A cada día nuevas hipótesis y atropellos hacen desde las altas esferas del poder político y económico, pero de las responsabilidades nada claro presentan, con precipitación abren aquí y allá fosas comunes de las tantas que tienen y saben, sólo en un principio permanecen firmes, impedir que la verdad sea conocida. Tal es la complicidad, manejar el caso con opacidad y negligencia peor aún, facilitar a algunos de los responsables su fuga de la justicia y la ejecución extrajudicial de algunos implicados incómodos para sacar algún provecho político si es que tal cosa es posible. De acuerdo con la información difundida ampliamente y la actuación del régimen, se sostiene la hipótesis de que el gobierno federal incitó o instigó por omisión premeditada y dolosa la masacre de Iguala, es decir, dejó hacer y dejó pasar, para que los policías sicarios y pistoleros sicarios asesinaran a los estudiantes.
Hay testimonios de estudiantes que un convoy del ejército a distancia observó el tiroteo, o el testimonio de que los soldados decían que “querían medirse o actuar como hombrecitos, ahí está el resultado”. Es claro que el aparato de espionaje federal sabía por adelantado, que esos crímenes iban a suceder, siendo su obligación impedir que sucedieran, por el contrario omitieron para que pasaran.
Lo que sí es concreto es el conjunto general de aspectos en que se ve implicado el sistema. La represión de Iguala puso en claro que para la juventud humilde de este país los derechos sociales serán arrebatados por el poder político. Ejercer la protesta, o simplemente pedir recursos al pueblo en un boteo es considerado un delito de subversión al gobierno.
Pero yendo a las conexiones internas de esta situación, el caso de Ayotzinapa pone en entredicho las bonanzas reformadoras con que la burguesía transnacionalizada, los monopolios internacionales y la autoproclamada clase política impusieron sus condiciones de “gobernabilidad”. Pues la educación del pueblo queda completamente al margen de sus beneficios, según esas castas son pérdidas que la nación debe evitar cerrando esos centros de enseñanza.
Por si había duda, el sistema de partidos queda identificado como medio de control para que en el país nada suceda fuera de la geometría del poder. El espectro político burgués que va de la derecha demencial vende-patria a la izquierda legal demostró su complicidad en uno u otro sentido de acuerdo con su actuación en el problema.
Policías y Ejército están suscribiendo por su parte su larga lista de violencias y culpabilidades frente a la población, en este y otros hechos vienen desenmascarándose, sea por evidencias, rastros o conflictos internos en que al ajustarse las cuentas entre mandos y políticos acusan la violencia a que se han dedicado durante largo tiempo.
Que el narco-Estado es ya una faceta del Estado burgués mexicano tan interesado en dominar a las clases y sectores populares como lo están los Slim o Azcárraga, se hace patente por toda la información que en estas semanas ha salido sobre su intervención en el caso y el ajuste de cuentas a que tiene lugar entre sus distintas camarillas.
La ineptitud de la mano de la corrupción más que centros de la problemática como nos quieren vender las versiones socialdemócratas en el sentido de que esto es lo fundamental que ocurre en el Estado mexicano, asoma como la condición en que opera y seguirá gestionando el sistema político sin ser para nada un puro escollo que se remedie sustituyendo las burocracias de una camarilla (PRIAN) por las de otra (PRD).
Ayotzinapa golpea contundentemente a un régimen que simula una catarsis correctiva, desenmascara también a quienes aseguran que ya en México sólo queda el problema de la violencia, que el capitalismo se ha salvado y la democracia se ha instaurado.
Que frente a la grave situación económica la clase dominante tiene un programa de recetas y paquetes al cual consideran inamovible no importando la miseria que los rostros de México presentan, para lo cual seguirán elevando la violencia institucional en comandita con el crimen organizado adentro y afuera de las instituciones. Pues a pesar de la legitimidad de la denuncia popular contra este crimen de Estado, este mismo hace todo cuanto está en sus medios para negar el acceso a la clarificación de los hechos y castigo a los culpables. La crítica de los hechos demuestra que la política tradicional de encubrir y reprimir seguirá en su espiral instrumentándose por todo el país a toda marcha desde los poderes de la república tanto como desde los partidos políticos.
Con Ayotzinapa se abre una gran crisis social y política en medio del estancamiento económico; el Estado mexicano, la democracia burgués representativa y el capitalismo en sí además del desgaste muestra síntomas de agotamiento preparándose para restablecer viejos esquemas dictatoriales.
Por tanto es importante esforzarnos por la cohesión de las clases populares hacia un amplio movimiento que se prevé multisectorial y anticapitalista. El protagonismo clasista es una necesidad en esta lucha para que emerjan posiciones proletarias más allá del gremialismo, el sindicalismo tradicional o los sectarismos, en la proyección de tendencias revolucionarias que rompan con el capitalismo imperante inaugurando un nuevo proceso de lucha.
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