Ex militares agrupados en un denominado Foro de Libertad y Concordia, enviaron el pasado miércoles una carta al comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, donde expresaron una supuesta política de hostigamiento por el Ejecutivo, jueces y fiscales.
En la misiva señalaron además que llegarán "hasta extremos que no quisiéramos llegar".
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos aseguró que estos militares protestan porque saben que habrá más citaciones y deberán responder por algunas de las "infamias" cometidas, según las fuentes.
El vocero de la institución, Ignacio Errandonea, dijo a medios digitales que estas personas buscan la protección del Gobierno para "mantener su impunidad".
"Pedir que los protejan, pueden pedirlo. Pero no tienen paraguas para meterse abajo. No van a tener ningún tipo de protección. Por lo tanto, tienen que rendir cuentas", manifestó.
Errandonea restó importancia a la amenaza de este grupo de ex uniformados al señalar que "hay delincuentes que se enfrentan a la Policía cuando los van a detener".
El diputado Luis Puig, por su parte, consideró a los firmantes de la epístola "una patota de torturadores que pretenden amenazar a la Justicia" y reclamó a todos los partidos políticos pronunciarse sobre este hecho.
Para febrero próximo está fijada la citación a 17 oficiales por causas referidas a violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), y existe la posibilidad además de notificaciones a otros 150 militares.
Esas indagatorias darán respuesta a una denuncia de fines de 2010 presentada por 12 ex detenidos durante el régimen de facto en la capitalina base de Boiso Lanza, actual sede de la Fuerza Aérea.
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