Programa de las Américas
Es
la primera vez que un gobierno local toma en cuenta la opinión de los
habitantes de un municipio para iniciar la elaboración de una ley local
que impida la explotación minera de metales. De 811 votantes, solo
cinco votaron a favor en una consulta sin precedentes en el país.
Campesinos
del municipio de San José las Flores, en el departamento de
Chalatenango, al norte de la capital de El Salvador, votaron en contra
de la explotación de la minería, en una consulta ciudadana sin
precedentes en el país. Esta consulta popular se da en medio de un
litigio legal entre la empresa canadiense Pacific Rim y el estado
salvadoreño por más de $315 millones por un supuesto arbitraje cometido
por las autoridades salvadoreñas en la entrega de licencias para la
explotación minera.
“Esperamos que esto sirva de ejemplo para
otras personas y que se escuche la voz del pueblo”, dijo el alcalde del
municipio Felipe Tobar, tras los resultados obtenidos en la consulta
donde 803, de 811 electores, votaron en contra de la explotación
minera. Del total de los votantes, residentes de la zona, únicamente
cinco votaron a favor de la minería y tres votos más fueron nulos.
Según
el alcalde Tobar, con estos resultados él y su consejo municipal
iniciarán la elaboración de una ley local ambiental que tendrá como
finalidad prohibir la minería en el municipio basándose en lo que los
habitantes han dicho mediante la consulta realizada el 21 de septiembre
pasado.
De acuerdo al Código Municipal salvadoreño, las
alcaldías pueden establecer mecanismos de participación ciudadana para
que la población se exprese democráticamente sobre asuntos de interés
de las comunidades. Para que los habitantes votaran los organizadores
colocaron ocho urnas en el casco urbano para recibir a residentes de
los cantones Portillo de los Guardados, Aldea, Hacienda Vieja, Llano
Verde y Las Limas.
Según representantes ambientalistas de la
Mesa Frente a la Minera de El Salvador, los municipios del departamento
de Chalatenango que se ven amenazados por la explotación minera son
Arcatao, Las Vueltas, San Isidro Labrador, Potonico, San Antonio Los
Ranchos, Dulce Nombre de Jesús, Nueva Trinidad y San José Las Flores,
este último donde se realizó la consulta a las comunidades de la zona.
En
otra zona de El Salvador, la historia es otra. En 2012 habitantes de
los alrededores del lago de Güija, que comparte territorio también con
Guatemala, luchan para que se reconozcan los efectos de la explotación
minera en la zona. Según los salvadoreños que residen en el lugar, los
desechos químicos que bota la empresa, subsidiaria de la canadiense
Goldcorp, que trabaja en la mina del Cerrón Grande son arrastrados por
las corrientes de agua y algunos estudios realizados en la zona
revelaron que en el agua hay presencia de cianuro, mercurio, arsénico y
plomo, componentes que están relacionados con enfermedades como el
cáncer, insuficiencia renal y alteraciones genéticas.
De acuerdo
a estos resultados del último estudio realizado en 2012, los desechos
representan una gran amenaza por la contaminación con “drenaje ácido”,
es decir una concentración alta de químicos y metales pesados en las
aguas del lago que comparte El Salvador y Guatemala y que es además el
principal afluente del río Lempa, el más grande e importante de El
Salvador que abastece de agua a por lo menos a tres departamentos del
país y otros más de Guatemala y Honduras.
En la cuenca del lago
y del río, la mayor actividad es agrícola y de pesca, ejercida
principalmente por los pobladores de las zonas en los alrededores de
estos. Además, el agua del lago sirve para las únicas dos plantes
sementeras y la central hidroeléctrica en El Salvador que abastece a
casi todo el país.
Pese a los resultados, los ambientalistas
señalaron que el estudio no detalla la cantidad de los químicos
encontrados en las aguas y según las estimaciones de la empresa minera
se extraerá 1,579,959 onzas de oro y 4,486,632 onzas de plata en un
período de 15 años, esto en dinero es el equivalente a $2,800 millones
de dólares.
El proyecto minero del Cerrón Grande concluyó los
estudios de impacto ambiental en 2007 y aun no se desarrolla la fase de
explotación minera. El jefe del departamento de la presa dijo a medios
de comunicación guatemaltecos, tras las denuncias, que hay procesos
para reducir la cantidad de arsénico en el agua termal de la zona.
“Durante
el proceso enfriamos y reducimos al mínimo los niveles de arsénico
antes de verter al agua al río. Hay un solo estudio al respecto y nunca
se ha segmentado”, dijo Raúl Recinos, representante de la empresa.
El
Salvador cuenta con una ley que regula la explotación minera vigente
desde 1995, pero en 2012 los ministros de Economía y Medio Ambiente
presentaron un nuevo borrador con algunas modificaciones que de
aprobarse, tal y como fue presentado, se suspenderían temporalmente los
procesos para extraer recursos minerales en el país.
Según los
datos del Ministerio de Economía, el país tiene nueve peticiones de
licencias para explotación minera y otras 12 solicitudes en prórroga.
Mientras que Medio Ambiente tiene 18 solicites para permisos
ambientales con el fin de hacer explotación minera, de aprobarse la ley
todos estas propuestas serían rechazadas de inmediato.
Los
ministros de Economía, Armando Flores y de Medio Ambiente, Herman Rosa
Chávez, explicaron en ese momento que la intención de esta ley es
reducir la vulnerabilidad del país frente a la explotación minera y dar
“tranquilidad” a los habitantes de las zonas que se verán afectados,
entre estos los pobladores de San José Las Flores, en Chalatenango.
Estos mismos pobladores se opusieron mediante protestas y
concentraciones en la zona que se permitiera estudios previos a la
explotación de metales en 2005.
Mientras tanto, El Salvador
continúa en una contienda legal ante el tribunal del Centro
Internacional de Arreglo en Diferencias Relativas a la Inversión
(CIADI) en Washington DC bajo la ley salvadoreña de inversiones, por la
demanda interpuesta por al empresa canadiense Pacific Rim por un
supuesto arbitraje cometido por el estado salvadoreño en la emisión de
licencias para explotar la mina El Dorado en San Isidro, en el
departamento de Cabañas.
Según la demanda de la empresa
canadiense, el estado salvadoreño violó sus leyes al negarse a dar las
licencias para que ejecutase el proyecto en la zona, lo que conlleva
una responsabilidad monetaria al estado salvadoreño de $315 millones
por el incumplimiento de las protecciones de inversión para los
extranjeros.
Durante la segunda semana de septiembre iniciaron
las audiencias finales y según la Fiscalía General de la República
(FGR) salvadoreña, la empresa no cumplió con los requisitos mínimos
para obtener los permisos medioambientales y de minería que exige la
ley vigente.
Los documentos expuestos en el caso detallan que el
Ministerio de Economía le preautorizó a la empresa realizar un estudio
para explorar la factibilidad de la explotación minera en la zona de
Cabañas. Sin embargo, la representación salvadoreña alega que la
empresa no cumplió con los requisitos para tener derecho a la concesión
y que la previa autorización para el estudio no era una llave para los
permisos para la explotación minera en la zona.
Según la
empresa, el estudio que realizaron en 2008 reveló que en la zona hay al
menos 1.3 millones de onzas de oro de alto quilataje, yacimientos de
plata de 9.4 millones de onzas y otras 558 mil onzas de oro de baja
calidad, por lo que la empresa argumenta que invirtió millones de
dólares para abrir la mina del Dorado y hacer los descubrimientos.
El
fallo del caso se conocerá hasta el próximo año y según confirmó el
fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, él participará en los
alegatos de los últimos días.
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