La iniciativa la presentó el legislador Héctor Recalde, del Frente para la Victoria, con el apoyo del titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, y del presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, y el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.
Se persigue establecer una comisión bicameral para investigar "quiénes colaboraron con la dictadura y desde qué empresas", precisó Recalde.
El anteproyecto, que cuenta con estado parlamentario desde fines del mes pasado, apunta a la elaboración de un informe que desarrolle las consecuencias de la política económica, monetaria, industrial, comercial y financiera que instaló y llevó a cabo el gobierno de facto (1976-1983), señala el diario Página 12.
Además, que identifique a los actores económicos y técnicos que colaboraron con la aplicación y el desarrollo de esas políticas y con los delitos de lesa humanidad perpetrados entonces.
"Esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad, porque busca que haya memoria, verdad y justicia", remarcó el diputado kirchnerista por la provincia de Buenos Aires.
El proyecto de Recalde, de hecho, se basa en una propuesta que se desprende del último libro del presidente del CELS, "Cuentas Pendientes", que coordinó el trabajo conjunto con Juan Pablo Bohoslavsky, recuerda Página 12.
En esa obra, Verbitsky sostuvo la necesidad de una comisión investigadora que se ocupara de la complicidad civil en los delitos económicos del terrorismo de Estado.
Para el diputado Domínguez, "esta investigación va a poner luz sobre la parte más oscura de la historia argentina".
Los recientes juicios han dejado al descubierto la complicidad civil durante la dictadura militar, pero nos faltaba esto para acabar con la impunidad con que se manejan quienes se apropiaron ilegítimamente de 604 empresas durante esa época, recalcó el presidente de la Cámara de Diputados.
ro/mh
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