El
proceso electoral en Bolivia, Brasil y Uruguay pone en discusión los
modelos de desarrollo en la región, el presente, el pasado reciente y
el futuro.
Incluso, la Argentina, a un año de la elección para
renovación de autoridades nacionales abre el debate sobre el rumbo
económico, el modelo productivo, el patrón de consumo y los
beneficiarios de la estrategia o rumbo civilizatorio, incluso más allá
del orden capitalista.
Desde el discurso mayoritario se
sostiene una polémica que atrasa, entre mercado y estado, como si
fueran aspectos autónomos o contradictorios. En un marco más reducido,
la discusión pretende ir más allá para discutir otro orden económico de
la producción y circulación de bienes y servicios, de las relaciones de
intercambio y el consumo, más pensado en satisfacer necesidades amplias
de la mayoría más desprotegida
Para que se entienda, debemos
preguntarnos quien fue el que habilitó la liberalización de la economía
local o mundial en las últimas cuatro décadas, es decir, el proceso de
apertura de las economías, flexibilizando fronteras para la circulación
de mercancías, servicios o capitales. El Estado ha sido el gran
protagonista, quién sentó las bases institucionales de un cambio
reaccionario que se remonta a las leyes de inversiones externas o de
entidades financieras, en un marco de endeudamiento estatal deliberado
que condiciona el presente.
Es más, el Área de Libre Comercio
de las Américas, ALCA, cuyos principales beneficiarios eran los grandes
capitales transnacionales, era negociada por los Estados nacionales.
Del mismo modo que el Estado legisló múltiples tratados internacionales
en defensa de la seguridad jurídica de inversores externos y para
estimular la libertas de comerciar. Fue el Estado en tiempos de la
dictadura que generó las condiciones originarias de posibilidad para
consolidar desde el Estado en los años 90 del siglo pasado la
reestructuración regresiva del orden capitalista local, reforma
constitucional mediante, en condiciones similares en la economía
regional y en el mundo.
Son los Estados los que organizan las
reglas más o menos liberalizadoras del mercado y por eso interesa
distinguir el carácter social, político y cultural que adquiere el
Estado capitalista, o dicho de otra forma, distinguir en su seno las
distintas correlaciones de fuerza. Para que se entienda lo que decimos
vale pensar en términos políticos, que es lo que definió recientemente
Bolivia con el triunfo del partido en el gobierno, y lo que hoy definen
las elecciones de Brasil (segunda vuelta) y la Uruguay (primera
vuelta), y lo que anticipa la temprana campaña electoral en la
Argentina hacia octubre del 2015.
Incluso para ser más
complejo el análisis, convengamos que Bolivia define en su Constitución
el carácter plurinacional del Estado boliviano. Lo plural connota el
objetivo civilizatorio de organización económica, política y social más
allá de lo visible institucionalizado desde los tiempos de la
independencia política ante el orden colonial. Ello supone el rescate
de la cultura de los pueblos originarios, en un intento de síntesis de
lo diverso contenido en las culturas civilizatorias contemporáneas, lo
que se sustenta como estrategia de desarrollo en el vivir bien, o si se
quiere en una perspectiva más amplia del socialismo comunitario del
vivir bien.
Destaquemos que esa discusión no está contenida
en el presente debate del proceso electoral brasileño, uruguayo o
argentino. Estos están más urgidos por otra agenda, asociada a la
posibilidad de sostener políticas que promuevan consensos renovados a
una estrategia que sin modificar las condiciones institucionales y
estructurales de los cambios acaecidos en las últimas décadas,
promuevan iniciativas políticas y económicas de inserción protagónica
en el orden capitalista contemporáneo. Brasil intenta ser parte de la
disputa hegemónica del orden global desde su asociación privilegiada
con China en los BRICS. Uruguay, desde los límites que le imponen los
socios mayoritarios en el Mercosur, intenta juego propio en otros
escenarios de la integración, incluyendo atractivos de valorización
capitalista a inversores de Brasil o Argentina. Ambos procesos y la
Argentina están discutiendo, desde el debate mayoritario, una inserción
más o menos funcional a la hegemonía del libre comercio sin poder
discutir un más allá del orden civilizatorio.
La discusión se
procesa en condiciones de retracción de la actividad económica, local y
global. El debate se angosta a las formas del ajuste económico y la
distribución social del costo en su ejecución. Por eso el titular de la
UIA alude a la ideología del “modelo económico” en la Argentina. Es un
diagnóstico pronunciado en el coloquio de empresarios en Mar del Plata
y que demanda como parte del colectivo empresarial, interesado en
restablecer la tasa de ganancia, un clima de consenso, también
ideológico, para una intervención estatal favorable a sus negocios. La
pretensión de objetividad es negada desde la propia formulación para
que el Estado sirva a los intereses del sector privado de la economía,
una máxima de principios en los años noventa.
Pretendemos
diferenciar como Bolivia y otros procesos en la región, desde sus
concepciones de lo plural y una agenda para el desarrollo que dialoga
desde una temporalidad de más largo alcance, pretende intervenir más
allá del régimen del capital. Ni hablar de Cuba que se propone otro
debate para el desarrollo desde su experiencia por el socialismo y que
esta semana albergó en La Habana un encuentro del ALBA-TCP para aprobar
una estrategia alternativa al combate al Ebola, con médicos y
profesionales de la salud, más aportes en medicamentos y recursos
monetarios para la emergencia sanitaria, que contrasta con el ejército
de marines estadounidenses.
Apuntamos a destacar que discutir
el orden económico supone definir rumbos de desarrollos, más allá del
mercado y de las ganancias, para pensar en satisfacer variadas
necesidades locales y mundiales.
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