Después
de más de 34 años, la justicia guatemalteca ha dado inicio este
miércoles a los procesos judiciales para investigar el brutal asalto a
la embajada de España en la ciudad de Guatemala en 1980, incidente en el
que perdieron la vida 37 personas.
En la apertura del acto, la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, Janeth Váldez, ha indicado que “nos constituimos en la sala de vistas de la Corte con el objeto de iniciar el debate oral y público para juzgar a Pedro García Redondo”.
García, el entonces jefe del comando seis de la Policía Nacional guatemalteca, es el único imputado por el caso, por haber ordenado supuestamente la quema de la embajada de España el 31 de enero de 1980, cuando un grupo de indígenas, campesinos y universitarios tomó la sede diplomática para denunciar la represión en sus comunidades por parte del Ejército del país centroamericano.
Sin embargo, a su ingreso al Tribunal de Alto Impacto, García ha dicho que es “inocente”, y Moisés Galindo, su abogado, ha apuntado que “no se está buscando al responsable (de la matanza), sino que se quiere crear un culpable”.
“Se quiere crear un culpable que justifique esta acusación del Ministerio Público (fiscalía) y que justifique también a los querellantes adhesivos y de eso no se trata un debate”, ha indicado.
Por su parte, al inicio del proceso, la Premio Nobel de la Paz 1992 y líder indígena guatemalteca, Rigoberta Menchú, que perdió a su padre, Vicente Menchú, en esos hechos, ha explicado que “queremos cerrar finalmente un ciclo de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, es doloroso cargar esto”.
A su vez, el Gobierno español ha emitido un comunicado y ha señalado que “confía en que pueda esclarecerse lo sucedido, condenarse a los eventuales culpables que hayan sido procesados, se dignifique la memoria de los fallecidos y se repare a las víctimas y a sus familiares”.
El 31 de enero de 1980, 27 personas, en su mayoría indígenas y representantes de organizaciones populares del departamento de Quiché (norte), ingresaron “de forma pacífica” en la embajada española para denunciar atrocidades cometidas por el Ejército durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996), que dejó 200 mil muertos y desaparecidos.
Empero, según el informe de una comisión de la verdad de las Naciones Unidas, publicado en 1999, horas después, decenas de agentes de la desaparecida Policía Nacional y miembros de inteligencia del Ejército, “fuertemente armados, dieron inicio al asalto de la sede”, que acabó con la vida de 37 personas, entre ellas el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres, y el excanciller Adolfo Molina.
tas/anz
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