Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó como “una burla para las víctimas” la decisión de la Corte Suprema de permitir que cinco militares condenados por violaciones a los derechos humanos cumplan sus penas en libertad.
Los militares Angel Custodio y Sergio Arredondo fueron condenados a cinco años de cárcel remitidos; mientras que Francisco Pérez, Leonardo Quilodrán y Daniel Walker recibieron una sentencia de cuatro años bajo el régimen de libertad vigilada.
Todos ellos fueron procesados y condenados por la muerte de nueve opositores a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Según García, esta decisión de la Corte Suprema es una incongruencia por parte del Poder Judicial.
Por su parte el diputado comunista Hugo Gutiérrez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que las sanciones judiciales no tienen relación con la gravedad de los hechos.
La Corte Suprema decidió, asimismo, que tres de los condenados deberán indemnizar con 30 millones de pesos (unos 64.000 dólares) a cada una de las familias de las víctimas.
Ansa
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