Adital
Activistas chilenos de derechos humanos celebran decisiones judiciales
que van a darle un punto final a la impunidad en dos episodios crueles
ocurridos en la dictadura de Augusto Pinochet. Finalmente, dos jueces
chilenos van a imputar a 10 ex-militares por el homicidio del cantor y
activista político Víctor Jara, en 1973, y ya detuvieron a otros siete
militares por quemar, en 1986, al joven de 19 años Rodrigo Rojas, que no
resistió las heridas, y a la joven de 18 años Carmen Gloria Quintana, herida
gravemente que vive aún hoy. Las iniciativas judiciales traen un nuevo aliento
a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos, cometidas durante la
dictadura de Pinochet, manifiesta Amnistía Internacional.
Militares autores del secuestro y asesinato del cantor Víctor Jara, hace 42 años, finalmente van a ser juzgados.
Ana Piquer
Romo, directora ejecutiva de Amnistía en Chile refuerza que aquellos que son
sospechosos de ser torturadores en la época de Pinochet deben ser investigados
y juzgados sin más demora. "Estos movimientos históricos abren un nuevo
capítulo para la justicia chilena y las autoridades deben asegurar que no se
deje piedra sin levantar hasta que todas las víctimas y sus familias reciban la
justicia y reparación a la que tienen derecho”.
Víctor Jara fue
detenido por el ejército chileno y llevado al Estadio Nacional de Santiago
conjuntamente con cientos de personas, poco tiempo después que Augusto Pinochet
tomó el poder por la fuerza el 11 de septiembre de1973. En este lugar, él fue
torturado y asesinado a tiros. Hace pocos días, el juez Miguel Vázquez imputó a
10 ex-militares por el secuestro y asesinato del cantor y del ex-jefe de la
policía militar de Chile Littré Quiroga Carvajal.
Por otro lado,
el juez Mario Carroza ordenó la detención de siete ex-militares por un hecho trágico
e inhumano ocurrido en 1986, en el que fueron quemadas vivas dos personas que
participaban en las manifestaciones contra Pinochet.
Se trata de
Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana –en aquella época con 19 y 18 años,
respectivamente–, contra quienes los soldados tiraron gasolina y les prendieron
fuego durante las manifestaciones. Rojas murió cuatro días después y Carmen,
que sobrevivió, desde entonces no dejó de luchar para que se haga justicia.
"Estas
situaciones muestran que, cuando hay voluntad política, es posible hacer
justicia. Las autoridades deben detener ahora la larga espera por justicia de
miles de víctimas de desapariciones forzadas y tortura", señala Ana Piquer
Romo, de Amnistía.
Decenas de
miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas o sometidas a
desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y
1990. Hasta ahora, por lo menos 262 personas fueron condenadas por violaciones
de derechos humanos y se encuentran abiertos más de 1,1 mil procedimientos
judiciales, que se remontan al gobierno de Pinochet.
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