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A 18 meses de que el titular del Ejecutivo federal decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, 16 mil afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas persisten en su reclamo de que se les restituya su fuente de trabajo, en tanto que el autor de la entonces llamada “valiente” pero nunca talentosa decisión, insiste en la defensa de sus inamovibles posiciones: LFC costaba 50 mil millones de pesos al año en subsidios y “estaba estorbando para el crecimiento de la economía”.
La polarización de los actores en el conflicto es más pronunciada un año y medio después, el servicio de energía brindado por la Comisión Federal de Electricidad –en el Distrito Federal, estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla– no muestra mejoría respecto al que proporcionaba Luz y Fuerza, la arbitrariedad en los cobros por el servicio acumula miles de quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor y en las páginas de los diarios, mientras que el director general de CFE, Alfredo Elías Ayub, se retiró en medio de homenajes –incluido el reconocimiento presidencial y del rector José Narro Robles–, en los que se ignoraron hechos de corrupción que florecieron bajo su prolongado ejercicio y algunos de los cuales están documentados en Estados Unidos.
En este lapso, el SME reconquistó su personalidad jurídica y todavía permanecen abiertos los espacios de diálogo y negociación con las autoridades que primero aplicaron el decretazo a deshoras de la noche y con la Policía Federal como principal argumento.
El hecho es que 18 meses después, el del SME y el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa es –junto al de los mineros y metalúrgicos– uno de los dos conflictos laborales más importantes y, sin duda, el que mayor capacidad de movilización y respuesta muestra en las calles y plazas del centro del país, sobre todo en el DF, en formas y ritmos que parecen inagotables.
Esas formas tuvieron novedades preocupantes en Melchor Ocampo y Marina Nacional, donde se ubicaban las oficinas centrales de la LFC, y los propietarios o usuarios de cuatro automóviles fueron despojados de ellos, para enseguida incendiarlos y agredir con piedras a los bomberos cuando intentaron apagar el fuego. Previamente fueron cerrados los carriles centrales del Circuito Interior y más tarde se desató un enfrentamiento entre trabajadores y policías porque éstos les impidieron entrar a las instalaciones del otrora organismo público. Detalles aparte, otros incidentes se reprodujeron en los alrededores de la Secretaría de Gobernación y en el Zócalo. Los saldos son 12 detenidos y dos reporteros golpeados e incluso robados.
Pareciera oportuno el deslinde que hizo Martín Esparza respecto a los hechos violentos y la no participación de afiliados del SME, los que atribuyó a “infiltrados”, pero es del todo insuficiente si nos atenemos, por ejemplo, al testimonio de la reportera Patricia Muñoz Ríos sobre el fotógrafo Marco Peláez. “Más de 30 lo empezaron a rodear y lo golpearon; (…) hasta que tres integrantes del comité les gritaron: ‘¡Ya paren, cabrones, es de La Jornada!’” Sólo eso lo salvó de una agresión peor.
El linchamiento mediático que durante 18 meses sufren los electricistas no justifica ni explica la agresión al colega jornalero, medio que como ninguno da una cobertura informativa al conflicto. Tampoco el despojo sufrido por automovilistas y la agresión a los bomberos y usuarios del metro.
Las autoridades ministeriales están obligadas al esclarecimiento de los lamentables hechos y los electricistas a demostrar su inocencia ante la opinión pública, salvo que la estrategia de los dirigentes sea emprender el camino del aislamiento, ruta directa a la derrota.
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