Que
en Guatemala el 70% de los crímenes queden impunes y que los grandes
casos no se resuelvan lleva a una conclusión conocida: el sistema de
justicia está tomado por variados y fuertes poderes, ubicados
paralelamente al Estado con el fin de evitar que se les persiga
judicialmente.
El Juicio por Genocidio fue el mejor ejemplo de lo
que pasa cuando esos grandes poderes pierden espacios. Por casi cinco
años, cuadros de juristas profesionales, con el apoyo de la misión de
la ONU (Cicig) y la Embajada norteamericana, crearon espacios con mayor
independencia dentro del aparato judicial.1
Los autores del terror estatal a inicios de los ochenta, cercados por
esta combinación de fuerzas, llegaron a ser sentenciados
(temporalmente), y se procedió (también temporalmente) a continuar con
las investigaciones a grupos civiles y empresariales. De otra manera hubiera sido imposible.
La
elección de la nueva Jefa del MP, impuesta en mayo del presente año, se
debió a una reacción coordinada a las políticas de Justicia
Transicional. Las primeras acciones del nuevo MP han correspondido al
signo de esta alianza conservadora, como lo ejemplifican el caso Medrano y otros.
Por
esto cuando comenzaron en junio las elecciones de magistrados para la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelación (SA), a través
del sistema de comisiones de postulación, lo esperado era un asalto
directo a las cortes. Y eso sucedió, sólo que sin la misma
coordinación. En el camino no se encontraba ningún grupo de abogados
progresista o de izquierda capaz de limitar el control de estos grupos
en el sistema de elección de magistrados. Iría a ser una lucha entre
grandes fuerzas de la derecha militar, gubernamental, empresarial, y
gremial (abogados) en diferentes niveles y con cambiantes alianzas.
Una
vez escogidas las cortes, a fines de septiembre, se presentó una
tirante coyuntura que cada vez resulta más compleja. En medio están los
primeros tanteos electorales de cara al siguiente año, las pugnas
político-militares que se han desatado en estos dos últimos meses, el
futuro de la justicia transicional, y el financiamiento electoral de
las grandes élites económicas de acuerdo a los resultados del actual
gobierno en impulsar sus proyectos de infraestructura (energía
eléctrica, puertos, y carreteras), productivos, reformas al Código de Trabajo y a los sistemas de privilegios fiscales a exportadores.
La
prensa corporativa habló con razón de un transparente descaro como
comportamiento generalizado en las Comisiones de Postulación (llamadas
telefónicas exigiendo dinero a cambio de votos, negociación abierta
entre grupos para lograr consensos, y contacto continuo con operadores
políticos de más alto nivel). Más importante sería complementar con las
coincidencias de eventos, las relaciones entre grupos que muestran, y
la visión general de una frágil estructura de fuerzas que intenta no
quebrarse.
1. Negociar era inevitable
Las
Comisiones de Postulación son sin lugar a dudas un dominio que los
abogados recibieron como parte de la transición de las dictaduras
militares (1985-1996). Un dominio que luego de años de inmovilidad
finalmente está mostrando tensiones internas. Los grandes bufetes
corporativos del capital más añejo vienen perdiendo influencia en las
facultades de derecho, el Colegio de Abogados (Cang) y las
magistraturas. Este hecho es una respuesta a un proceso más amplio:
desde fines de los ochentas la economía del país ha pasado por una
amplia diversificación (legal y paralela) que ha permitido el
surgimiento de nuevas fuerzas económicas. Esas fuerzas presionan por
lograr que sus intereses se vean reflejados en el Estado, y el control
de la justicia es un acto obligado en una economía como la
guatemalteca, donde actuar al margen de la ley es una condición sine qua non para acumular a buen ritmo.
Presentada
la convocatoria para las elecciones del Organismo Judicial (OJ) se tuvo
claro que serían dos grandes fuerzas las de mayor peso: la impulsada
por el Partido Patriota (PP, oficial) y la que lidera desde hace más de
una década el empresario emergente Roberto López Villatoro (alias Rey del Tenis).
Las acompañaría una fuerza económica de peso, pero fragmentada y sin
capacidad de una gran representación en el sistema de comisiones: los
grandes empresarios de viejo capital partidos en dos facciones, Fundesa
(Bosch-Gutiérrez) y el Cacif (azucareros, industriales y bancos).
Las
fuerzas oficialistas buscarían escoger a abogados afines a su gestión y
a las fuerzas (económicas, militares, y políticas) que lo impulsan con
un fin esperado: evitar que al salir del Ejecutivo se les juzgue por
los numerosos casos de corrupción de los que han sido señalados en sus
tres años y medio de gestión.
Las fuerzas de Roberto López
Villatoro, el Rey del Tenis, son distintas. Están compuestas, como él
mismo, por operadores políticos con intereses personales, pero sobre
todo con capacidad de negociación en favor de los mejores postores: son
mercenarios pragmáticos con una ventaja construida dentro de las reglas
del juego. Por esta característica, a ellos se acercaría la Cicig, la
Embajada norteamericana, empresarios de distinta procedencia, y una
parte de la sociedad civil. Con López Villatoro a la cabeza, estarían
los Abogados de Mixco y Ética y Derecho (del ex rector de la Universidad Nacional, Estuardo Gálvez), en una alianza mayoritaria.
Por
último, los viejos y grandes empresarios, con representación fuerte en
cinco facultades de derecho, y con intereses en lograr puestos en
espacios clave en el tipo de crímenes que suelen cometer: juzgados y
salas de Trabajo, las de Civil y Mercantil, de lo Contencioso
Administrativo (defraudación fiscal), y en Amparo para
inconstitucionalidades.
Cada una de las dos comisiones (una para
escoger SA y otra para CSJ) constaba de 34 comisionados. Aunque muchos
comisionados tuvieron intereses particulares, como postular a viejos
amigos o parientes, en términos generales la correlación de fuerzas
dentro de la Comisión para CSJ fue de 15 votos para los grupos que
representa López Villatoro, 12 para el PP y 7 para el sector
empresarial organizado.
Para
que un candidato fuera escogido, era necesarios el 66% de los votos, es
decir, el apoyo de al menos 23 comisionados. Ninguna de las fuerzas
presentes tenían por su cuenta esa capacidad. Negociar era inevitable.
2. Cuando el río truena...
A
finales de mayo, a días de iniciar el proceso, se supo que los
operadores del PP se reunieron con los del Rey del Tenis para negociar
la reelección de magistrados de la CSJ. El oficialismo pedía la
reelección de 52,
mientras el grupo que lidera el Rey del Tenis solo habló de reelección
en Salas de Apelación, posición que mantuvo hasta el final.
El PP y el ala tradicional del Cacif (a la penumbra de un petit comité conformado por delegados de los dos Bancos insignia del G-83, y por parte del gobierno, por el director del IGSS, Juan de Dios Rodríguez y Gustavo Herrera) respondieron a esa fisura y cerraron filas en ambas comisiones de postulación frente a los comisionados del Rey del Tenis.
La
idea básica de la estrategia era quebrar la fidelidad de sus
comisionados con los fondos de los dos bancos y los del Ministerio de
Comunicación y del IGSS como caja chica.
Pero las inversiones,
los favores y las lealtades históricas pesan. El Rey del Tenis ha sido
sumamente hábil en tejer sus redes (tan así que ahora es cercano a la
Embajada norteamericana), sus comisionados se mantuvieron fieles
(aunque no siempre conformes) en los dos meses de negociaciones. Esa
lealtad, sin embargo, no sería suficiente para hacer valer su ventaja.
Haría falta la cadera de la habilidad.
3. La elección de los 26
Tras
más de dos meses de un viciado proceso, finalmente a fines de
septiembre llegó el momento de la votación para CSJ. En ese momento la
alianza entre el PP y el Cacif estaba resquebrajada. Las filas del Rey
del Tenis habían suplido al PP. Pero esto no era suficiente para el
Cacif, que en la correlación de fuerzas seguía teniendo una desventaja
importante. Tenían que apelar a la fuerza como último recurso.
Los
primeros diez candidatos que ingresaron lo hicieron ya sea con una
alianza amplia (cuatro lograron al menos 32 de los 34 votos), o con una
alianza media que lograba al menos 25 votos de los comisionados. Una
vez fue escogido Rogelio Zarceño, la pieza clave del Cacif, la elección
se entrampó por horas.
Ese día aún se escogerían los siguientes
cuatro de un consenso mayoritario. Pero eso no era suficiente: eran 26
los candidatos que debían enviar al Congreso y solamente llevaban 14.
La
razón del estancamiento se pudo deber a varias razones. Lo que las
votaciones detalladas de la comisión indican es que hasta ese punto, de
los 14 escogidos, el PP llevaba una ventaja frente a los demás, debido
principalmente a una tabla de gradación que favoreció los perfiles de
sus candidatos. Le seguía López Villatoro, y por último los viejos
empresarios con solamente dos candidatos.
El veto por parte de
buena parte de los decanos a Pineda Roca y las piezas clave del PP, y
otro a Juan Godínez, pieza clave de López Villatoro, lograron estancar
el proceso: una agotadora sesión que cumplió hasta la madrugada del
lunes 22, que culminó a partir de una negociación más equitativa de los
últimos candidatos.
A partir de allí las votaciones fueron
unánimes. Y los representantes del gran capital nacional lograron
ingresar a al menos 7 de sus candidatos, mejorando su posición de
desventaja. Un día después, rápidamente el Cacif emitió un comunicado
mostrando su satisfacción con los resultados preliminares (link). El PP
había logró 9, López Villatoro 7, y en la lista se encontraban dos
candidatos que levantaron las cejas de activistas de derechos humanos.
4. El Caso Lima y las fricciones político-militares
De
los 26 candidatos resaltaban al menos dos (tal vez trs) que han emitido
resoluciones favorables a exfucionarios del FRG vinculados a la línea
dura de militares retirados y a los casos que giran alrededor de Byron
Lima: Douglas Charchal Ramos, José Pineda y, más lejano, Nery Medina.4
Las
redes imbricadas alrededor de estos personajes no tenían operadores en
la Comisión de Postulación pero sí contaron con el apoyo de los
operadores del PP, al igual que sus votos en el Congreso. El 3 de
septiembre, en horas de la mañana, la Cicig anunción que había
procesdido a recapturar al reo Byron Lima, oficial del ejército
condenado por el asesinato en 1998 del Monseñor Gerardi. Según fuentes
en el Organismo Judicial, a Lima se le estaba adelantando su salida por
un juzgado de ejecución, lo que obligó a la Cicig a acelerar sus
investigaciones. Cuidando sus movimientos, no avisó al Ministro de
Gobernación, Mauricio López Bonilla, ni al Ministerio Público sobre la
captura hasta horas de la madrugada de ese día.
La plana segunda
del PP podía no haberse enterado, pero la cúpula de gobierno lo tenía
claro. (¿Podía la Cicig dar un golpe de esa naturaleza sin el
conocimiento del Presidente?). Al ser capturado, Lima profirió insultos
y serias acusaciones en contra de López Bonilla. Según esta línea de
hipótesis, esto beneficiaba a la vicepresidenta Roxana Baldetti al
desplazar a López de la candidatura presidencial en favor de Sinibaldi,
y dar por terminada la pugna dentro del PP.
Pero
el caso de Lima era complejo. Con la muerte de Gerardi se cerró de
lleno el capítulo de la presencia de la línea dura militar en el
Estado, tendencia comenzada con el retorno civil y recalcada con el
fallido golpe de 1993 y la Firma de la Paz. A cambio de ir a la cárcel,
Lima recibió el control de las cárceles y una sola petición: guardar
silencio de todo lo que sabía.
En sus primeras palabras una vez
recapturado, Lima sentenció: «No se olviden los que saben lo que yo
sé». Un pacto corría de un hilo. Se cuidó, eso sí, de no señalar al
Presidente Pérez Molina (OPM), a quien halagó con frecuencia.
Lima Oliva representa a la línea dura de ex militares desplazados décadas atrás, como lo resaltaron sus vínculos internacionales y nacionales.
Militares que han estado en tensión con el Presidente desde tiempo
atrás por diferentes razones: OPM era de los líderes jóvenes militares
que comulgaba con la línea de los Institucionales (no Línea Dura); se
alineó con la sociedad civil para evitar el golpe de Estado de Serrano
Elías en 1993; llegó con De León Carpio al Estado Mayor Presidencial
(inteligencia), metió a su gente, que no venía de la oficialidad de
Inteligencia; desde allí presionó para la pacificación; redujo desde el
gobierno de Óscar Berger el tamaño del ejército; dejó a Claudia Paz y
Paz como Fiscal General, lo que condujo a que se abriera el caso por
Genocidio, donde la línea dura de ex militares se vio acorralada por
sus acciones en los años del terrorismo estatal; y no les ha dado
puestos o beneficios mientras ha gobernado, con la excepción del
Sistema Nacional de Seguridad, a cargo de Ricardo Bustamante.
En
síntesis, OPM y esta línea de militares pueden no estar en los mejores
términos. Lo que viene a sumar tensión luego de la misteriosa muerte
del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, llamado Granadero tras el robo de 1500 granadas en una base militar bajo su control, un personaje cercano a OPM.
La elección de la CSJ vendría a limar algunas asperezas en temas que les son comunes: frenar la justicia transicional.
Pero
el gobierno no es monolítico. Según una certera investigación de
Contrapoder, el Ministerio de Gobernación y el MP reactivaron una orden
de traslado que llevaba un año parada. A Lima lo trasladarían a
Fraijanes I, donde controla la mara 18, con quienes tiene fuertes
problemas luego que liderara hace diez años asesinatos masivos contra
integrantes de la pandilla. Los abogados de Lima no fueron notificados.
Mientras iba en camino, Iván Velásquez, cabeza de la Cicig, presionó
por la cancelación del traslado y logró una reubicación en el cuartel
de Matamoros. En sus primeras declaraciones la Cicig dijo que temía por
la vida de Lima. Velásquez salvó a Lima, una pieza clave en el
desarrollo de esta coyuntura.
5. Las batallas institucionales (y paralelas) de fuerza
Lo
que siguió a las elecciones del OJ por las comisiones de postulación se
puede dividir en dos partes: cuando se sospechaba lo que pasaba y
cuando la magistrada Escobar ayudó a revelar lo que realmente estaba
ocurriendo. Entonces el hormiguero realmente se agitó.
¿Qué
provocó el cisma? El triunfalismo envalentonado del PP. El mismo día
que logró elegir a la mayor cantidad de magistrados para la CSJ decidió
retar al resto de partidos políticos y al Tribunal Suprema Electoral
(TSE) con un derrochador (y fuera de tiempo) lanzamiento de campaña en el centro de la ciudad de Guatemala.
Ya
que los partidos medianos (Une, Creo, Todos) no cuentan aún con masivos
fondos para iniciar su campaña, cosa que puede realizar el PP con
fondos públicos, era lógico que fueran a reaccionar al lanzamiento.5 Más aún si tenía cada partido un puesto en el TSE, tras la negociación de enero.
El mismo día que fue la reunión donde se negociaron las cuotas de
magistrados de la CSJ, el TSE redactó la resolución que vetaba al PP y
expulsaba a la vicepresidenta Roxana Baldetti de su puesto en él.
El
PP pasó a negociar magistrados con el otro gran partido, Lider, y otras
bancadas medianas, que votaron disciplinadamente en bloque. Ya que
Lider no conocía a fondo el proceso, se valió de una alianza con López
Villatoro (que recuperó terreno perdido), la Embajada norteamericana, y
en menor medida del gran empresariado.
El perdedor fue el gran
empresariado, que fue un socio minoritario en la negociación, al no
lograr meter a su principal apuesta, Rogelio Zarceño. El PP, su aliado
a regañadientes desde el 2011, fue el principal responsable: deseaba
ocupar a como diera lugar la CSJ, ante las amenazas de persecución
penal por la su conocida corruptela.
Seguros de sí, el PP pasó a
solicitar amparos en contra del TSE. Hizo dos y con las dos salas de
Apelación pasó a negociar la elección de sus magistrados, próxima en el
Congreso. Logró un amparo, y el otro pasó a la vieja CSJ, que votó
favorablemente, siete votos contra seis.6
Para
mejorar la situación del PP, la de Lider, y la del Rey del Tenis, los
ganadores hasta ese momento, la Corte de Constitucionalidad (CC) validó
la elección de la CSJ. Todo iba viento en popa. Entonces vino la
magistrada Escobar.
La declaración de Escobar sobre las presiones del PP
fue un símbolo de una medida desesperada. No había más opciones a la
mano. Y funcionó. Reveló una parte de las redes paralelas y dio la
mejor oportunidad que una callada y estratégica Cicig estaba esperando.
La misión a cargo del colombiano Iván Velásquez arremetió contra
operadores importantes y, en conjunto con otros amparos presentados,
obligó a la CC a dar un vergonzoso paso para atrás. En cuestión de 48
horas las elecciones del OJ estaban provisionalmente anuladas.
6. El medio tiempo: Los círculos sin cerrar
La
CC anunció el sábado 18 que tardaría entre 30 y 45 días hábiles para
resolver, lo suficiente para reducir el nivel de tensión. Entretanto,
quedan aún muchos cabos sueltos:
Si la CC decide regresar el
proceso de elección, ¿hasta dónde lo hará, hasta el Congreso o desde un
inicio? Los ganadores harán lo posible porque todo quedé como está,
pero las dos alas del empresariado, con dos magistrados afines en la
CC, buscarán regresar al Congreso, donde buscarían presionar con más
fuerza.
¿Vendrán reformas al proceso de elección? ¿Se atreverán los grandes poderes a plantear reformas constitucionales?
¿Qué será del antejuicio en contra de Gudy Rivera del PP presentado por la Cicig?
El encargado de resolverlo es Frank Martínez, señalado de tráfico de
influencias por la Embajada, por lo que poco puede esperarse de eso.
Martínez, escogido como magistrado suplente de Apelación, también tiene
en sus manos la decisión de la amnistía a Efraín a Ríos Montt, y con
eso la continuación del Juicio por Genocidio.
El TSE se negó a
acatar lo planteado por la vieja CSJ, ¿quién ganará el pulso final, a
seis meses de comenzar la campaña electoral?
Por último ¿cómo
reaccionará el gran empresariado, principal financista del PP en el
2011, el desplazamiento que sufrieron en el Congreso? La militarización
de San Juan Sacatepéquez, así como el avance a la fuerza de otros
proyectos que los favorecen, ¿serán suficientes para pasar por alto el
arrebato y dar su apoyo a un aliado difícil pero inevitable?
Muchas
preguntas que en cuestión de dos meses encontrarán respuestas que
agitarán de nuevo las espesas aguas de la política guatemalteca.
Notas:
1
Ese fue el caso del trabajo combinado del Ministerio Público (MP) de
Claudia Paz y Paz, la Cámara Penal de César Barrientos, y los juzgados
y tribunales de Mayor Riesgo, con al excepción del Juzgado A de Mayor
Riesgo, a cargo de Carol Patricia Flores, señalada recientemente por la
Embajada norteamericana.
2 Prensa Libre. 27/05/14. Pág.5.
3
El 4 de agosto una publicación de Prensa Libre aseguró que el operador
del Cacif para las Comisiones de Postulación era Marco Augusto Noriega,
actor clave en la elección de magistrados para CSJ en las últimas
elecciones judiciales (2009), al lograr incluir al menos a cuatro
cercanos: los magistrados Ervin Gómez, Rogelio Zarceño, Gabriel Medrano
y Luis Archila.
4
Douglas Charchal Ramos fue abogado Asesor de la Empresa Puerto Quetzal
-EPQ- de 1995 a 2004. Al mismo tiempo su hermano trabajaba en el
Archivo del Estado Mayor Presidencial (EMP). Según Ruben Zamora, ambos
están vinculados a ex-funcionarios del FRG y la familia Lima. José
Pineda Barales fue Vocal I de la Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente
(2004-2009), y votó a favor de rebajar la fianza impuesta al exministro
de la defensa Eduardo Arévalo Lacs (FRG) y de rebajarle de 30 a 20 años
la condena a Byron Lima Estrada y al capitán Byron Lima Oliva por el
homicidio del obispo Juan José Gerardi Conedera. Nery Oswal do Medina
Mendez: Resolvió a favor de liberar al General Enrique Ríos Sosa y
Moises Galindo por el desfalco de Q 471.5 millones del Ministerio de la
Defensa ocurrido en 2001 durante el gobierno del FRG. Aunque según una
columna de Gustavo BerganzaMedina responde al ex rector Estuardo Gálvez
y al magistrado de la CC Héctor Pérez Aguilera.
5
La resolución fue validada por los Magistrados Julio René Solorzano
Barrios (Vocal I), Mario Ismael Aguilar Elizardi (Vocal III) y José
Aquiles Linares Morales (Vocal IV). El primero vinculado a Creo, el
segundo a Todos y Linares Morales a la UNE. Razonaron sus votos el
magistrado presidente Rudy Marlon Pineda Ramírez y Jorge Mario
Valenzuela Díaz (Vocal II), ambos vinculados el PP.
6
Los Magistrados del “Grupo de los 6” y que votaron a favor del PP en
esta ocasión son: Érick Álvarez Mancilla, Gustavo Bonilla, Gustavo
Mendizábal, Luis Alberto Pineda y Héctor Maldonado. Los otros dos
magistrados que votaron a favor del amparo fueron Mynor Franco y
Artemio Tánchez -mas vinculados a López Villatoro. Quienes se opusieron
a otorgar el amparo provisional fueron el presidente del Organismo
Judicial José Arturo Sierra y los magistrados Gabriel Medrano, Luis
Arturo Archila, Ervin Gómez, Rogelio Zarceño y Brenda Quiñónez, que
resintió su desplazamiento por el PP.
Gustavo Illescas y Rodrigo Véliz. Centro de Medios Independientes
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