El magisterio rechaza la ley de Participación Educativa aprobada la víspera por el Congreso Nacional para pasar la responsabilidad de la educación del Estado a las alcaldías, porque afectará a los pobres y conducirá a la privatización.
Los huelguistas demandan también el pago de salarios atrasados y la cancelación de la deuda del Ejecutivo con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, la cual pone en peligro la jubilación futura de los educadores.
Este jueves miembros del gremio dialogaron a puertas cerradas con el Gobierno para la búsqueda de una solución al conflicto, pero el encuentro concluyó sin acuerdos.
Ante esta situación, la dirigencia magisterial anunció nuevas protestas en diferentes departamentos del país.
Aunque las movilizaciones tienen un carácter pacífico, fuerzas de la policía antimotines y del Ejército lanzaron gases lacrimógenos y chorros de agua, así como dispararon balas de goma contra los maestros.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron ante la comunidad internacional el incremento de la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, que la semana pasada costó la vida a una maestra.
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