La
autorización senatorial para permitir al gobierno de Barack Obama una
aprobación rápida del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) se
quedó ayer a ocho votos de ser aprobada, lo que impedirá a la Casa
Blanca adherirse a ese instrumento internacional a corto plazo, como
eran los planes presidenciales. Sin la aprobación legislativa al fast track que
deseaba la Casa Blanca, el documento deberá pasar por una larga fase de
negociaciones políticas en el Capitolio y, por ende, perderá impulso y
oportunidad entre los gobiernos que desde hace más de cinco años buscan
crear una zona de libre comercio en la cuenca del Pacífico: Australia,
Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú,
Singapur y Vietnam, además del vecino del norte.
Es una buena noticia, porque el retraso estadunidense presionará al
resto de los socios en ciernes a actuar con mayor transparencia en la
gestación de un pacto cuestionado por sus implicaciones negativas para
las sociedades involucradas. Se ha señalado en diversas ocasiones que
el ATP está diseñado en primer lugar para dar libertad total a los
capitales privados en detrimento de las autoridades nacionales y de las
poblaciones, en materias tales como los derechos de autor y las
patentes, las inversiones, los movimientos financieros y la regulación
opresiva de Internet, y en segundo, para marginar a China y a Rusia de
los flujos comerciales y financieros en la cuenca del Pacífico.
En años y meses pasados este diario ha dado cuenta, con base en documentos que le han sido proporcionados por Wikileaks,
de las graves implicaciones que podría tener el ATP en nuestro país,
particularmente por las graves concesiones que conllevaría en materia
de soberanía y por las limitaciones que impondría al diseño y la
aplicación de políticas públicas favorables a la población.
Los riesgos del acuerdo mencionado son tan serios que los gobiernos
participantes optaron por negociarlo en el más estricto secreto y de
espaldas a sus respectivas opiniones públicas. La opacidad del proceso
llega hasta tal grado que una de las condiciones del acuerdo es que se
mantenga clasificado durante cuatro años contados a partir de su
entrada en vigor, o bien a partir de un fracaso de las negociaciones.
Se trata, en suma, de un convenio lesivo y políticamente impresentable,
y la postergación forzada de su aprobación por el Legislativo
estadunidense representa un alivio para el conjunto de las naciones
participantes.
Cabe esperar que la negativa del Capitolio al fast track
obligue a los negociadores a debatir y convenir el ATP a la luz de la
mirada pública en las diversas naciones a las que se pretende vincular
mediante este instrumento, y que el momento político evolucione y haga
posible una reformulación radical del documento sobre bases más
equitativas, soberanas y equilibradas. Porque, en su versión actual, el
ATP es un peligro.
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