Según el diario local El Tiempo, la decisión de publicar la orden de captura fue tomada por la Fiscal General de ese país suramericano, Viviane Morales, quien argumentó al medio que ya cuenta con más de 20 testimonios que inculpan de manera directa a Hurtado, quien desde el año pasado está asilada en Panamá.
“La Fiscal tiene a más de 20 víctimas de las interceptaciones ilegales y afirmó que es sólo cuestión de días para que pida al Tribunal de Bogotá (capital) que se programe la audiencia en la que solicitará la captura de los investigados”, reseñó el texto.
Las autoridades afirman que la ausencia de Hurtado en la audiencia de imputación ya se da por hecho, y por ende, posterior a ésta, se espera que la Fiscalía pida la orden de captura internacional. Inclusive, se podría pedir la contumancia (reo ausente).
La imputación contra Hurtado por este caso, que también incluye al ex secretario de Palacio Bernardo Moreno (íntimo amigo de Ávaro Uribe), estaba lista desde el año pasado, por los delitos de concierto para delinquir, interceptación ilegal de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad en documento.
No obstante, la corresponsal de teleSUR en Colombia, Angie Camacho, aseveró que para que las investigaciones fueran profundizadas tardó aproximadamente cuatro meses.
“La fiscal (Morales) tomó la decisión después de examinar un centenar de folios, y encontrar una veintena de pruebas”, indicó Camacho.
Las acusaciones contra Huratdo recibieron el apoyo de al menos una decena de testimonios entra los que se encontraban los también ex funcionarios del DAS Martha Leal, Jorge Alberto Lagos, Fernando Tabares y William Romero.
La abogada María del Pilar Hurtado, dirigió el DAS del 23 de agosto de 2007 al 23 de octubre de 2008, cuando renunció.
Ante las acusaciones, Hurtado ha señalado que es “un chivo expiatorio” y ha afirmado que nunca ordenó el espionaje a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y huyó a Panamá en noviembre del año pasado.
El escándalo por las chuzadas comenzó en febrero de 2007, cuando se conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia) de Colombia, que depende directamente de la Presidencia, hizo seguimientos e interceptó los teléfonos de miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dirigentes opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Desde entonces, la Fiscalía inició una compleja investigación de la que forma parte estas audiencias que lleva a cabo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Varios ex funcionarios del DAS están presos por este caso, pues han aceptado que, bajo lineamientos del Ejecutivo, realizaban ilegalmente persecuciones y rastreos telefónicos contra los opositores de Uribe.
El ex jefe de Estado colombiano está siendo investigado por el caso de las chuzadas desde el año 2005.
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