Adital
Los reclusos confinados en las penitenciarías y cárceles
de alta y mediana seguridad de Colombia divulgan un manifiesto a la opinión
pública nacional e internacional, a las ONG defensoras de derechos humanos,
entes de control, al Ministerio del Interior y de Justicia, al director general
del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y a los medios de
comunicación en general, que desde el lunes, 20 de octubre, la población
reclusa del país está en una jornada de huelga y desobediencia civil y
parálisis de todas las actividades. La movilización es liderada por el Movimiento
Nacional Carcelario (MNC).
El motivo presentado por el Movimiento es la "grave
crisis” que hoy afrontan los presos de Colombia a través del sistema
penitenciario y carcelario. "La situación tiene su génesis en una política
criminal injusta y excluyente. Esta promueve la deshumanización al interior de
las cárceles y por consiguiente incrementa el hacinamiento y la no atención en
salud, la mala alimentación, instalaciones no aptas para seres humanos, poco
personal para atender la demanda de los presos, demora en los trámites
jurídicos y administrativos, y la vulneración de otros derechos mínimos
fundamentales”, declara el manifiesto.
Por esto desde el MNC se hace un llamado a la
desobediencia nacional de los presos de todo el país como alternativa posible
de exigirle al gobierno nacional y demás ramas del poder una urgente solución a
la problemática. Las exigencias se fundamentan en la Constitución, la ley y las
normas concordantes que garantizan los derechos de los presos, los cuales hoy
el Inpec y el gobierno nacional sistemáticamente vulneran de forma dolosa.
Las cárceles y penitenciarias del país están reventadas
por la sobrepoblación, llegada a un tope histórico del 58,3%, atiborradas de
condenados y sindicados que se encuentran al interior de los establecimientos
penitenciarios en condiciones infrahumanas. "Los denominados cementerios de
hombres vivos”.
El Movimiento Nacional Carcelario exige a nombre de toda
la población reclusa del país, como punto de partida para un verdadero
tratamiento penitenciario y cumplir así las prerrogativas de la ley, lo
siguiente: instalación de una mesa nacional de concertación como espacio de
diálogos del MNC, sociedad y gobierno para tratar la problemática penitenciaria
carcelaria y judicial de los presos colombianos; declaración de la emergencia
social y humanitaria, la cual obligue a las soluciones inmediatas de la grave
situación planteada, lo que lleva a rechazar la creación de más cupos
carcelarios; apoyo al proyecto de ley 082, de rebaja de penas del 20% a todos
los presos del país, sin que este quede supeditado al proceso de paz hoy
llevado en La Habana (Cuba); y otorgamiento real y efectivo de todos los
subrogados penales y beneficios administrativos para todos los presos.
Además los reclusos demandan la visita de ocho horas para
todos los establecimientos de alta seguridad; acercamiento familiar y procesal
para todos los presos y dignificación de las visitas; solución real, definitiva
e inmediata a la grave situación de salud que padecen todos los presos del país;
y no a la extradición, sí a la repatriación de los connacionales en cárceles
extranjeras.
Farc
La Delegación de Paz de las FARC-EP [Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo] manifiestan en un comunicado
público su solidaridad con la jornada de huelga, desobediencia civil y parálisis
de todas las actividades del Movimiento Nacional Carcelario.
La guerrilla añade que las cárceles están llenas de
personas que han sido privadas de su libertad sin prueba alguna. Muchos son
dirigentes sociales y populares a los que se pretende neutralizar
políticamente. Las cifras de defensores de derechos humanos indican que de
68.000 personas privadas de la libertad, la mayoría está sin juicio ni
sentencia, y sin posibilidades de una defensa adecuada y un debido proceso.
Para las Farc, merece énfasis especial la situación de
las mujeres prisioneras, quienes representan el 12% de la población carcelaria,
cuyas condiciones de reclusión se agravan por la violencia sexual ejercida por
carceleros y carceleras y por ausencia de una política que atienda situaciones
de gestación y maternidad.
"En la medida en que crecen las injusticias derivadas de
la desigualdad y de la miseria, y con ello la protesta, crecen las imputaciones
y condenas por rebelión y terrorismo contra personas no combatientes:
dirigentes sindicales, estudiantiles, populares, defensores de derechos humanos
o gente del común; este tipo de casos representa al menos el 60% de la
población carcelaria”, declaran los guerrilleros.
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