Noticias Aliadas
Adital
En
México las escuelas normales rurales son institutos pedagógicos donde los hijos
de agricultores pobres estudian para ser maestros de las nuevas generaciones de
campesinos. Hay sólo 15 en todo el país y son reconocidas por el compromiso
social y político de sus alumnos, pero para el gobierno son un criadero de
guerrilleros.
El
pasado 26 de setiembre un grupo de normalistas de la localidad de Ayotzinapa,
en el estado suroccidental de Guerrero, estaban recaudando fondos en la cercana
Iguala para poder viajar a la Ciudad de México a la conmemoración del
aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre
de 1968.
De
regreso a su pueblo, los normalistas ocuparon tres autobuses y fueron víctimas
de un ataque de la policía municipal, que disparó en su contra. En seguida
llegó un grupo de civiles equipados con armas en apoyo a la policía local, que
a su vez disparó. El saldo de la agresión fue de seis personas muertas, 25
heridas y 43 estudiantes desaparecidos, dos de ellos fueron secuestrados a
pocos metros de una instalación militar, sin que nadie interviniera.
"Por
fin se pone orden”, tituló el día siguiente el Diario de Guerrero.
Fiscalía acusa a responsables
Inicialmente
abundaban las especulaciones sobre lo ocurrido en Iguala, entre ellas estaba la
versión que cuando los estudiantes ocuparon los autobuses se encontraban cerca
de un acto público donde María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de
Iguala, José Luis Abarca, estaba presentando un informe de actividad como
titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
del municipio. Por temor a que los normalistas se acercaran a la plaza y
pifiaran a su esposa, el alcalde —quien ahora se encuentra prófugo— ordenó a su
jefe de seguridad "que los persiguieran, detuvieran y dieran un escarmiento”.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), el matrimonio es cercano
al cártel del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva.
Esta
versión fue confirmada por la Fiscalía General de México que el 22 de octubre
acusó al alcalde Abarca —quien el 17 de octubre fue separado de su cargo por el
Congreso del estado de Guerrero—, y su esposa, como presuntos autores
intelectuales de los hechos al haber ordenado a la policía municipal que
atacara a los estudiantes. La Fiscalía también responsabilizó de los hechos a
Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal, y ha pedido orden de detención
contra Abarca, Pineda y Flores.
"Asumieron
que el grupo que se aproximaba se dirigía a sabotear la celebración que se
realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, María de los Ángeles
Pineda, con motivo de su informe de actividad [como titular del DIF, el
organismo encargado del bienestar de la infancia y la familia]”, indicó el
procurador general Jesús Murillo Karam.
Dos
integrantes del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos — escisión del cártel
de los Beltrán Leyva — confesaron el 6 de octubre que la noche del ataque la
policía municipal les entregó 17 estudiantes a quienes ejecutaron, quemaron y
enterraron en una fosa común. De los demás 26 desaparecidos no hay ninguna
noticia. Por lo pronto, han sido detenidos 36 policías y 17 integrantes del
cartel, entre ellos su líder Sidronio Casarrubias Salgado.
Buenas relaciones con la mafia
De
acuerdo al libroEl Cartel de Sinaloa.Una historia del uso político
del narco, de Diego Osorno, en los años 70 el capo del tráfico de drogas
Alberto Sicilia Falcón y un grupo de mandos militares llevaron a Guerrero la
siembra de cultivos ilícitos, y las autoridades locales siempre fueron
complacientes.
Los
normalistas de Ayotzinapa habrían sido víctimas de las buenas relaciones entre
mafia, política y militares que hace cuadro décadas instalaron las bases de la
impunidad, convirtiendo a Guerrero en un estado sumamente coludido con los
cárteles criminales.
"Lo
que el gobierno quiere conseguir con esta agresión es asustarnos, y frente al
horror que cometió lo mínimo que podemos hacer es salir a la calle a
manifestar, en lugar de quedarnos paralizados por el miedo”, dijo a Noticias
Aliadas un manifestante que prefirió quedar anónimo, y que participó en una
movilización organizada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 8 de octubre
pasado.
Aquel
día, más de 60 ciudades de todo el mundo se movilizaron para pedir justicia
para los estudiantes de Ayotzinapa. En San Cristóbal de Las Casas, 20,000
zapatistas marcharon en filas ordenadas atravesando en silencio el centro de la
ciudad colonial, enseñando pancartas que decían "su rabia también es la
nuestra”, "su dolor es nuestro dolor”, "no están sol@s”. El Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) se sumó también a la convocatoria de movilización
nacional en solidaridad con los estudiantes desaparecidos y sus familias del 22
de octubre.
Operaciones de búsqueda
A un
mes de la desaparición de los 43 estudiantes, nada se sabe sobre su paradero.
Ante la inacción gubernamental, el 13 de octubre encapuchados prendieron fuego
a la sede del gobierno de Guerrero, en Chilpancingo, capital del estado, y
dejaron escrito en una pared: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
El 4
de octubre se encontraron cinco fosas comunes cerca de Iguala con 28 cuerpos.
Peritos oficiales afirmaron que no pertenecían a los estudiantes, mientras que
el independiente Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dijo que no
tienen aún los resultados de sus investigaciones.
Conforme
avanzan las operaciones de búsqueda se ha multiplicado el hallazgo de fosas
clandestinas. Al momento se han hallado 19 y casi cada día se encuentran
nuevas. ¿A quiénes pertenecen todos estos restos?
"El
padre [Alejandro] Solalinde, director del albergue para migrantes ‘Hermanos en
el Camino’, define de forma contundente este país: es una gran fosa común”,
comenta a Noticias Aliadas el escritor y periodista independiente mexicano
Gaspar Morquecho Escamilla. "En particular, el estado de Guerrero tiene una
larga historia de violencia. Hace poco descubrieron lugares donde fueron
enterrados guerrilleros de la década de los 70; fue una práctica común
desaparecerlos, asesinarlos y enterrar clandestinamente sus cuerpos”.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió al Estado mexicano
adoptar de forma inmediata "todas las medidas necesarias para encontrar a
aquellas personas cuyo destino aún se desconoce” y emprender "una investigación
pronta, objetiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en Iguala”.
"La
investigación debe esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos
de violencia, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales;
así como satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus
familiares”, señaló la CIDH. "De igual forma, la Comisión considera fundamental
adoptar las medidas necesarias para proteger a aquellos estudiantes que
sobrevivieron a estos ataques, así como a los familiares de las víctimas de
estos hechos, y de sus representantes. Asimismo, el Estado debe adoptar todas
aquellas medidas legales, institucionales y administrativas que sean necesarias
para asegurar la no repetición de hechos similares”.
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