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La comunidad campesina de Segunda y Cajas, en Huancabamba (Departamento de Piura), en el noroeste de Perú, viene siendo blanco de acciones de la empresa minera Río Blanco, como campañas escolares y entrevistas de percepción con dirigentes y ex-dirigentes locales sobre los impactos ambientales de la minería en la región. Tales iniciativas están siendo entendidas por la comunidad como un posible reinicio de las actividades de la compañía.
El proyecto minero Río Blanco, de la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes denominada Majaz S.A.), subsidiaria de la empresa china Zijin Tongguan, dispone de la concesión sobre los territorios de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y de Yanta (Ayabaca). En 2007, el proyecto pasó por Consulta Popular, en la que los 30 mil habitantes de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera pudieron manifestarse a favor o en contra. Como resultado, el proyecto fue rechazado por el 97% de la población, que defendió un modelo de desarrollo basado en la agricultura.
La actividad minera es considerada por la comunidad y los dirigentes locales como una grave amenaza al ecosistema andino, que irriga las cuencas de la región de Piura y alberga especies endémicas de la fauna y de la flora. En la fase de explotación, por ejemplo, la actividad genera impactos sobre la vegetación, la fauna, las aguas subterráneas, el suelo. Provoca también alteración del perfil topográfico, agresión visual, contaminación del aire, compromiso del agua debido a la contaminación por productos químicos, además de interferencia sobre el patrimonio espeleológico (cavernas) y arqueológico local.
Dirigentes de Ayabaca y Huancabamba se reunieron con la delegada del Departamento de Prevención de Conflictos Sociales de la Fiscalía Pública, Fabiola Albuquerque, para manifestar su preocupación por las acciones y la presencia activa de la empresa Río Blanco. "Otra vez, la Río Blanco quiere imponerse por la fuerza en la región”, declaran. En la ocasión de la reunión, se comentó también sobre la preocupación por las persecuciones e intimidaciones contra los dirigentes, por ejemplo, del presidente del Frente del Medio Ambiente de Huancabamba, Don Pedro Aponte Guerrero, detenido sin motivo por 24 horas, el último 5 de octubre.
La Oficina de Minas y Energía del Gobierno Regional de Piura, a su vez, realizó el 16 de octubre, un taller denominado "Promoción y difusión minera y los mecanismos de participación ciudadana”, con el objetivo de convencer a la población sobre los beneficios de la minería y así conseguir la licencia social para la Río Blanco.
En la visión del Frente de Desarrollo Sustentable de la Frontera Norte de Perú (FDSFNP), sin embargo, "antes de imponer actividades económicas de riesgo en la región de Piura y norte de Cajamarca, invocamos al gobierno nacional para que genere espacios de diálogo que permitan apoyar alternativas económicas sustentables o potencializarlas, como el mejoramiento de los recursos genéticos (considerados saberes ancestrales de las comunidades sobre sus plantas medicinales), la exportación de productos agroecológicos certificados (canela, café, cacao, entre otros), el turismo esotérico, vivencial y ecológico”.
Es necesario que haya un espacio para el diálogo entre la población, los dirigentes, el gobierno y las empresas. De un lado, se defiende el potencial de la agricultura y del turismo como fuentes de desarrollos sustentables y aún poco explotados. Por el otro, el gobierno y las empresas mineras buscan ampliar sus actividades económicas y conquistar el apoyo popular, que representaría el aval social.
Con informaciones del Observatorio de Conflcitos Mineros de Perú.
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