A
Santos se le agoto su paz neoliberal. La naturaleza oligárquica de su
proyecto político estanco el proceso de paz y amenaza las conquistas
principales. No fue capaz con la guerra, menos con la paz. El país no
se puede hundir en la perplejidad, la salida es la Asamblea Nacional
Constituyente por la paz y la democracia que construya una nueva
Colombia para el Siglo XXI. Que Santos y su corrupta clase politiquera,
saqueadora de las regalías y los patrimonios estatales se vayan bien
lejos.
Las Farc suspendió la tregua unilateral que había ordenado a
sus frentes y bloques desde finales del 2014. Decisión que ha tenido un
alto impacto en el clima político del país, pues los eventos de la
guerra disminuyeron sustancialmente, en los primeros meses del año en
curso, dando gran alivio a la población campesina de las regiones donde
el conflicto social y armado se vive con mayor intensidad desde hace
muchos años.
La determinación es producto del bombardeo a los
campamentos del Frente 29 de la insurgencia, en el municipio de Guapi,
ubicado en el departamento del Cauca/Costa del Pacífico, en desarrollo
de la orden presidencial de reactivar las operaciones de la Fuerza
Aérea a raíz de los lamentables sucesos ocurridos en la localidad,
también caucana, de Buenos Aires, el pasado 14 de abril, cuando
murieron 20 integrantes de las Fuerzas Armadas gubernamentales en
avanzado estado de embriaguez. Han muerto en la noche del jueves 22 de
mayo, 26 partisanos por efecto de las potentes bombas descargadas por
la aviación oficial.
Regresamos a la plenitud del conflicto y sin
un cese bilateral y permanente del conflicto con impacto impredecible
en los diálogos de La Mesa de La Habana, Cuba.
Sobre las
características y el rumbo que ha tomado la cruenta guerra civil
colombiana; sobre el sentido y los alcances de las conversaciones de
paz de los últimos 45 meses; sobre las posibilidades de concretar un
acuerdo cierto de paz, bien se puede recurrir a diferentes teorías
relacionadas con la solución y manejo de conflictos y a infinidad de
experiencias internacionales. Recurso que no se debe descartar sin
olvidar que encajar la realidad nacional en formulaciones abstractas no
aporta mucho.
Hay que atenerse a los hechos puntuales y
valorarlos políticamente. Mirar el curso real del Estado, el gobierno,
la sociedad y el escenario internacional. Imaginar salidas.
Lo
cierto es que el proceso de paz ingresó hace algunos meses en una zona
turbulenta de tormentas e incertidumbres derivadas de la densa crisis
que afecta al régimen político y a la administración del señor Santos.
Dicha crisis ha sido gatillada por la debacle económica de la sociedad
y fiscal del Estado, con ocasión de la caída de los precios
internacionales del barril del petróleo que proporcionaba más de un
cuarto de los ingresos del gobierno. Santos se quedó sin plata y con un
gigantesco faltante en la cuenta corriente de la balanza comercial, que
lo ha conducido a buscar fórmulas inconvenientes y a determinaciones
absurdas, como ofrecer la venta de bienes estratégicos del Estado, como
Isagen, la empresa emblemática de la energía eléctrica.
El cuadro
de la crisis orgánica de Santos es bastante endiablado. Su legitimidad
está en el suelo y la confianza de la sociedad civil se esfumo, después
de desconocer descaradamente el apoyo de la Izquierda democrática que
lo salvo con sus dos millones de votos de una casi segura derrota en
las votaciones presidenciales por cuenta del uribismo.
La
justicia está paralizada y perdida en la bancarrota ética y
profesional. La educación, que recién sale de una potente huelga de
educadores, traicionada por los directivos de Fecode que se entregaron
por prebendas y prestaciones jurídicas menores, es un desastre total.
La salud no supera el desastre que arrastra desde hace varios años.
Más
recientemente, con ocasión de la calamidad natural que acabo con la
vida de casi 100 personas en Salgar, Antioquía y de 20 mineros en
Riosucio/Caldas, la sin salida de Santos se ha hecho más notoria. Los
instrumentos de planeación urbana como los Planes de Ordenamiento
Territorial/POT, han saltado por los aires hechos añicos, pues con
quince años de vigencia solo han mostrado ser una perfecta basura
neoliberal. La crisis ambiental y el calentamiento global amenazan
centenares de municipios y grupos poblacionales vulnerables localizados
en zonas de alto riesgo, pues los dineros apropiados para tomar las
medidas de previsión correspondientes se las alzaron los políticos
oficialistas mediante el control de las Corporaciones Autónomas
Regionales. Nadie le cree a Santos su promesa de resarcimiento a los
acongojados pobladores de Salgar, cuando se conoce que con casi 8 años
de tragedia en Gramalote, no han colocado una sola piedra en la
reconstrucción del mismo municipio de Norte de Santander, cuyos
habitantes están a la deriva en carpas y tugurios en Cúcuta.
Lo
más grave es la gran crisis moral del establecimiento. Millones de
ciudadanos están indignados porque la reciente bonanza petrolera y
minera que vivió el país prácticamente se la raparon los senadores,
representantes, gobernadores y alcaldes seguidores de la unidad
santista. Directamente el Jefe de la Casa de Nariño y su hoy gerente de
la Estatal Ecopetrol perfilaron un perverso mecanismo de distribución
de las regalías petroleras de los hidrocarburos. El nuevo régimen de
regalías, vigente desde 2011, estableció un sistema de Órganos
Colegiados de Aprobación y Decisión/OCAD, en que los políticos se
reparten estas platas a discreción y sin controles fiscales y sociales.
Jefes y gamonales oficialistas adjudican a dedo, denuncia reciente
informe de Transparencia Colombia, junto con gobernadores y alcaldes de
la misma cuerda, contratos fraudulentos que no resultan en obras
concretas para el servicio de la comunidad. Es lo que falto en Salgar,
Antioquia y en Riosucio, Caldas.
Hay dos casos que son un
escándalo inocultable. En el departamento del Quindío se embolsillaron
150 mil millones girados en los últimos 48 meses por Planeación
Nacional; uno de los caporales del régimen se está comprando con esos
dineros toda la parte rural de Génova, el municipio donde nació Manuel
Marulanda Vélez.
En el Cauca, principal escenario de la guerra,
lo propio ha hecho el gobernador Temistocles Arteaga, quien en asocio
con el Senador liberal Velasco, se repartió estas platas y este último
presiona para completar privilegios burocráticos con grandes cuotas en
la Fiscalía General, cuyo titular lo debió denunciar, pues no acepta
más el chantaje del encumbrado malandro de cuello blanco.
En el pico de su crisis, Santos ha pretendido presionar, por enésima vez, una paz exprés.
Para
el efecto, recientemente envió a su Canciller, en compañía de un
empresario paisa, para que se sumara a la delegación gubernamental en
la Mesa de diálogos de La Habana. Su argumento central es que la paz se
debe firmar inmediatamente porque el tiempo internacional de la misma
se agotó. Abunda en sofismas y piruetas retoricas que carecen de
fundamento para exigir la firma de un acuerdo de fin del conflicto
omitiendo puntos cardinales relacionados como el fenómeno paramilitar
auspiciado por las Fuerzas Armadas, la depuración y reestructuración de
estas, la reforma del Estado, la situación de los presos políticos, los
TLCs, el ordenamiento territorial, la eliminación del Esmad, la
erradicación del neoliberalismo, la democratización de los medios de
comunicación, la amnistía, el indulto y la libertad de los 10 mil
presos políticos victimas de montajes judiciales y policiales.
Arguye
que el contexto internacional es adverso a un acuerdo de paz, cuando lo
que está ocurriendo en el campo geopolítico es la emergencia de
tendencias y bloques favorables a una salida democrática de la
prolongada guerra civil colombiana. No hay necesidad de extenderse en
explicaciones en ese sentido, pues la visita del Primer Ministro Chino
a Bogotá en las últimas horas así lo está demostrando.
Lo que
sucede es que Santos, en razón de sus viejos y desuetos intereses
oligárquicos, quiere imponer a la resistencia campesina revolucionaria
la paz de los vencidos, la paz de los falsos positivos, la paz de la
cárcel. Pretende una paz neoliberal con la dictadura perpetua de los
mercados.
Prueba de ello es su recién aprobado Plan Nacional de
Desarrollo que no es más que una vulgar copia del recetario neoclásico
de la OCDE, en el que se desconocen olímpicamente los tres acuerdos
logrados en la Mesa de La Habana. Se rasga las vestiduras con su falsa
revolución, con su fracasada ley de restitución de víctimas y tierras,
cuando lo único efectivo es que su gobierno trabaja para favorecer los
poderosos cacaos del establecimiento (Sarmiento, Ardila, Restrepo,
Carvajal, Marval, Urbanas, Ospinas, etc), a las mafias de la droga
enquistadas en los aparatos armados y policiales y a los grandes
caimanes de la politiquería clientelar.
Santos, como su antecesor, fracasaron en la guerra contrainsurgente para derrotar al pueblo.
La
paz le quedo grande al dueño de la Casa de Nariño, su naturaleza
regresiva le niega la lucidez necesaria para dar el salto que Colombia
necesita y permita dejar atrás la violencia feudal y narcocapitalista
que nos destruye.
Esa es una verdad archiconocida. Santos se
agotó y la Constituyente popular por la paz es la alternativa apropiada
en estos momentos aciagos de Colombia.
La Constituyente por la paz tiene en la unidad avanzada en el reciente 4 Congreso del Polo un trascendental soporte.
Esa
unidad, que los diálogos entre los jefes de las Farc y el ELN en Cuba
mostró en otro momento, se articula a la estrategia revolucionaria
esencial para dar el salto necesario en nuestra sociedad.
Es que
la conquista de la paz es una bandera revolucionaria por excelencia. La
paz con democracia ampliada despeja los caminos del socialismo y la
solidaridad.
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