La medida del Gobierno de Quinto, efectuada por los ministros de Justicia, Ambiente y de Recursos No Renovables de Ecuador en la sede de esa comunidad, ubicada en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana, responde al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitido en 2012 a favor de los indígenas.
“Reciban las disculpas públicas en nombre del Estado ecuatoriano por todos los atropellos que sufrió el pueblo Sarayaku; los más graves atropellos sufridos en gobiernos anteriores”, ha señalado Ledy Zúñiga, la ministra ecuatoriana de Justicia.
Zúñiga ha ofrecido disculpas públicas “por la violación a la propiedad indígena, a la identidad cultural, al derecho a la consulta, por poner en grave riesgo la vida e integridad personal, por la violación a los derechos y a las garantías judiciales”.
Al respecto, Narcisa Gualinga, dirigente del consejo de sabios de los sarayakus, ha reiterado que “la Amazonía es el pulmón del mundo y cómo es posible que lo destruyamos”, para luego expresar su esperanza de que “no se vuelvan a repetir” tales actos.
En 1996, Ecuador autorizó a la Compañía General de Combustibles (CGC), de capital argentino, explotar petróleo en territorio Sarayaku, sin consultar previamente a los indígenas.
En tanto, la resistencia de esa comunidad indígena logró forzar a la empresa a abandonar la zona y desistir definitivamente del proyecto en 2009. Al año siguiente, el CIDH decretó que el Estado ecuatoriano había violado las garantías de los indígenas por negarles el derecho a la consulta, y le ordenó ofrecer perdón y retirar los explosivos enterrados en su territorio.
La sentencia de la Corte, además, incluye los efectos de los trabajos para la explotación de crudo en los derechos de la comunidad, los cuales han amenazado la integridad física del citado pueblo indígena.
tas/anz
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