Surgen
dudas de si el gobierno tiene la intención real de llevar adelante las
reformas modernizadoras del Estado que prometió en su programa o si se
prepara a rendir sus banderas. La realidad política lo coloca más cerca
de la situación de un elefante en cristalería que de un gobierno de
amplia base popular. Incluso los movimientos más insignificantes del
Ejecutivo chocan con la delicada epidermis de las elites que
constituyen el entramado del poder en Chile.
En el plano político,
casi todas sus iniciativas -aunque por distintos motivos- suscitan el
inmediato rechazo de un abanico que va desde la derecha hasta la
Izquierda radical. Pero sus anuncios y proyectos provocan también
ásperas discusiones en sus propias filas.
El estrecho espacio
social y político de que dispone para mover sus piezas, acentúa la
tendencia natural del gobierno -con hegemonía socialdemócrata-
De
esta manera, como suele suceder, el programa comienza a relativizarse:
no es un dogma, han precisado la presidenta y los dirigentes de la
coalición. Solo el Partido Comunista aparece como un tenaz defensor del
programa y pide su estricto cumplimiento. Esto ocurre porque la
dirección del PC se juega la cabeza en su apuesta por la alianza con el
centro político. No ocurre lo mismo con los otros partidos. Llegado el
caso, pueden replegarse al viejo refugio de la Concertación. Tienen en
común cuatro gobiernos en que la política de los consensos permitió
hacer y rehacer programas, articulando todo tipo de acuerdos con la
derecha.
Para evitar el inmovilismo a que llevan sus
indefiniciones, al gobierno no se le ocurre otra cosa que el diálogo
con la oposición, o sea con la derecha. Pero como reduce sus
movimientos al Parlamento -la institución más desacreditada del país-,
está condenado a caer en el pantano de las trampas y maniobras típicas
de ese escenario. Su interlocutor domina las artes para defender los
intereses más conservadores y reaccionarios. Pero además, sumida en esa
marisma, la Nueva Mayoría pierde cohesión y permite que sus elementos
más conciliadores entren en acuerdos con la derecha.
La Nueva
Mayoría no contempla apelar al pueblo para realizar su programa
modernizador. Teme que si se empeña en cumplirlo contra viento y marea,
se desate una tempestad social. De ahí las alusiones a la crisis de
1973 en boga en el lenguaje de los dirigentes de ambos bloques
políticos. En suma, en Chile se libra lo que el marxismo define como
una “lucha interburguesa”. No es el pueblo enfrentando a los amos con
un programa revolucionario. Son dosfracciones de las clases dominantes
que pugnan por sus respectivos intereses valiéndose de partidos,
gremios e instrumentos mediáticos.
Esta lucha se produce porque
las señales de agotamiento del modeloneoliberal se han acentuado por la
desaceleración de la economía que produce la caída de las inversiones(1).
Eso plantea la necesidad de hacer ajustes a la institucionalidad
político-económica. Es la misión del programa de la Nueva Mayoría. Ella
representa mejor que la derecha conservadora los intereses del
capitalismo globalizado. Hay que recordar que en el primer gobierno de
Bachelet los consorcios extranjeros alcanzaron una cifra récord de
ganancias. Coincidencia o no, la reforma tributaria no toca los
intereses de los monopolios, en particular de los que explotan el
cobre. Las empresas nacionales, grandes y medianas, que se verán
afectadas por una moderada alza de la tributación, son las que
especialistas definen como “subcontratistas de los monopolios”(2), subordinadas -e integradas- al capitalismoglobalizado. Esta es la disputa que tiene lugar en el Congreso.
La
reforma tributaria será aprobada aunque con recortes porque la reforma
educacional requiere financiamiento y ella, a su vez, es necesaria para
modernizar el Estado y aumentar la productividad del trabajo. Lo más
probable es que la suma que se pretende recaudar (8.200 millones de
dólares) se vea reducida a algo más de 6 mil millones. Es lo que han
propuesto los mentores del modelo: el Centro de Estudios Públicos (CEP)
-algunas de cuyas sugerencias están incorporadas en el proyecto del
gobierno-, y el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, probados
abogados del neoliberalismo.
Funcionarios del actual gobierno,
como el director de Impuestos Internos y el subsecretario del Trabajo,
están vinculados al CEP. La ministra del Trabajo hasta hace poco era la
vocera de la Fundación Paz Ciudadana deldueño de El Mercurio ,
Agustín Edwards, coautor del golpe de Estado del 73. Hay que tener
presente que el empresariado que participa en el CEP fue, justamente,
el sector que apoyó y financió la candidatura presidencial de la Nueva
Mayoría. Conoció de antemano su programa y participó en su redacción a
través de sus hombres de confianza.
Las dificultades de la Nueva
Mayoría para moverse en la cristalería de intereses de la política, se
agudizan porque en verdad no es mayoría. Aún distantes las próximas
elecciones que permitan medir fuerzas -las municipales son en octubre
de 2016-, la única referencia válida son las presidenciales de hace
cinco meses. Ellas registraron una abstención histórica del 58%, que
hace que Bachelet represente sólo al 25% de ciudadanos con derecho a
voto.
Expresión desoladora de esa debilidad fueron los actos del
21 de mayo en Valparaíso. No hubo apoyo popular a la presidenta, que
transitó calles donde penaban las ánimas. La única movilización fue la
marcha de estudiantes, trabajadores y pobladores, también disminuida en
relación a los años de la Concertación o de Piñera, cuando en esas
manifestaciones participaba el Partido Comunista. Sin embargo, la
fragmentación de la Izquierda -y por lo tanto laausencia de una
alternativa de los trabajadores-, es otro dato duro de la realidad
nacional. Por supuesto constituye un desafío que espera respuesta.
(1) El tema se trata ampliamente en págs. 6 y 7 de estaedición.
(2) Samir Amin, El capitalismo contemporáneo , pág. 156, El viejo topo, 2013.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 805, 30 de mayo, 2014
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