Por
iniciativa de diversas organizaciones sociales y bajo la convocatoria
de la CGTP, el próximo jueves 9 de julio tendrá lugar un Paro Nacional
que enarbola diversas banderas.
De todas ellas, quizá cuatro
podrían ser propiamente las más rescatables: la defensa del patrimonio
nacional afectado por la inversión minera y la voracidad imperial; la
lucha contra la corrupción que carcome la base misma de la sociedad; el
combate a la inseguridad ciudadana, y el respeto a los derechos
laborales de los trabajadores.
El Paro ocurre en el
momento de mayor debilidad del gobierno, cuando el nivel de aprobación
de Presidente Humala ha caído hasta situarse apenas en un 10%; cuando
el Partido Nacionalista ha pasado a ser una minoría aislada y en
derrota en el Congreso de la República; y cuando la resistencia
ciudadana a los proyectos mineros en marcha ha detenido virtualmente el
accionar de Yanacocha en Conga, y el de Southern en Tía María.
También, claro, cuando ha arreciado al extremo la campaña liquidadora
desplegada por la derecha más reaccionaria y la Mafia, empeñadas ambas
en destruir la débil experiencia peruana y restaurar, a partir de julio
del 2016, el Imperio de una Oligarquía envilecida y ambiciosa, que
actúa a la sombra del Poder Imperial y que maniobra en su provecho más
directo.
La debilidad del Presidente Humala tiene ya un
buen tiempo. Conservó altos estimados ciudadanos en sus dos primeros
años de gestión gubernativa, pero fue cayendo en la medida que mostró
su precariedad e inconsistencia, así como su tendencia a conceder y a
conciliar con los sectores más conservadores; aplicando con diligencia
el “modelo” neo liberal heredado de administraciones anteriores.
La errática política del Presidente Humala era previsible. Derivaba de
su falta de experiencia política, ausencia de liderazgo, carencia de
organización partidaria, precariedad intrínseca y falta de decisión en
los momentos cardinales de la vida nacional.
Alcanzó, sin
embargo extremos mayores en los últimos doce meses, cuando a todo el
cuadro de errores, se sumó una campaña desatada por el “prensa grande”
orientada a demostrar que su gobierno era tan -o más- corrupto aún, que
los anteriores; es decir la administración de Fujimori, Toledo y
García.
La exageración de los medios de comunicación al
servicio de la Mafia, que concentran casi el 80% del poder de la
información escrita radial y televisada, logró su propósito.
Hoy, en efecto, hay mucha gente que simplemente repite lo que dicen los
comentaristas de la Tele, o los columnistas de los diarios que actúan
como una orquesta monocorde, pero bien afiatada.
Pero el
propio Humala, y su entorno, han generado una situación simplemente
indeseable que favorece los planes sediciosos de la reacción.
Independientemente de la línea general de concesiones aplicada por la
dirección del Estado, es buen señalar que el Mandatario peruano erró en
sus cálculos políticos de manera clamorosa.
Nunca pensó,
Humala, que su nivel de aceptación ciudadana caería hasta el 0%.
Tampoco, que le fallaría el entorno de sus colaboradores más
inmediatos, como Martín Belaúnde y otros, que dedicaron su esfuerzo a
aventuras de orden personal y pecuniario en lugar de identificarse con
los intereses de la población.
Menos aún creyó que
perdería fuerza en el Congreso de la República. Si bien es verdad que
no tuvo nunca, desde un inicio, mayoría parlamentaria, es cierto que
logró alcanzar el nivel de “primera minoría” en el legislativo, y
construir una “mayoría” relativa en base a una política de concesiones,
acomodos y acuerdos. No soñó con la eventualidad que la oposición le
ganara el control y aún la presidencia del Legislativo.
No imaginó que se pusieran en evidencia procedimientos que juzgaba
“reservados”, o aún “secretos”, como fondos provenientes del exterior
para financiar campañas, o cuentas y depósitos en la banca europea que
sin alcanzar niveles de otros, golpean la angustiada sensibilidad de
los peruanos.
Y por cierto, no se le ocurrió jamás que la
Oposición Parlamentaria -mediocre, corrupta y envilecida- tuviera sin
embargo la capacidad de aglutinarse y unirse hasta constituir una
barrera infranqueable dando nacimiento a comisiones que, más qe
investigadoras, han resultado inquisidoras.
El que esa
oposición haya logrado sentar en el banquillo a Nadine Heredia y
convertirla de testigo a investigada, en proceso calificados de
corrupción; es algo mucho mayor que lo que pensó imaginar Humala al
inicio de su gestión.
Todo esto es particularmente
insólito si se tiene en cuenta que quienes acusan a este gobierno de
“corrupto”, “incapaz” y “represivo” sean quienes encarnan de manera
directa e indubitable a los gobiernos más corruptos, incapaces y
represivos de la historia del Perú Republicano.
Porque a
nadie que piense sensatamente se le va a olvidar que el gobierno de
Fujimori fue la expresión más extrema de la inmoralidad galopante, el
saqueo a la Hacienda Pública y la crueldad extrema con la población.
Desde los años de don Rufino Echenique, -el del Guano y el Salitre- a
mediados del siglo XIX, no hubo en el Perú un gobierno más turbio,
enlodado y perverso que el del “chinito de la yuca”.
Y no
hubo tampoco otro, comparable a los de Alan García -primero y segundo-
que convirtieron al Perú en un lodazal de oprobio, inmundicia y sangre.
El hecho que sean estos exponentes de la barbarie los que
asomen hoy en el escenario político nacional, y que ellos capten la
mayor aceptación ciudadana; hace que tome fuerza la conocida sentencia
del historiador de la República, don Jorge Basadre: “Perú. País de desconcertadas gentes”.
Este escenario convulso es el que, finalmente, ha generado un
descontento social que se habrá de expresar el próximo 9 de julio en un
Paro Nacional.
Como forma de lucha y herramienta de
expresión de los trabajadores y de la población agobiada por la crisis,
es una acción comprensible y que merece el respaldo ciudadano. Incluso,
señalando que este Paro ha sido trabajado no sólo por la Central que lo
convoca, sino por fuerzas interesadas en debilitarla,
Esto, debe decirse de manera clara y categórica para que nadie especule
con adhesiones de coyuntura que tienen más de contenido electoral, que
de bandera legítima.
Es bueno, sin embargo, que la
población esté alerta. Porque en circunstancias como ésta es que suelen
actuar los “comandos de acción” del APRA y otras fuerzas empeñadas en
desvirtuar la legítima lucha de los trabajadores, para imponer un clima
artificial de violencia y de caos.
Condenar la
precariedad del régimen, sus debilidades e inconsecuencias; es
legítimo. Pero eso pasa, en primer lugar por marcar a fuego el juego
sucio de la Mafia y de la reacción.
Ni Keiko Fujimori ni
Alan García, ni nadie que represente esas corrientes o tendencia, tiene
derecho alguno a enarbolar las banderas legítimas de los trabajadores.
En el pasado reciente, ellos hicieron escarnio y mofa de las más
legìtimas demandas sociales y las arrasaron impunemente.
Mantener la Independencia de Clase, por parte del movimiento popular
proletarizado, pasa necesariamente por trazar una neta línea divisoria
que diferencia campos y terrenos.
No hay que perder de
vista nunca, ni en ninguna circunstancia, que el enemigo fundamental,
es el Imperialismo Yanqui; y que el peligro principal que se abate
sobre nuestro pueblo estriba en la posibilidad de que la Mafia recupere
posiciones y se alce con el gobierno en el futuro próximo.
Gustavo Espinoza M. es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.
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