OFRANEH
Adital
Por
Silvia Ribeiro
Las
atrocidades contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Atyozinapa,
que el 26 de septiembre dejaron seis personas asesinadas, 20 heridos y 43
jóvenes normalistas desaparecidos luego de haber sido detenidos por la policía
que los cazó salvajemente, aliada y/o parte de un cártel de narcotraficantes;
se ha convertido en un gigantesco espejo de la realidad en México.
El
dolor y la indignación recorren el país y se expresan en múltiples
manifestaciones y protestas. Siguen creciendo las denuncias y solidaridades
internacionales, inclusive cuestionamientos al gobierno por parte de
instituciones internacionales y hasta la demanda de europarlamentarios de
suspender la renovación de acuerdos comerciales con México, por la violación de
derechos humanos y la falta de garantías individuales.
Son
muchos los temas que esta masacre sacó a la luz, evidenciados a través de
prensa y medios independientes. Entre ellos, la colusión de diferentes niveles
de gobierno y policía con narcotraficantes; la podredumbre y complicidad por
acción u omisión de los partidos políticos, incluido el PRD, partido al cual
pertenecía el alcalde local que ordenó la masacre y al que aún pertenece el
gobernador estatal; el racismo y desprecio contra los jóvenes, campesinos,
indígenas; la impunidad con que actuaron los asesinos, seguros de que este
horrendo crimen no iba a tener trascendencia porque a nadie le importarían los
atyozinapos, como llamó despectivamente el alcalde de Iguala a los hijos de
campesinos que van a ese internado rural.
Pero en
lugar de indiferencia, el horror que despertó el crimen contra los normalistas
de Atyozinapa parece haber rasgado irreparablemente el telón de encubrimientos,
no sólo sobre lo que realmente pasó en Iguala, sino también porque se
entretejió inevitablemente con muchas denuncias anteriores que dan cuenta del
sinnúmero de atropellos que vive el México de abajo desde hace décadas. Muchos
de éstos se han presentado en las audiencias temáticas del Tribunal Permanente
de los Pueblos (TPP), tribunal ético internacional que está sesionando a través
de su capítulo México desde 2011 y tendrá su sesión final en noviembre 12-15 de
este año.
Justamente,
a pocos días de la matanza de estudiantes, se realizaba la audiencia del TPP
sobre educación, cuyo jurado internacional condenó en su fallo al Estado
mexicano y sus distintos órdenes de gobierno, instituciones, e instancias
responsables por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la
comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de
Guerrero. Delitos que incluyen homicidios, ejecución, desaparición forzada,
torturas y detenciones ilegales en agravio de los estudiantes . El tribunal
consideró además que existe una persecución política que en forma permanente
sostiene el Estado mexicano hacia los estudiantes y las instituciones
educativas que conforman el normalismo rural. (Tatiana Coll, La Jornada ,
11/10/14). Esta audiencia recogió testimonios de normalistas de varios estados
sobre la campaña de desprestigio y criminalización que contra ellos realiza el
duopolio televisivo, generando un clima de linchamiento y justificación de la
represión, situación que comparten con los actores de muchas otras luchas
sociales del país, tal como se denunció también en la audiencia temática del
TPP sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores el 17-19
de septiembre.
Casi un
año antes, Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi presentaron en la
audiencia del TPP Represión a movimientos sociales y defensores de los derechos
humanos , en la acusación general que abarcó varias décadas –incluidas la
masacre de Tlatelolco, El Charco, Aguas Blancas, Acteal y otras, "más de 5 mil
casos documentados de agresiones, (…) asesinatos políticos, masacres,
ejecuciones extrajudiciales, torturas, apremios ilegítimos, desapariciones
forzadas y persecuciones o asesinatos políticas por militancia política. Se
refirieron a esto como asesinatos crueles, innecesarios y alevosos,
caracterizado por la indefensión de las víctimas.” (dictamen en tppmexico.org).
Igualmente, en las audiencias del TPP sobre guerra sucia, sobre migración y
sobre feminicidios, que se realizaron en septiembre 2014, se repiten las
denuncias de agresiones, matanzas e impunidad, conformando un escenario de
guerra contra los pobres, especialmente mujeres, contra campesinos e indígenas
y contra todos los que protestan por sus derechos, por defender sus
territorios, agua, culturas, como ahora los yaquis y muchos otros.
En la
audiencia del TPP sobre devastación ambiental, noviembre 2013, el jurado
internacional que analizó más de 140 casos, dictaminó que existe una desviación
de poder que ha provocado la devastación ambiental del país. Los delitos
presentados son encuadrables en la categoría de crímenes de lesa humanidad, tal
y como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
en tanto se verifican en el marco de un ataque generalizado y sistemático en
contra de la población civil mexicana. ( www.afectadosambientales.org ). Para
comprender el vasto significado de esta sentencia, recordemos que esta Corte
tiene como misión juzgar crímenes de genocidio, guerra y de lesa humanidad.
Los
jurados de las diferentes audiencias anotaron que además de las agresiones,
existen en todas partes acciones colectivas y comunitarias de resistencia, de
creación y solidaridad, contra y pese a los ataques. Ahora, en Ayotzinapa,
coexisten nuevamente y se expanden más allá de muchas fronteras, dentro y fuera
del país. Cuenta Gloria Muñoz que a la entrada de la escuela hay un letrero que
dice Ayotzinapa, cuna de la conciencia social (Ojarasca 210), lo cual cada día
adquiere más significados. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
*Investigadora
del Grupo ETC
OFRANEH
Organizacion
Fraternal Negra Hondureña
email:garifuna@ofraneh.org
/ ofraneh@yahoo.com
http://www.ofraneh.org
http://www.ofraneh.wordpress.com
Twitter:@ofraneh
No hay comentarios:
Publicar un comentario