país desde agosto del 2013 ha puesto especial énfasis
en los controles de caminos vecinales, regulación de las actividades de
pobladores/as, vigilancia de asentamientos campesinos, puestos de
controles, en ocasiones extorsiones a motociclistas, allanamientos
violentos, recogida de información sobre lo que ocurre en la
comunidades, sus acciones gremiales, sus reivindicaciones, un estudio
del terreno, justificado en la hipótesis gubernamental que las
comunidades campesinas son el brazo logístico del EPP, para construir
así un consenso social que apuntala la idea de que las personas que
cuestionan los agronegocios, el avance de la soja y el envenenamiento
de las comunidades simpatizan o apoyan de alguna manera al EPP, se
vincula discursivamente: Terrorismo – EPP - Campesinado.
Gran parte del esquema de seguridad de Cartes y su gobierno consiste
en: Militares ayudando a combatir el crimen y a la vez someter en un
estado de zozobra a las comundidades campesinas, retomando la noción
del enemigo interno propio de la Doctrina de Seguridad Nacional, “donde
la actuación militar, además de combatir el crimen, disuade e impone el
terror y la angustia en las colectividades humanas mediante acciones
ideológicas de presión, miedo discursivo, operativos sorpresas o
súbitos, allanamientos domiciliarios sin orden de cateo, propaganda
mediática, promoción de actos de delación y ejercicio militar”
(Salazar, 2011).
Para el combate al enemigo interno el
gobierno insiste en que debe contar con el apoyo necesario para
disponer de infraestructura, recursos, capacitaciones, asesoramiento y
presupuestos para fortalecer su política de seguridad; el resultado es
la configuración de una política criminal desde el mismo Estado,
justificada desde las acciones terroristas o de crimen organizado; que
en países con debilidades institucionales y con excesiva corrupción,
por momentos se convierte en un verdadero problema la administración de
la maquinaria de violencia, porque están en juego grandes cantidades de
dinero, relaciones entre grupos mafiosos y políticos, disputa por
controles de negocios al margen de la ley, etc. agrravado cuando en las
cúpulas de poder se hacen presentes las divisiones coyunturales o
desacuerdos temporales por determinados intereses.
Lo
importante para los gobiernos y su aliados -por encima de las
contradicciones interna- es imponer una seguridad inspirada en la
militarización de los conflictos sociales, de mano dura y/o tolerancia
cero, se politiza la seguridad y sus organismos en contra de toda
disidencia politica e ideológica, pero principalmente se obtiene una
fórmula para neutralizar el conflicto social, principalmente basado en
la histórica y mala distribución de la tierra en el caso Paraguayo.
A los hechos de violencia los grupos de poder, siempre saben como
sacarle ventajas, la violencia pasa a constituirse como un atributo del
modelo económico-social, en donde las élites pueden gobernar y
consesguir hegemonía a partir del cultivo de la violencia, el terror y
el miedo en las personas, para ello necesitan instalar una fuente de
peligro, que sea el riesgo constante, que se vuelva en el principal
problema social, que amenaza la libertad y la vida de la ciudadanía,
algo que sea más grave que el desempleo o la falta de comida, que
centre la atención en lo que se haga o se deje de hacer ante esta
fuente de peligro y que permita a los gobiernos aplicar mano dura,
tolerancia cero, y erigirse como los únicos actores supuestamente
capaces de proteger a la sociedad.
[1]
Salazar Robinson (2001) “Plutocracia, nueva derecha y securitización de
los recursos naturales estratégicos en América Latina: una reflexión
necesaria”. Opción, Año 27, No. 64 (2011): 13 - 45 ISSN 1012-1587
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