Noticias Aliadas
Adital
Hernán Scandizzo
En los últimos años la criminalización de la protesta social
en Argentina se trasladó de los grandes centros urbanos a las periferias, particularmente,
frente a las demandas territoriales indígenas y las luchas en defensa de los bienes
comunes impulsadas por asambleas socioambientales.
 |
| Indígenas son los más afectados por la criminalización de la protesta social que se extiende hacia el interior del país. |
"En los 90 la respuesta del Estado a los reclamos de sectores
desocupados era claramente la criminalización y, a partir de los últimos años de
gobierno, identificados como kirchnerismo, no es principalmente la represión el
mecanismo por el cual se disipan estas protestas”, sostuvo Eduardo Hualpa, presidente
de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), aNoticias Aliadas. "Hay
otras mecánicas, hay diálogos, complejos, hay quien dice que hay cooptación, otros
que dicen que hay incorporación a las propuestas políticas; en definitiva, hay otros
fenómenos que están jugando, pero esto no sucede en el caso de los reclamos de comunidades
o de instituciones indígenas. El Estado no tiene una propuesta política que integre
o que incorpore las demandas indígenas desde el respeto a la autodeterminación de
los pueblos”, destacó.
El jurista Alberto Binder, integrante de la comisión directiva
de Instituto Latinoamericano de Seguridad Democrática (ILSED), coincidió con el
análisis de Hualpa, aunque precisó que en las urbes comienza a perfilarse un cambio
en la respuesta del Estado, "una mayor represión” ante las demandas impulsadas por
comisiones sindicales de tendencia de izquierda clasista, que se salen de "los cauces
de negociación estándar” utilizados por la burocracia sindical.
Binder lamentó que el gobierno nacional no haya persistido
para que los protocolos de intervención en la protesta social, fueran implementados
por las policías provinciales. Según el jurista, la aplicación de estas normas de
procedimiento, en cuyo proceso participaron organismos de derechos humanos como
el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, evita o reduce la violencia en los casos de represión.
Los "Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales
y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”, presentados en el 2011 por
el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre otros puntos establecen que la intervención
de las fuerzas será progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores
de la protesta; prohíbe al personal policial que pudiera tomar contacto directo
con los manifestantes portar armas de fuego —medida vigente desde 2010 en el ámbito
federal—, también prohíbe el uso de pistolas lanzagases y limita el uso de postas
de goma.
Debido a la baja de las protestas sociales en las urbes, protagonizadas
en algunos casos por movimientos sociales que se hacían eco de las demandas de campesinos,
indígenas y asambleas socioambientales, "la clase media empieza a mirar estos problemas
como un problema de lejanía, entonces también hace que estos temas queden como ocultos”,
advirtió Binder. Según el jurista, la pérdida de presencia en los centros urbanos
genera un debilitamiento en los reclamos de los pueblos originarios y de asambleas
socioambientales, "que tienen poca estructura de sostén” y "allana el avance [represivo] de los gobiernos provinciales”.
"La estructura de defensa de los organismos de derechos humanos,
en las provincias, es mucho menor, y a los grandes organismos, que están radicados
en Buenos Aires, les cuesta llegar”, agregó.
Por otra parte, en su análisis sobre los avances y retrocesos
en materia de criminalización, Binder puso el acento en la Ley Antiterrorista, cuya
reforma fue aprobada en diciembre del 2011. El jurista advirtió que no es precisa
al definir qué es terrorismo, y deja un amplio margen de interpretación y aplicación.
"Ahora lo terrorista es cualquier delito del Código Penal
que se hace con finalidad terrorista, es decir, con finalidad de aterrorizar, de
condicionar a las autoridades públicas”, indicó. La norma anterior, fruto de una
reforma realizada en el 2007, penaba la participación en una asociación ilícita
destinada a generar terror en la población y el financiamiento de organizaciones
terroristas.
Protesta indígena
Para Hualpa, los pueblos indígenas "nuevamente aparecen como
el límite al desarrollo económico y productivo del país. Volvemos a los textos de
Domingo Faustino Sarmiento, de Juan Bautista Alberdi, del siglo XIX [que planteaban
la dicotomía ‘civilización o barbarie’]”, sentenció.
El 13 de abril se fijaron cargos contra tres dirigentes mapuche
de la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina: Relmu Ñamku es acusada de
intento de homicidio, mientras que el werken (mensajero) Martín Maliqueo y el logko
(autoridad política) Mauricio Raín, de daños graves. La causa tiene origen en la
resistencia de la comunidad Winkul Newen a la explotación de hidrocarburos en su
territorio.
El 28 de diciembre del 2012 se produjeron incidentes cuando
una empleada judicial acompañada por efectivos policiales y representantes de la
petrolera Apache intentaron notificar el desalojo de la comunidad dictada a instancias
de la empresa, que pretendía ingresar y activar el yacimiento paralizado por los
mapuche. En aquella oportunidad la oficial de justicia Verónica Pelayes resultó
lesionada en el rostro al recibir el impacto de una piedra.
La Fiscalía y la querella en juicio pedirán 15 años de prisión
efectiva para Ñamku. De haber condenas, el caso podría marcar un precedente negativo
no sólo para las demandas indígenas sino para la protesta social en general.
"Lo que hay claramente con esta calificación es un mensaje
de advertencia, de cuidado hacia las comunidades”, afirmó Darío Kosovsky, abogado
defensor de los mapuche. "Hay una política criminal autoritaria en el Ministerio
Público neuquino porque no encuentra ningún sustento legal el tipo de calificación
que se intenta aplicar en este caso”.
"El conflicto no es por el lanzamiento de una piedra y la
lesión de esta persona, que es lamentable, sino que el conflicto real es entre el
Estado, las petroleras y la comunidad, quedando este hecho como variable de ajuste
que utilizan para evitar cualquier tipo de resistencia”, enfatizó Kosovsky.
"Esta causa, más allá de las personas, tiene un sentido mucho
más profundo; hacer como un efecto dominó, hacer caer [el Código Penal] sobre todo
aquel que luche en contra de la explotación petrolera de la manera que se está llevando
en Neuquén”, sostuvo Ñamku. La dirigente mapuche también destacó que la causa judicial
es un mensaje disciplinador "para todo aquel que también se quiera oponer al fracking”.
Criminalización
petrolera
En ese sentido cabe mencionar que la explotación de hidrocarburos
en Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de petróleo de esquistos bituminosos
(shale oil) gas de lutitas (shale gas) del mundo, donde se aplica la técnica del
fracking o fracturación hidráulica, ha disparado conflictos territoriales en cercanías
de la localidad neuquina de Añelo. La comunidad Campo Maripe en agosto del 2013
sufrió el incendio de dos viviendas, un salón comunitario y un galpón luego que
la Legislatura provincial aprobara el proyecto de las empresas YPF-Chevron para
extracción de gas y petróleo de lutitas en el área Loma Campana, en territorio que
los mapuche reivindican como propio.
La explotación de Vaca Muerta ha generado una explosión demográfica
en Añelo por las posibilidades de trabajo en la industria petrolera, en el 2010
la localidad tenía 2,449 habitantes, según el Censo Poblacional, en el 2015 ascendería
a 13,736 habitantes, según la consultora Idom. Esta situación ha desbordado la capacidad
de respuesta del municipio y de la provincia, en ese contexto los aportes de empresas
del sector cobran gran relevancia. Ejemplo de ello es que la Fundación YPF junto
al Banco Interamericano de Desarrollo han elaborado las directrices del diseño urbano
de Añelo para afrontar su crecimiento. Además tanto la petrolera argentina a través
de su fundación, como la francesa Total, financiarán las obras para incrementar
el abastecimiento de agua potable de la localidad y han realizado aportes para establecimientos
educativos y el centro de salud.
Al respecto la fiscal federal de Neuquén, María Cristina Beute,
ha manifestado su preocupación por el financiamiento que aportan las petroleras
para garantizar mayor despliegue de efectivos policiales en la zona.
"Es una función del Estado, no se puede tercerizar y mucho
menos en manos de alguien que tiene un interés, que la producción no pare. Entonces
la seguridad va a organizarse en función de ese interés económico y todo lo que
pueda entorpecerlo va a ser solucionado de la manera que les parezca”, advirtió
Beute.
No hay comentarios:
Publicar un comentario