La Fiscal Viviane Morales solicitó el miércoles una audiencia preliminar para imputar y pedir la privativa de libertad contra Moreno y Hurtado, implicados en un caso de escuchas ilegales y hostigamiento a magistrados, políticos, defensores de derechos humanos y periodistas, entre 2007 y 2008.
Los cargos por los cuales se les acusará son concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, informó la Fiscalía.
Jaime Granados, abogado de Moreno, pidió garantías para su cliente, al tiempo que aseguró que se presentará a la audiencia, cuya fecha aún no ha sido fijada, y declaró que son "respetuosos de la decisión de la Fiscalía"
"Desde el comienzo Bernardo Moreno ha expresado su disposición de comparecer ante la justicia", dijo el abogado a la prensa, al descartar que el ex secretario de la presidencia pretenda asilarse en otro país.
Moreno es señalado por haberse reunido con funcionarios del DAS para conocer información sobre magistrados que investigaban, entre otros casos, nexos entre políticos y paramilitares. El ex funcionario ya fue sancionado en 2010 por la Procuraduría con 18 años de inhabilidad.
Hurtado, quien dirigió el DAS entre 2007 y 2008, consiguió asilo en Panamá en noviembre del año pasado, cuando la Fiscalía estaba próxima a decidir si le imputaba cargos.
El DAS es un organismo que depende directamente de la presidencia. Dos ex directivos de esa agencia de inteligencia, Fernando Tabares y Jorge Lagos, ya fueron condenados por el caso, aunque negociaron rebajas de penas a cambio de información.
El senador izquierdista Iván Cepeda consideró como "muy significativo que se acuse a personas que tuvieron cargos de tanta responsabilidad".
"La imputación a Moreno muestra la responsabilidad que tuvo el gobierno de Uribe en ordenar esos hechos, que corresponden a un sistema sofisticado de espionaje y persecución a opositores políticos y magistrados", dijo Cepeda a la AFP.
Según las investigaciones, el DAS infiltró a la Corte Suprema, que indaga a más de un centenar de dirigentes políticos por sus vínculos con grupos paramilitares, y habría intentado una campaña de descrédito contra algunos magistrados.
Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, ha defendido a sus ex funcionarios, en particular que puedan pedir asilo, por considerar que en Colombia la justicia no les otorga suficientes garantías.
El ex presidente, a quien algunas víctimas acusan de haber ordenado el espionaje, también es indagado en el caso de las interceptaciones ilegales por una comisión parlamentaria.
Uribe ha negado esos señalamientos y asevera que las evidencias y testimonios en su contra son falsos o fueron manipulados.
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