"El
país sufre la irresponsabilidad y avaricia de un grupo relativamente
pequeño, cuyos intereses personales se anteponen al interés público."
Con
esta frase célebre se encabeza el título de la editorial de La Nación
titulada Huelga en Limón, del día 27 de octubre de 2014 [1]. Quizás el
“tico promedio” no comprenda mucho lo que se esconde detrás de esta
patraña absurda y falaz del señor Armando González, quien ahora se
mantiene “en vela” al frente del equipo editorial de este medio
oligarca, pero lo cierto es que no se trata de un indescifrable
artilugio. El lector, por lo tanto, no se halla frente a la infalible
Gorgona, sino ante una Medusa con muchas cabezas de serpiente.
Quizás
la perspicacia de algún amante de los acertijos pueda suponer que la
frase que da comienzo a estos párrafos se refiere a la clase
acaudalada, omnisciente y todopoderosa del país. Pero no, aunque nadie
lo pueda creer, el editorialista de este medio no se refiere a la
sacrosanta figura de Rodolfo Jiménez de la Guardia. En absoluto. Todo
lo contrario, la referencia es directamente a los trabajadores de
JAPDEVA. Es decir, ahora los empresarios son mayoría en este país y los
trabajadores la minoría que impide el aclamado desarrollo económico
nacional.
Ahora bien, dejando el patetismo “literario” –y más
bien retórico– del escribidor editorial, vale la pena deshilar un
poquito los garrafales errores en los que se cae para visualizar el
intento de manipulación vil que conlleva ese pasquín propagandístico.
Como
siempre ocurre con estos grandes medios de desinformación –y
atolondramiento– masiva, las verdades (o las mentiras), siempre se
dicen a medias (o muy completas). Primero porque el editorialista
menciona que el problema de todo esto es la cláusula 9.1 del Contrato
de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño,
Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la
Terminal de Contenedores de Moín, la cual dicta que APM Terminals
“será
la terminal especializada para el manejo de contenedores, del Complejo
Portuario de Limón / Moín y en la Costa Caribe, así como la única
encargada de atender barcos portacontenedores – fully-cellular
container ships destinados a la importación y exportación de carga
hacia y desde Costa Rica” [2].
Pero, ¿acaso no contradice esto
el artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica que establece
claramente que “son prohibidos los monopolios de carácter particular y
cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o
restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.”? Pues al
ser esto un tema de interés público, debe el estado impedir un acto de
esta naturaleza. Pero no, no interesa el derecho cuando priva el
beneficio particular.
Entonces, ¿no es un monopolio al mejor
estilo RITEVIANO lo establecido en esa cláusula? Iluso el que no
entienda lo que ahí está escrito, pero bien astutas las cámaras
empresariales de este país que cuentan con este pasquín propagandístico
mercantil como lo es La Nación. ¿No son acaso liberales que se afanan
en la defensa plenipotenciaria del libre mercado? ¿No es que la
Economía Política establece este precepto casi como un versículo
bíblico, como un mandamiento escrito sobre piedra, totalmente
incuestionable?
Bueno, al editorialista se le olvidan estas
palabras escritas con fuego por parte de Ricardo y Smith. O tal vez
solo se trate de la clásica conveniencia pragmática de estos liberales
de cereal, que hasta las ideas terminan prostituyendo cuando se les
acaba el país. ¿Pero debería extrañar al costarricense una postura como
esa? Para nada, demostrado está que el capitalismo tiende a la
monopolización, no a las maravillas del libre mercado.
Y luego
los trabajadores, según la propaganda, tienen demasiados beneficios y
un poder casi absoluto en el puerto. ¿Y ellos son entonces unos pobres
diablos relegados de la riqueza? Patrañas. Y peor aún, patrañas
engullidas por lectores y televidentes ignorantes que no saben
cuestionar el modo discursivo retórico de estos abotargados
comerciantes de la desinformación. (¡Mea culpa!). Todo lo contrario,
quienes han gozado de todos los beneficios y prerrogativas que otorga
el acceso al poder, han sido estos falaces de la palabra.
Pero
la farsa no queda develada en esto nada más. Asegura la editorial que
el “costo para las navieras y el país es el más elevado”, pero no dice
que ese costo aumentará considerablemente según lo estipulado en el
contrato de concesión. Esto es así en la cláusula 11.8, inciso 8), en
la cual se lee, en su último párrafo, que la tarifa final es de $223
[3], mientras que el costo actual es de aproximadamente $175 [4].
Algo
que tampoco menciona el escribidor editorialista es que el Puerto de
Limón es el segundo más eficiente de Latinoamérica, según el informe
del Banco Interamericano de Desarrollo [5]. ¿Por qué omitir esta
información? Muy fácil, porque se trata del sector público y a los
abanderados de la privatización les incomoda la existencia de cierta
distribución de la riqueza. Al final de cuentas, para estos personajes
de fábula, la libertad se restringe cuando, ahora sí, se ven amenazados
sus particulares y cuantiosos intereses económicos.
Finalmente,
y apelando a una especie de sentimiento nacionalista y lastimero, la
Editorial esboza una serie de falacias patéticas que no tienen ningún
sustento teórico ni práctico. Por ejemplo, apela a una disminución en
la balanza de pagos. Estos argumentos los han esgrimido con temas como
el Combo, TLC, Crucitas o explotación petrolera. La práctica (siguiendo
su dinámica) favorece por mucho la postura de que esto es una absoluta
mentira. Costa Rica, hasta el día de hoy, con TLC con Estados Unidos y
China, sigue importando más de lo que exporta y esto se debe a
condiciones históricas que estos poderosos empresarios jamás lograrán
comprender desde sus posturas idealistas del manejo económico.
Arguyen
que esto se trata de un asunto de “legalidad” y la encaminan en varios
sentidos: la del contrato, la del derecho empresarial e inversionista y
la de la libertad de tránsito. Pero se olvidan que existe el derecho al
trabajo digno, a la igualdad de condiciones y a la huelga. Por lo
tanto, la “legalidad” solo se ajusta a intereses oscuros de quien
ostenta el poder real. Sin embargo, sería un desgaste de cuartillas
exponer estos puntos sólidamente afianzados en la teoría y la práctica
que la historia ha legado.
Este proyecto no contribuye a la
vanagloriada libertad económica, todo lo contrario la restringe. ¿Qué
diría Friedman en una situación como esta? Lo más probable es que
aplaudiría. En todo caso, si hay algo que sí queda demostrado es algo:
el carácter fascistoide de estos medios, que aplauden la represión y la
violencia de estado cuando sus intereses están en peligro. Que hablan
de democracia cuando los principios más elementales los ignoran por
omisión. Al final de cuentas, la tragicomedia de la democracia fue su
invento y como “literatos fantásticos”, pueden modificar la historia
cuando gusten, para ponerle un poco de capricho, patetismo,
contradicciones y beneficio para algunos bancos privados y grandes
empresas.
Para estos facinerosos, acabar con los movimientos
sociales es la gran premisa, al menos así lo asevera esta editorial
cuando afirma que “el Gobierno debe mantener la misma firmeza para
evitar alentar otros movimientos similares” [6]. En suma, que vuele
garrote y lacrimógena a cualquier síntoma de descontento de la
población producto de las políticas del despótico mercado.
Algunos
sectores botaron la toalla, tal es el caso de la cámara de bananeros
que hasta hace un año se oponían a APM Terminals [7]. No podía
esperarse más de los que ostentan el poder económico, al final quien
cargará con los sobreprecios de las tarifas portuarias serán las
personas, los trabajadores, quienes verán crecer el costo de la vida
mientras que los mercaderes verán abultar sus barrigas con el “orden y
progreso” costarricense.
Parece que la última carta está en
juego, la mano la tiene el sector sindical que no levanta a la opinión
pública y un as escondido que podría compensar un poco las fuerzas en
pugna: se trata del ambientalismo, quienes tienen la evidencia
constatable del impacto ambiental que producirá la construcción de la
terminal en Moín [8].
Todo sigue su curso. Jairo Mora lo
advirtió con su muerte, desde un caparazón de tortuga. Reafirmando la
sensibilidad de esta zona costera donde se piensa construir el proyecto
transnacional. Por ir un paso más allá, tuvo que desaparecer por un
instante, pero algún día volverá, probablemente cuando un mar de
sedimentos ocupe aquellos lugares de desove. Pero ojalá vuelva cuando
la consciencia por fin llegue a cada costarricense y salga a defender
lo que realmente es suyo.
Notas
[1] La Nación. 2014. Huelga en Limón. Sección Editorial. Versión digital del 27 de octubre de 2014. Consultado en: http://www.nacion.com/opinion/
[2] Consejo Nacional de Concesiones. 2012. Contrato
de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño,
Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la
Terminal de Contenedores de Moín, p. 55. Consultado en: http://www.cnc.go.cr/content/
[3] Ibid., p. 65
[4] Chinchilla, S. 2014. Pablo Díaz, JAPDEVA. Youtube. Minuto 0:39. Consultado en: http://www.youtube.com/watch?
[5] Mundo Marítimo. 2014. Puertos de América Latina aumentaron 39% su eficiencia entre 1999 y 2009. Edición del 7 de abril de 2014. Consultado en: http://www.mundomaritimo.cl/
[6] La Nación. 2014. Óp. Cit.
[7] Véase declaraciones en prensa: Loaiza, V. 2012. Bananeros reiteran oposición a que APM Terminals construya muelle en Moín. En La Nación. Consultado en: http://www.nacion.com/archivo/
[8] Córdoba, J. 2014. Expertos a piden a SETENA rechazar Estudio de Impacto Ambiental de APM Terminals. En Semanario Universidad. Consultado en: http://www.
José Solano es educador
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